Por Felipe Yapur
 Prácticamente a contrarreloj la Alianza redobla sus esfuerzos por lograr hoy la sanción de la ley que modifique la situación jurídica de los presos por el copamiento del cuartel de la Tablada. El próximo 12 de octubre el Estado argentino deberá presentarse ante la OEA y necesita contar al menos con la media sanción de la polémica norma. En busca de ese objetivo, la Cancillería mantuvo intensos contactos con integrantes del bloque de diputados justicialistas y también con el oficialismo. Al mismo tiempo, el bloque de senadores radicales recibió ayer una carta del titular de la UCR, Raúl Alfonsín, donde destaca la �conveniencia� de aprobar el proyecto de ley en cuestión. Pero no hubo suerte, anoche el bloque del PJ dejó sin quórum la sesión en el momento justo en que se aprestaban a discutir el proyecto del puntano Alberto Rodríguez Saá.
Altas fuentes de la Cancillería reconocieron a este diario que durante todo el día de ayer mantuvieron contactos con miembros de la mesa de conducción de la bancada del PJ en la Cámara baja. Las conversaciones se realizaron fundamentalmente con el titular del bloque, Humberto Roggero y con el vicepresidente, Miguel Angel Pichetto. Colaboradores del bloque confirmaron estos contactos. Los justicialistas reconocieron como �valiosa� la preocupación de los miembros del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero advirtieron que la posición del bloque no había cambiado: �El PJ baja al recinto pero vota en contra la ley�.
La posición del justicialismo no es una novedad para la Alianza, pero entienden como positiva la determinación de concurrir al recinto al menos a votar. �El bloque bajará pero no acompañará el proyecto, el gasto por conseguir los votos afirmativos lo tendrá que hacer la Alianza�, reconoció a este diario un diputado peronista con predicamento en su bloque. La afirmación del legislador no es gratuita, sabe �y no es novedad� que la Alianza tiene problemas para convencer a los diputados radicales de votar afirmativamente por el proyecto. Esta es la razón que llevó a la Cancillería también a �operar� entre su propia tropa. Es que entre los radicales no hay consenso a la hora de aceptar la poca feliz tarea de �tener que pagar el costo político de aprobar una ley sin apoyo popular�.
Justamente este argumento es el que lleva a no pocos justicialistas a insistir con la inconveniencia de aprobar dicha norma. Sin embargo, mantienen un riguroso silencio cuando les recuerdan la mayoritaria oposición popular que existía cuando el entonces presidente Carlos Menem firmó los indultos a los comandantes de la dictadura militar.
La Alianza necesita no sólo contar con el quórum necesario para sesionar (129 legisladores), también requiere de los votos suficientes para aprobar la norma. De acuerdo a lo que reconocieron fuentes de la bancada oficialista, para la sesión de hoy están en condiciones de sentar a unos 107 de los 118 integrantes. El problema para el oficialismo es poder convencer a la totalidad que vote afirmativamente. Del peronismo sólo cinco de sus legisladores votarán a favor. El inconveniente está entre los representantes de los partidos chicos y provinciales, donde prácticamente la norma no tiene consenso.
Si la Alianza logra aprobar el texto de la ley en general, tendrá que afrontar otro inconveniente y es que el bloque vote sin fisuras artículo por artículo. La conducción de la representación oficial sabe que es difícil pero será una tarea menos engorrosa que la anterior.
Pero no sólo la Cancillería �operó� para lograr el tratamiento de la ley. Ayer, el bloque de senadores radicales recibió una carta de Alfonsín donde consideró �conveniente recomendar la pronta modificación del artículo 15 de la ley 23.077� de protección del orden constitucional y el orden democrático, la norma con la cual juzgaron a los presos de La Tablada.
El texto, dirigido al titular del bloque, Mario Losada, hace referencia al proyecto del diputado aliancista Ramón Torres Molina, que prevé laeliminación del artículo que impide la aplicación de la doble instancia y que para superarlo propone incluir el recurso de revisión.
Alfonsín no anduvo con vueltas y aseguró que es necesario adecuar la ley �al nuevo marco constitucional y legal�, especialmente al Pacto de San José de Costa Rica, incorporado a la Carta Magna y que ayer el gobernador de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, propuso rechazar en el marco de su política de seguridad de �mano dura�.
Anoche los senadores intentaron debatir el proyecto que podría beneficiar a los presos de La Tablada, y que responde a una iniciativa del puntano Rodríguez Saa. Fuentes cercanas al bloque radical reconocieron que iba a intentar discutir la norma al incorporarla sobre tablas, pero para ello necesitaba el voto de los dos tercios del cuerpo. Durante la tarde, el presidente del bloque del PJ, José Luis Gioja, reconoció que la bancada se oponía a considerar la norma, �no es el momento oportuno para debatir la ley�, sostuvo. La advertencia se concretó horas más tarde cuando los legisladores del PJ se levantaron dejando sin quórum la sesión. Mientras tanto, los presos de La Tablada ya cumplieron 30 días de huelga de hambre.
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