Por Adriana Meyer
 Víctor Alderete seguirá preso. Así lo resolverá la Cámara Federal en la causa en la que se lo acusa de haber liderado una asociación ilícita para defraudar a esa obra social. Sus abogados habían apelado la negativa del juez Adolfo Bagnasco de concederle la excarcelación, pero Página/12 pudo saber que los camaristas de la Sala I no piensan liberarlo. Ayer, Horacio Vigliani se habría pronunciado confirmando el procesamiento y la prisión preventiva del ex presidente del PAMI. Como si presintiera que su destino inmediato es permanecer encarcelado, Alderete pidió el arresto domiciliario, pero aún no le fue concedido (ver aparte). Mientras tanto, siguen desfilando por el juzgado los ex funcionarios imputados.
La gubernamental Oficina Anticorrupción (OA) lo acusó en febrero de liderar una asociación ilícita para defraudar al PAMI, desactivando los controles de la obra social en su beneficio y en el de sus amigos y parientes. Los fiscales Guillermo Montenegro y Paulo Starc impulsaron y mantuvieron la acusación original contra el ex funcionario. Bagnasco lo indagó como tal, pero luego no encontró elementos suficientes para procesarlo por ese delito y lo hizo por el de defraudación a la administración pública. Ser procesado como jefe de la banda hubiera implicado su encarcelamiento, pero Bagnasco le impuso la prisión preventiva porque consideró que, en libertad, podría perjudicar el avance de la investigación o eludir la acción de la Justicia dada la �repercusión social� de los hechos que se le imputan.
La Sala I de la Cámara Federal tiene que resolver la apelación contra el procesamiento de Alderete y el pedido de excarcelación, además de una solicitud de nulidad de la falta de mérito por asociación ilícita presentada por la OA, que sostiene que el magistrado no expresó cuáles son los elementos que le faltan. Si bien no trascendió el contenido del voto de Vigliani, el camarista habría resuelto que es nula la falta de mérito que Bagnasco decidió respecto del delito de asociación ilícita y fundamentó con más argumentos la prisión preventiva del ex compañero de golf de Carlos Menem. La jueza Luisa Riva Aramayo emitirá su voto en los próximos días y luego resolverán todos los planteos juntos. Esa decisión implicaría la ratificación de lo actuado por Bagnasco, es decir, la continuidad del ex funcionario en prisión. La Sala I ya dio señales sobre su posición: se pronunció en contra de la liberación de Alderete apenas fue encarcelado, hace casi cuatro meses, y a favor de la prohibición de salir del país que le había ordenado Bagnasco.
Mientras tanto, Bagnasco sigue indagando a los ex gerentes del PAMI y continuará con los prestadores involucrados en las cinco contrataciones cuestionadas, que la OA presentó en la denuncia como casos testigo, aunque esas citaciones aún no tienen fecha. Las audiencias se extenderán hasta el 24 de octubre. Hasta ahora, todos los imputados dicen desconocer, por distintos motivos, el manejo contractual entre el PAMI y las empresas. La mayoría de ellos repitió que las contrataciones las hacía el directorio. �Todo venía de arriba�, fue la frase que más escucharon los investigadores. El 7 de septiembre declaró el hijo de Alderete, Alejandro Tomás, ex director de Acción Cultural y Desarrollo Social del PAMI, a quien le preguntaron por el contrato con la empresa Imara para la realización de actividades recreativas destinadas a los jubilados, pero adujo que se notificó del mismo cuando ya estaba firmado y que no participó de su confección. La defensa del joven ex funcionario, que dijo ser empleado con estudios terciarios incompletos, tuvo un estilo similar al de su padre: mostrarse como víctima de una persecución política.
| Añorando las pantuflas
El ex presidente del PAMI apostó a la posibilidad de poder ponerse las pantuflas en el living de su departamento, mientras la Justicia sigue investigando unas diecisiete acusaciones en su contra. Pero no le será fácil volver al hogar. Los fiscales Guillermo Montenegro y Paulo Starc ya se pronunciaron en contra porque entienden que no están dadas las condiciones que establece la ley para otorgar tal beneficio. El juez Adolfo Bagnasco todavía no resolvió la solicitud porque no tiene los resultados de los análisis médicos. Por su parte, la Oficina Anticorrupción (OA) rechazó la pretensión de Víctor Alderete de que lo autoricen a cumplir arresto domiciliario, al considerar que las afecciones que padece pueden ser controladas por los médicos de cualquier unidad penitenciaria. La OA le envió a Bagnasco un informe de la Secretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia en el que se precisa que �las patologías mencionadas por Alderete pueden ser controladas por los médicos de cualquier unidad�. Bocio, colesterol, problemas lumbares y presión arterial fueron algunos de los padecimientos que argumentó Alderete, en base a un informe firmado por un médico particular que lo asiste, Aldo Ferrante, quien también aparece imputado en la causa. El ex titular del PAMI le había solicitado a la Cámara Federal que lo autorice a cumplir arresto domiciliario debido a que sus padecimientos agravan las condiciones en las que cumple la prisión preventiva en el Escuadrón Buenos Aires de la Gendarmería Nacional. |
SENADORES APROBO ANOCHE LA LEY DE HABEAS DATA
Para proteger los datos personales
La Cámara de Senadores aprobó ayer la ley de Hábeas Data, también llamada Ley de Protección de Datos Personales. La norma es un intento de proteger los datos de toda persona que se encuentren asentados en cualquier registro, incluidos los bancos públicos y privados, para garantizar el derecho a la intimidad. La ley se aprobó con una modificación de la Cámara de Diputados: en ningún caso se podrán afectar �las bases de datos ni las fuentes de información periodística�.
Al cierre de esta edición, ya se habían aprobado los ocho primeros artículos de la ley que reglamenta el artículo 43 de la Constitución nacional. Más de dos tercios del cuerpo apoyaron la iniciativa, que contó con el apoyo de las bancadas justicialista y radical.
Los ciudadanos tendrán a partir de ahora derecho al acceder a la información que haya sobre ellos, a la rectificación de los datos si es que alguna entidad �por ejemplo un banco� la está manejando erróneamente y a la confidencialidad sobre los datos sensibles, que son origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual. Otra de las implicancias fundamentales que tendrá la aplicación de la ley es que toda persona que figure como deudor al momento de la sanción de la norma deberá ser excluida si ya canceló su débito y, en consecuencia, podrá acceder a beneficios crediticios.
La sesión se abrió con la exposición de Jorge Yoma, quien ofició de miembro informante de la comisión que preside: Asuntos Constitucionales. Yoma hizo una síntesis de los principales puntos de la ley y adelantó que su bloque aceptaría la modificación propuesta por diputados respecto de la preservación de las fuentes periodísticas. Pero la discutió: �La modificación está destinada a quedar bien con el sector periodístico, cuando está fuera de discusión porque no son objeto de regulación de esta ley porque no están destinados a dar datos�, dijo y recordó que la reserva de las fuentes periodísticas ya está establecida en la Constitución nacional.
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