Por Diego Schurman
 Fernando de la Rúa ya tiene su propio decreto antihuelgas. Por eso, de ahora en más, el Gobierno puede obligar a un abanico de gremios a prestar hasta el 50 por ciento de sus servicios durante el desarrollo de cualquier paro total o parcial de actividades. Pero como si fuera poco, el Ejecutivo incorporó una cláusula que lo habilita a extender esa obligación a otros sindicatos, generando una zona de conflicto con el derecho de huelga establecido en la Constitución Nacional.
El decreto 843/2000 difundido ayer en el Boletín Oficial reglamenta los denominados �servicios esenciales�, aquellos que de ser interrumpidos pueden poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de las personas y la comunidad. En la lista se incluyen los servicios sanitarios, hospitalarios, telefónicos, la producción y distribución de agua potable y energía eléctrica, y el control del tráfico aéreo.
Sin embargo, el mismo decreto deja en manos del Ministerio de Trabajo la facultad de calificar a otros servicios de esenciales si �la actividad afectada constituyere un servicio público de importancia trascendental o de utilidad pública�. Se trata, al fin, de un argumento tan abarcador como arbitrario, que el Gobierno podría utilizarlo para limitar la huelga en el transporte, un sector estratégico para garantizar el éxito de cualquier medida de fuerza, tal como quedó demostrado en los paros generales de mayo y junio último.
Además de establecer qué actividad es susceptible de ser considerada �servicio esencial�, la cartera laboral tiene la facultad de disponer el porcentaje de las prestaciones, que si bien son definidas como �prestaciones mínimas� pueden alcanzar hasta un 50 por ciento.
Este punto de la norma generó intensas discusiones en la Casa Rosada ya que la Organización Internacional del Trabajo recomienda que la decisión sobre los porcentajes de las prestaciones recaiga en un tercero para garantizar la neutralidad.
Algunos funcionarios buscaron respetar a rajatabla las consideraciones de la OIT. Sin embargo, ante la falta de acuerdo, se decidió que el Ministerio de Trabajo conservara la última palabra.
�Nosotros creemos que es una norma progresista, y que en términos generales está en línea con lo que preceptúa la Organización Internacional de Trabajo�, señaló a Página/12 el subsecretario de Relaciones Laborales, Enrique Espínola Vera
�¿Pero no considera excesivo obligar a un sector a cumplir con el 50 por ciento de las prestaciones durante una huelga?
�No. No creo que sea excesivo. Hay que atender a todas las circunstancias y nosotros debemos garantizar las prestaciones.
El decreto, que lleva la firma del presidente Fernando De la Rúa, el jefe de Gabinete, Rodolfo Terragno, y los ministros de Trabajo, Alberto Flamarique, y Justicia, Ricardo Gil Lavedra, presenta, de todos modos, algunas diferencias con su antecesor, que Carlos Menem utilizó para aplacar las protestas sociales durante los últimos diez años.
La más sustancial es la eliminación de la figura del �arbitraje obligatorio� que ejercía el Ejecutivo durante un conflicto entre los sindicatos y las empresas del mismo sector. El flamante decreto deja ahora al Gobierno en un papel prescindente para que los conflictos que generan las huelgas los diriman únicamente las partes afectadas.
| Daer rumbo a Panamá
El titular de la CGT oficial, Rodolfo Daer, viajará hoy a Panamá para participar en la Cumbre Sindical Iberoamericana del diálogo social, convocada por el director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Juan Somavía. Se trata de la primera reunión en América entre empresarios y sindicalistas, bajo el slogan �Combatimos la Pobreza con Empleo Decente y el Respeto a las Normas Laborales Fundamentales�.
El encuentro, que será inaugurado el viernes por la presidente de Panamá, Mireya Moscoso, disertarán previamente Luis Anderson, secretario general de la CIOSL-ORIT y Somavía.
Posteriormente, entre el 8 y el 10 se realizará la Reunión Anual de la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT) de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL). Daer viajará acompañado por los asesores letrados Lucio Garzón Maceda y Carlos Alberto Tomasone, y los sindicalistas Domingo Petrecca, Juan Miguel García y Reynaldo Hermoso. |
RODRIGUEZ SAA CONTRA DE ALVAREZ
�Que muestre sus bienes�
�Primero digo que abra su declaración jurada de bienes. Alberto Rodríguez Saá es uno de los dos senadores que no quisieron abrirla, que no quiere decir a la gente cuánto tiene y cómo lo consiguió�, le replicó ayer el vicepresidente Carlos �Chacho� Alvarez al senador. Rodríguez Saá había �sugerido� que Alvarez se tome una licencia o sea separado de la Cámara alta por su negativa a presidir las sesiones del cuerpo a raíz del escándalo por los supuestos sobornos pagados a senadores. El vicepresidente recordó que existe una denuncia contra el puntano por supuesto enriquecimiento ilícito presentada por el diputado (Alianza, San Luis) Juan Laborada Ibarra ante el juez Carlos Liporaci. En la demanda se lo acusa de tener un patrimonio cercano a los 22 millones de dólares. Alvarez dejó en claro sus propias sospechas: �Desde el 80 y pico hasta ahora supuestamente sólo trabajó en la función pública�. �Oh, casualidad, esa declaración no está en la prensa, no se conoce�, añadió. También apuntó contra el hermano del senador, el gobernador de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá: �Como pierde políticamente las elecciones de la capital provincial ahora quiere dividirla�, dijo.
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