LA CASA ROSADA ORDENO NO INVESTIGAR UN FRAUDE DE MIL MILLONES
Historias de hermanos

 Un funcionario que entra al despacho presidencial sin golpear ni anunciarse ordenó paralizar la investigación del Comité Federal de Radiodifusión sobre el otorgamiento, durante la larga década menemista, de exenciones al gravamen que la Ley de Radiodifusión 22.285 creó para las estaciones de radio y televisión. Dispuestos por ley, como todos los impuestos, esos gravámenes sólo podrían haber sido perdonados por otro instrumento del Congreso, nunca por resolución de un órgano administrativo dependiente del Poder Ejecutivo. Antes que se les prohibiera seguir investigando, las nuevas autoridades del COMFER habían llegado a una estimación preliminar del perjuicio fiscal: unos mil millones de dólares, sin contar intereses. De ellos, 400 millones fueron otorgados en los últimos dos años y medio del gobierno de Carlos Menem y Carlos Rückauf, cuando presidió el COMFER José Carmelo Aiello. Su hermano Leonardo es el poderoso secretario privado del presidente Fernando De la Rúa, cuyo predicamento ha crecido con la última crisis, desde que el jefe de Estado se recostó en su círculo de amigos de mayor confianza. Las actuales autoridades del COMFER suspendieron el otorgamiento de nuevos beneficios y ordenaron una auditoría de los concedidos hasta el 10 de diciembre de 1999. De haber proseguido la investigación, los funcionarios comprometidos hubieran podido ser juzgados por incumplimiento de sus deberes y defraudación a la administración pública y también responsabilizados con su patrimonio por el perjuicio producido. En cambio no hubiera habido actuaciones contra los medios que gozaron de los beneficios, dada la presunción de legitimidad de los actos administrativos, salvo que en algún caso pudiera probarse que los obtuvieron mediante dádivas o cohecho. Entre los beneficiarios están todas las grandes empresas de radio y televisión, incluyendo los cinco canales nacionales de aire y los mayores cables.

Frontera y fomento

La denominada ley 22.285 dictada por la dictadura militar creó un gravamen de hasta el 9 por ciento que deben pagar todas las radios y televisoras que explotan ondas licenciadas por el Estado. También estableció las únicas exenciones que el órgano de aplicación podía conceder: a las emisoras ubicadas en zonas de frontera o fomento y a los nuevos licenciatarios de frecuencias y señales no utilizadas antes. El decreto reglamentario 286, de 1981, definió qué debía entenderse por zona de frontera y por zona de fomento. La zona de frontera es lo que su nombre sugiere: aquel espacio adyacente al límite internacional de la República. La zona de fomento es aquella de bajo nivel de desarrollo económico o escasa ocupación territorial, donde resulte conveniente estimular la emisión local de señales de radiodifusión en defensa del interés nacional. El mismo decreto dispuso que sólo podría concederse ese beneficio en una zona de fomento si fuera �imprescindible�, lo cual restringió el margen de discrecionalidad del COMFER. Otro decreto, el 887, determinó en 1994 que para conceder la exención por zona de frontera el COMFER sólo debía verificar que la emisora solicitante tuviera su estación en una de esas zonas. 

El incendio

Pero el 18 de setiembre de 1992, un incendio dañó las instalaciones del canal 11 de televisión de la Capital, que dos años antes había sido entregado a la sociedad Televisión Federal, en la que tenían participación destacada el amigo presidencial Constancio Vigil y el abogado del presidente y de Alfredo Yabrán, Carlos Fontán Balestra. Pese a que el seguro había pagado por el siniestro un valor superior a lo perdido, Telefé solicitó la exención del gravamen. En 1993 la dirección de asuntos jurídicos del COMFER y la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia dictaminaron en favor del otorgamiento del beneficio y el COMFER lo concedió. Su interventor era León Guinsburg, uno de los centenares de funcionarios de confianza que Menem extrajo de la inagotable cantera riojana de talentos incondicionales. Sus fundamentos fueron notables: a través del satélite, Telefé llegaba a gran parte del territorio nacional, incluyendo zonas de fomento y de frontera, a causa del incendio había hecho un esfuerzo económico y el COMFER poseía amplio margen para la interpretación, decían.

La primera aceituna

Vigil y Fontán Balestra sacaron la primera aceituna del tarro. Sentado el precedente de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo para legislar en materia impositiva, siguieron nuevas concesiones ilegales, concedidas por los tres sucesivos interventores del COMFER: el hipermenemista Guinsburg, la colaboradora de Roberto Dromi, Ana Lucía Tezón, y José Carmelo Aiello. El 14 de mayo de 1993 Guinsburg firmó la Resolución 393. Con ese plumazo declaró zona de fomento �a todo el territorio de la Nación, con excepción de las ciudades que superen los 200.000 habitantes�, en la cual los licenciatarios �podrán solicitar las exenciones� al gravamen. Los considerandos afirmaban que las radiodifusoras eran un �factor dinámico de crecimiento en el marco de la revolución productiva del gobierno nacional� (sic) y que debían reequiparse debido a �los vertiginosos cambios� tecnológicos. En 1996, el mismo Guinsburg firmó la Resolución 1090, que sólo excluyó a la Capital Federal de la declaración de zona de fomento. Invocó para ello �la crítica situación por la que atraviesan los titulares de licencias de servicios de radiodifusión sonora� debida a la caída de su facturación publicitaria. La resolución estableció que los gravámenes perdonados debían aplicarse al �equipamiento técnico y la reconversión operativa�. Sobre esa base normativa irregular, el COMFER se dedicó a emitir exenciones a granel, más de 400 al momento del cambio de gobierno. Pese a que los considerandos aludían a las dificultades económicas, los beneficios se otorgaron incluso a emisoras que presentaron balances prósperos, como el Canal 9, cuando era propiedad de Alejandro Romay. En 1995, al mismo tiempo que solicitaba la exención, declaró una ganancia neta de 9,1 millones en el ejercicio cerrado al 31 de marzo de 1994 y de 14,5 millones al 31 de marzo de 1995. El COMFER le otorgó una exención del 50 por ciento hasta 1997. Los considerandos de Guinsburg aducen que Romay estaba construyendo nuevos estudios de producción y transmisión que mejorarían la aptitud de �la televisión argentina� para competir con �la innumerable penetración de señales en el territorio nacional�. Romay alegó que lo concedido no era suficiente y obtuvo mejor porcentaje y mayor plazo: 75 por ciento, hasta el 31 mayo de 2000, otorgados por la nueva interventora Tezón el 10 de octubre de 1996. Ambas resoluciones consagran en forma explícita el endoso del riesgo empresarial del licenciatario al Estado, que asume la obligación de financiar las inversiones necesarias para el cumplimiento de los compromisos de la licencia.

Privilegios

Con una exención del 75 por ciento concedida por la interventora Tezón, Video Cable Comunicación (VCC) financió la instalación de redes de fibra óptica, que la resolución no se priva de calificar como �hecho inédito en la radiodifusión argentina� que �significará un hito en la historia de las telecomunicaciones en el país�, con el acceso a �más y mejores servicios, información y cultura�. Además VCC se comprometió a suscribir un convenio con el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica para otorgar becas de capacitación y perfeccionamiento a sus alumnos. A Multicanal, José CarmeloAoAiello le concedió exenciones del 40 por ciento del gravamen al 30 de agosto de 1998, del 45 por ciento a la misma fecha de 2000 y del 50 por ciento al 30 de agosto de 2001, para financiar su �proyecto de inversión y recuperación operativa�.
El dictamen del COMFER sostiene que no debía haberse eximido del pago invocando �causales que no se encuentran taxativamente previstas en la ley, en razón de que todos los contribuyentes comprendidos en una misma categoría deben recibir idéntico tratamiento�, ya que de lo contrario se afecta el �principio de generalidad de los tributos�, por el cual �no se debe excluir en forma particularizada a quienes detenten capacidad contributiva�. Al actuar de ese modo el COMFER estableció �privilegios individuales�, en �claro menoscabo al principio de igualdad ante la ley� del artículo 16 de la Constitución. El amplio margen interpretativo que utilizó el COMFER para otorgar exenciones para proyectos de inversión y recuperación operativa vulneró también el principio de legalidad. Además, las obligaciones surgidas de las leyes de contenido tributario �no pueden ser derogadas por acuerdo de particulares ni entre éstos y la Administración�. El artículo 99 de la Constitución �prohíbe al Poder Ejecutivo, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo, salvo razones de necesidad y urgencia�, pero en ese caso le está �expresamente vedada la materia tributaria�, que es �competencia del Poder Legislativo�. Con una cita de Bartolomé Mitre, el COMFER sostiene que �la letra escrita fija el texto sacramental de la ley, formulando una regla, una voluntad, un principio estable, para que en todo tiempo se lea tal como fue escrito y permanece inalterable y firme mientras no se escriba lo contrario; pues las leyes se leen y no se interpretan cuando no es necesaria la interpretación y, sobre todo, cuando por la vía interpretativa se pretende hacer lo contrario de lo que ella dispone�. Una nota firmada en 1998 por la Unidad de Auditoría Interna del COMFER ya había afirmado que no es admisible disponer exenciones por analogía y que �toda exención representa un ahuecamiento de la base tributaria, que atenta contra el orden recaudatorio� y afecta sus principios de eficiencia y neutralidad.
Ante �la falta de legitimidad de estos actos administrativos� la auditoría legal recomendó emprender respecto de los ex interventores �cursos de acción que no impliquen costo económico alguno para el Estado�: una denuncia penal por incumplimiento de los deberes funcionales y defraudación al Estado y otra de responsabilidad administrativa patrimonial por el perjuicio fiscal, de acuerdo con los artículos 130 y 131 de la ley 24.156 y el 1112 del Código Civil. 

La orden

Cuando la investigación estuvo avanzada, el interventor del COMFER, Gustavo López, se reunió con el ex secretario general de la presidencia, Jorge De la Rúa, quien luego de revisar la documentación y los fundamentos jurídicos autorizó a iniciar las acciones contra los funcionarios involucrados. En ese momento llegó la orden de la Casa Rosada y el expediente dejó de existir. Días después, el Hermano Jorge dejó su despacho próximo al presidencial, rumbo al ministerio de Justicia, del que depende la Fiscalía de Control Administrativo de la Corrupción. El desempeño del nuevo ministro en el caso del COMFER no es dudoso; el compromiso del gobierno de su hermano con la erradicación de tales prácticas, sí. La bandera de esa lucha no flamea con el mismo despliegue que en los buenos viejos tiempos de la campaña electoral.

LAS MANIAS Y EL ESTILO DE LEONARDO ROSARIO LUIS AIELLO
Chinchudo, gritón, eficiente

Por Romina Calderaro

Dicen que es malhumorado, peleador y exigente. La frase �no sirven para una mierda� con la que suele descargarse cada vez que tiene que resolver problemas que a otros los superan, ya es un clásico en los pasillos de la Casa Rosada. También dicen que es absolutamente leal a Fernando de la Rúa, ejecutivo y el más eficiente de los funcionarios de la Casa Rosada. Se llama Leonardo Rosario Luis Aiello y es secretario privado para �Asuntos especiales� del presidente de la Nación.
Aiello es conocido por su mal carácter y su odio al secretario de Cultura, Darío Lopérfido. En febrero de este año, por ejemplo, increpó a Orlando Marcassiano, un empleado de carrera de la Casa Rosada, por ocuparle una oficina en nombre de Alejandro Capato, segundo de Lopérfido en Cultura. Hubo insultos y algunos comedidos se tuvieron que meter a detener lo que amagaba terminar a las piñas.
Pero los mismos que admiten su costado belicoso reconocen que es el más eficiente de los habitantes de la Casa de Gobierno, el más leal al Presidente y el más intuitivo de su reducido entorno. Trabaja catorce horas por día. Es el que le lleva los cigarrillos a De la Rúa, el que atiende los teléfonos, el que le sostiene la campera en los actos. Pero es también resuelve temas políticos. Fue clave, por ejemplo, su participación en la negociación en la que los camioneros levantaron el paro. Y antes había logrado solucionar un conflicto con los recolectores de basura. 
Es un funcionario que ha elegido el perfil bajo. También suele bromear con las inclinaciones sexuales, reales o presuntas, de un grupo de funcionarios a los que está enfrentado.
En la Casa Rosada circulan varias anécdotas sobre las reacciones intempestivas de Aiello y la forma en que, en más de una oportunidad, hizo llorar a secretarias que no comprendieron su particular estilo. Quienes compartieron con Aiello la rutina de las campañas políticas hablan de él, sin embargo, con un dejo de admiración. Le reconocen una increíble capacidad de trabajo y una velocidad para buscar soluciones poco frecuente entre los miembros del gabinete y aún en el propio presidente.
En la campaña para las elecciones presidenciales, por ejemplo, terminó haciéndose cargo del megáfono del móvil que transportaba a Chacho Alvarez y De la Rúa porque le pareció que la locutora que cumplía esa tarea no le estaba poniendo �garra� a su trabajo. Los gobernadores e intendentes de la oposición conocen este rasgo de la personalidad de Aiello y no dudan en llamar directamente a su teléfono cada vez que necesitan una respuesta rápida a un problema concreto.
Y lo más curioso es que el hombre no necesita el dinero que recibe por su trabajo. Es que Aiello, cuando conoció a De la Rúa, ya tenía un muy buen pasar económico. Dueño de una fábrica de parches de neumáticos y propietario de un Mercedes Benz, el pequeño empresario empezó a frecuentar al entonces senador los fines de semana en Villa Rosa, donde tiene una quinta vecina a la del presidente.

PRINCIPAL