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Los servicios de Juárez se meten en las casas de los periodistas
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“Estamos viviendo en un régimen fascista”, dijo a este
diario un asesor del Obispado santiagueño. Ayer, la provincia entró
en una nueva crisis cuando el diario El Liberal denunció que la poderosa
Subsecretaría de Informaciones del gobernador Carlos Juárez
–comandada a su vez por un ex represor durante la dictadura militar–
se ocupó de levantar planos detallados del interior de los domicilios
de periodistas de ese medio. Según las denuncias de distintos sectores,
en la provincia se habría montado una suerte de Estado policial que
incluye seguimientos, amenazas y “pinchaduras telefónicas”
a políticos, gremialistas, periodistas y sacerdotes.“Fuentes que habitualmente consultamos nos dijeron que en el escritorio del comisario Antonio Musa Azar –subsecretario de Informaciones de la policía santiagueña– había un plano del departamento donde viven dos de nuestros periodistas”, dijo a este diario Fernando Cuadros, prosecretario de redacción del prestigioso diario El Liberal, que desde hace más de cien años se publica en la ciudad de Santiago del Estero. Para corroborar la información, “les pedimos detalles: nuestras fuentes nos pidieron papel y lápiz y dibujaron con exactitud las características y distribución de los ambientes y patios del lugar”. Hace varios meses, ese medio dedicó la primera entrega de su suplemento El Liberal Investiga a los servicios de informaciones de la gobernación: “Mostramos cómo la policía, y en especial la Subsecretaría de Informaciones, ‘pinchaba’ las líneas de teléfonos de políticos, no sólo opositores sino incluso oficialistas; ya estaban ilegalmente intervenidos teléfonos de periodistas, y también el del entonces obispo, Gerardo Sueldo, quien meses después murió en un accidente de auto”, recordó Cuadros. La investigación también denunciaba espionaje e infiltración de informantes en el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase). Entonces, “el gobierno de la provincia ‘levantó’ de nuestro diario toda publicidad oficial. Poco después estalló el escándalo por la prohibición de El cartero, al que dimos amplia difusión”. Esa obra teatral de Antonio Skármeta, interpretada por Darío Grandinetti, fue prohibida en junio pasado por la gobernación santiagueña a causa una escena de desnudo, y recién pudo ponerse en escena en agosto. Desde entonces, “se agudizaron los hostigamientos” del Ejecutivo provincial. “Como sospechábamos que éramos espiados, instalamos un sistema de detección de ‘pinchaduras’ telefónicas y, efectivamente, constatamos que las líneas de El Liberal estaban intervenidas: hicimos la denuncia, pero fue desestimada por la Justicia provincial y hasta hoy los teléfonos están pinchados, nuestros aparatos siguen detectándolo”, narró el prosecretario de redacción. Y agregó: “Algunos de nuestros periodistas fueron objeto de amenazas anónimas y seguimientos por personas que, presumimos, son de dependencias policiales”. El comisario Musa Azar, quien conduce la Subsecretaría de Informaciones, está incluido en la lista del Nunca más, el informe de la Conadep sobre la última dictadura militar, donde se lo acusa por el secuestro y muerte de dos políticos santiagueños. La Liga Argentina por los Derechos del Hombre lo denunció por 23 desapariciones y, ya en democracia, sufrió tres denuncias por abuso en la función policial. No sólo sería él, ya que, según la investigación de El Liberal, “la gente que hace inteligencia en la provincia es la misma que durante el Proceso”. Según ratificó para Página/12 Juan Carlos Storniolo, asesor en Derechos Humanos del Obispado santiagueño, “la Subsecretaría de Informaciones ejerce el espionaje en Santiago del Estero, y en el Obispado lo corroboramos por las denuncias que recibimos: hay seguimientos a gremialistas, a profesionales, a sacerdotes y religiosas. Es más: se han acercado funcionarios de este mismo gobierno para decirnos que ellos también son víctimas de este espionaje. Estamos en contra del sistema instituido en esta provincia porque estamos viviendo en un régimen fascista”. La policía santiagueña también es cuestionada por las “Madres del Dolor”, que marchan periódicamente para reclamar por sus hijos, asesinados por la policía santiagueña. Se trata de 162 mujeres que piden por otras tantas víctimas.
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