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Por
Raúl Dellatorre
La crisis política desatada por la renuncia del vicepresidente
de la Nación también movió el tablero de las negociaciones
entre el Palacio de Hacienda y el Congreso por los proyectos sobre temas
económicos que deberían votarse de aquí a fin de
año. Las provincias justicialistas han vuelto a presionar sobre
el proyecto de Presupuesto Nacional para el 2001, buscando cambios que
le eviten cargar sobre sus espaldas el peso del ajuste. El presidente
de la Nación hizo un guiño favorable a la negociación,
y le encargó al diputado Raúl Baglini, titular de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda, capitanear esa instancia. Pero dadas las restricciones
fiscales, la tarea será ímproba. En tanto, el bloque justicialista
de diputados movilizó a todos sus asesores económicos para
elaborar las propuestas que llevarán a la mesa y que negociarán,
según anticipan, una por una y no como un proyecto alternativo.
Las restricciones fiscales no les dejan mucho para repartir a las autoridades
nacionales, pero la nueva situación política obligará
a revisar algunos criterios fijados en el proyecto de presupuesto original.
Una de las claves para alcanzar la reducción del déficit
prevista para el año próximo era la reducción de
partidas a distribuir de los fondos del Fonavi y una nueva ley de coparticipación
de impuestos.
Con respecto al primero, la carta de negociación del gobierno nacional
era el Plan de Infraestructura, que el ex ministro del área, Nicolás
Gallo, venía conversando con los gobiernos provinciales para distribuir
las obras en los diferentes distritos. La caída de Gallo obliga
a un replanteo de los acuerdos previos. Con respecto a la coparticipación,
está fresco el recuerdo del compromiso asumido por José
Luis Machinea en diciembre pasado estableciendo, a cambio de la aprobación
del Presupuesto 2000, un piso de recaudación a distribuir, que
no pudo cumplir por la débil performance de los ingresos fiscales
en lo que va del año.
Los gobernadores justicialistas han decidido apostar al bloque propio
de la Cámara baja la responsabilidad operativa de la negociación,
mientras mantienen un canal abierto con el presidente de la Nación
para limar los aspectos políticos. Dado el descrédito del
Senado, han decidido obviar esa instancia, aunque algunos de los proyectos
deberán tratarse en primer lugar en ese cuerpo.
A esta altura, en el ámbito parlamentario –tanto en las oficinas
del oficialismo como de la oposición– se considera improbable
que el gobierno nacional pueda avanzar en el recorte a la mitad del subsidio
a los combustibles patagónicos. Su implementación ya se
presentaba complicada por la reacción que generó en la población
del sur, pero ahora se ha tornado políticamente más inviable
tras la deserción de Carlos Alvarez y el incremento del disgusto
popular hacia las políticas de ajuste a partir de esa determinación.
Pero el Gobierno deberá compensar esas pérdidas de recursos
con otros recortes, o la obtención de ingresos por otras vías.
Desde el justicialismo, desempolvarán el proyecto de gravar las
rentas petroleras o a las refinadoras de combustibles, para atacar a uno
de los sectores beneficiarios de las transferencias de ingresos en los
últimos años. La propuesta difícilmente encuentre
consenso en el oficialismo, lo que la destinaría a vía muerta.
Ayer, el viceministro de Economía y secretario de Hacienda, Mario
Vicens, mantuvo una reunión con los legisladores aliancistas de
la Comisión de Presupuesto y Hacienda, encabezados por Baglini,
para delinear la estrategia de negociación. Concretamente, qué
es lo que se podrá y lo que no se podrá ceder para que no
se caiga el cuerpo del Presupuesto. Pero lo que se trace en teoría
chocará con la realidad del ajuste imprescindible para seguir cumpliendo
con la lógica del modelo.
Otros dos proyectos de interés para Economía esperan su
turno para llegar al recinto: el Plan de Infraestructura y la Ley de Hidrocarburos.
El primero debía ser tratado en Diputados el jueves último,
pero el cambiode gabinete de ese día lo postergó. Tampoco
será debatido este jueves, día reservado para la discusión
sobre la aceptación de la renuncia del vicepresidente de la Nación,
según se estimaba ayer. Pero tampoco hay garantías de que
se trate la semana próxima, si previamente no existe un nuevo acuerdo
entre las provincias y el Ministerio de Economía, que acaba de
asumir la paternidad del plan. La Ley de Hidrocarburos, en tanto, quedó
congelada en el Senado tras las denuncias de la legisladora Silvia Sapag
contra su par Emilio Cantarero. El camino no podía resultar más
sinuoso y embarrado.
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