Por
Alejandra Dandan El
peligro fue detenido. Los dueños de una escuela privada que corría
riesgo de cerrar ya no podrán hacerlo, al menos hasta que termine el
ciclo lectivo. Así lo obliga en un fallo inédito la Cámara Nacional de
Primera Instancia en lo Civil, que al considerar las "secuelas"
que podría provocar el traslado de los chicos a otra escuela, privilegia
sus derechos sobre los males económicos de la empresa. Y se basa además
en la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Esta situación
hasta ahora no estaba amparada legalmente por la Dirección Nacional de
Educación Privada, encargada de regular esa actividad. Ahora, el triunfo
logrado por un grupo de padres del Instituto Acuario, de Congreso,
consigue sentar un precedente que puede detener los cierres
indiscriminados que afectaron en los últimos años a cientos de
estudiantes de colegios privados.
"No tenía ganas de que cierre Acuario, no me gusta eso",
dice uno de los chicos de quinto grado que no deja de debatir el tema en
cada uno de los recreos del cole. Una de sus compañeras está por ahí
cerca. Hace unos días se enteraron del notición: "Tenía miedo de
que se cierre --dice ella--, me da mucha lástima porque nos vamos a
separar de los amigos". En tanto, en la escuela aún está todo
tranquilo: aunque arreciaron las versiones de un probable cierre del
primario, en teoría la inscripción está abierta. "Nos preguntan qué
vamos a hacer el año que viene", dice otra de las chicas.
Lo cierto es que los padres no se fían de las propuestas que han
aparecido estos días en torno de la continuidad de la escuela. Por eso
presentaron el recurso de amparo. La Justicia coincidió en "las
graves consecuencias que podría provocar a los educandos si a esta altura
del año escolar se produjese el cierre del establecimiento".
Hasta agosto de este año, en Acuario funcionaban un secundario,
una primaria y el jardín de infantes. Todo, en la gran casona que tiene
la escuela en Hipólito Yrigoyen 2207. Fue hasta agosto, porque un día de
ese mes, el 24, los chicos llegaron y, de pronto, vieron el secundario
cerrado. "Llegué, estacioné, fui a bajar a mis chicos, y vi que
estaban los pibes en la puerta, ahí me enteré de que se había vendido
el secundario", dice Patricia, una mamá de quinto. Como ella, otra
de las mamás también quedó espantada: "Los dueños dijeron que
fusionaban a los chicos con otra escuela del barrio, porque no tenían
dinero para seguir adelante con el proyecto". En aquel momento no
funcionaron ni las sentadas ni las protestas: la medida estaba liquidada
legalmente y no había reclamos válidos para volverla atrás.
A partir de allí se desató la compleja situación que aún no
concluye: la amenaza del cierre se desplazó hacia primario y jardín.
"Nos dijeron que en la mesa donde se negoció el pase de los del
secundario al otro colegio, también se habló del primario", sigue
Vilar, mientras advierte que lo único que lo impidió fue el problema de
cupos de la escuela Federico Froebel, receptora de los obligados al
exilio.
"Era terrible --dice ahora Carmen Radonic, otra de las mamás
de quinto--: cada mañana sentíamos el peligro de tener la espada de
Damocles arriba de la cabeza." Carmen se refiere, obviamente, al
cierre. "Es de terror --habla ahora Patricia, otra de las madres--.
Es lo mismo que el miedo que puede tener una persona, de sólo pensar que
llega a la fábrica donde trabaja y de pronto se encuentra un cartelito de
cerrado."
El fantasma de escuela liquidada puso a trabajar a los padres. Se
barajaron distintas alternativas. Hubo conversaciones con Daniel Alberto Vásquez,
considerado el dueño mayoritario de las acciones de la escuela, y con
Graciela Piantanida, directora de turno. Las explicaciones fueron las
mismas que ahora dejan ver que, aunque Acuario siga abierta hasta fin de año,
no pueda reabrirse el próximo: "Aseguran que tienen una deuda de
padres morosos por 106 mil pesos, atrasos en los pagos y una situación
financiera caótica".
Nadie dudó de la crisis aunque sí de la voluntad de resolverla.
Los padres supieron que la Digep no está facultada para arbitrar en estos
temas. "En general sólo puede hacer que paguen una multa, pero como
son emprendimientos privados no los regulan y eso, a nosotros no nos servía",
aseguran mientras se acuerdan de otros casos de cierre donde la multa no
conflictuó demasiado a sus dueños.
Ahora este fallo judicial puede revertir esa historia. El pedido de
amparo de los padres exigió, entre otros puntos, que la escuela "se
abstenga de producir por sí, o como representantes legales o apoderados,
cualquier acto que implique cierre, alteración o cambio del espacio físico".
A eso se refiere el "no innovar" dictado por los
camaristas Carlos Bellucci, Roberto Greco y Leopoldo Montes de Oca cuando
aprobaron la mayor parte de los reclamos exigidos, fundamentándolos en la
Constitución: "Al hallarse involucrada directamente la continuidad
de la enseñanza de un conjunto de menores --dicen los fundamentos--, se
impone la aplicación de la directiva que sienta el artículo 3 de la
Convención sobre los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución
nacional, que obliga a los Estados a considerar primordialmente el interés
superior de aquéllos, máxima hermenéutica que no puede ser soslayada
por cuestiones meramente formales". Es más: los camaristas dieron
intervención a un defensor de menores. Con esta situación convive un dato extra: los dos edificios de la escuela ya fueron vendidos. Hay un boleto de compraventa que vence el 20 de diciembre. "En este momento estamos tratando de que el dueño se comprometa a venderla con un contrato de alquiler preexistente", explica Piantanida. Con esa condición, los nuevos dueños deberían aceptar que en uno de los dos edificios siga funcionando la escuela. Para eso necesitan además del acuerdo del dueño, cien chicos del primario y sesenta del jardín que decidan continuar en Acuario.
|