Por
Alejandra Dandan
El
peligro fue detenido. Los dueños de una escuela privada que corría
riesgo de cerrar ya no podrán hacerlo, al menos hasta que termine el
ciclo lectivo. Así lo obliga en un fallo inédito la Cámara Nacional de
Primera Instancia en lo Civil, que al considerar las "secuelas"
que podría provocar el traslado de los chicos a otra escuela, privilegia
sus derechos sobre los males económicos de la empresa. Y se basa además
en la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Esta situación
hasta ahora no estaba amparada legalmente por la Dirección Nacional de
Educación Privada, encargada de regular esa actividad. Ahora, el triunfo
logrado por un grupo de padres del Instituto Acuario, de Congreso,
consigue sentar un precedente que puede detener los cierres
indiscriminados que afectaron en los últimos años a cientos de
estudiantes de colegios privados.
"No tenía ganas de que cierre Acuario, no me gusta eso",
dice uno de los chicos de quinto grado que no deja de debatir el tema en
cada uno de los recreos del cole. Una de sus compañeras está por ahí
cerca. Hace unos días se enteraron del notición: "Tenía miedo de
que se cierre --dice ella--, me da mucha lástima porque nos vamos a
separar de los amigos". En tanto, en la escuela aún está todo
tranquilo: aunque arreciaron las versiones de un probable cierre del
primario, en teoría la inscripción está abierta. "Nos preguntan qué
vamos a hacer el año que viene", dice otra de las chicas.
Lo cierto es que los padres no se fían de las propuestas que han
aparecido estos días en torno de la continuidad de la escuela. Por eso
presentaron el recurso de amparo. La Justicia coincidió en "las
graves consecuencias que podría provocar a los educandos si a esta altura
del año escolar se produjese el cierre del establecimiento".
Hasta agosto de este año, en Acuario funcionaban un secundario,
una primaria y el jardín de infantes. Todo, en la gran casona que tiene
la escuela en Hipólito Yrigoyen 2207. Fue hasta agosto, porque un día de
ese mes, el 24, los chicos llegaron y, de pronto, vieron el secundario
cerrado. "Llegué, estacioné, fui a bajar a mis chicos, y vi que
estaban los pibes en la puerta, ahí me enteré de que se había vendido
el secundario", dice Patricia, una mamá de quinto. Como ella, otra
de las mamás también quedó espantada: "Los dueños dijeron que
fusionaban a los chicos con otra escuela del barrio, porque no tenían
dinero para seguir adelante con el proyecto". En aquel momento no
funcionaron ni las sentadas ni las protestas: la medida estaba liquidada
legalmente y no había reclamos válidos para volverla atrás.
A partir de allí se desató la compleja situación que aún no
concluye: la amenaza del cierre se desplazó hacia primario y jardín.
"Nos dijeron que en la mesa donde se negoció el pase de los del
secundario al otro colegio, también se habló del primario", sigue
Vilar, mientras advierte que lo único que lo impidió fue el problema de
cupos de la escuela Federico Froebel, receptora de los obligados al
exilio.
"Era terrible --dice ahora Carmen Radonic, otra de las mamás
de quinto--: cada mañana sentíamos el peligro de tener la espada de
Damocles arriba de la cabeza." Carmen se refiere, obviamente, al
cierre. "Es de terror --habla ahora Patricia, otra de las madres--.
Es lo mismo que el miedo que puede tener una persona, de sólo pensar que
llega a la fábrica donde trabaja y de pronto se encuentra un cartelito de
cerrado."
El fantasma de escuela liquidada puso a trabajar a los padres. Se
barajaron distintas alternativas. Hubo conversaciones con Daniel Alberto Vásquez,
considerado el dueño mayoritario de las acciones de la escuela, y con
Graciela Piantanida, directora de turno. Las explicaciones fueron las
mismas que ahora dejan ver que, aunque Acuario siga abierta hasta fin de año,
no pueda reabrirse el próximo: "Aseguran que tienen una deuda de
padres morosos por 106 mil pesos, atrasos en los pagos y una situación
financiera caótica".
Nadie dudó de la crisis aunque sí de la voluntad de resolverla.
Los padres supieron que la Digep no está facultada para arbitrar en estos
temas. "En general sólo puede hacer que paguen una multa, pero como
son emprendimientos privados no los regulan y eso, a nosotros no nos servía",
aseguran mientras se acuerdan de otros casos de cierre donde la multa no
conflictuó demasiado a sus dueños.
Ahora este fallo judicial puede revertir esa historia. El pedido de
amparo de los padres exigió, entre otros puntos, que la escuela "se
abstenga de producir por sí, o como representantes legales o apoderados,
cualquier acto que implique cierre, alteración o cambio del espacio físico".
A eso se refiere el "no innovar" dictado por los
camaristas Carlos Bellucci, Roberto Greco y Leopoldo Montes de Oca cuando
aprobaron la mayor parte de los reclamos exigidos, fundamentándolos en la
Constitución: "Al hallarse involucrada directamente la continuidad
de la enseñanza de un conjunto de menores --dicen los fundamentos--, se
impone la aplicación de la directiva que sienta el artículo 3 de la
Convención sobre los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución
nacional, que obliga a los Estados a considerar primordialmente el interés
superior de aquéllos, máxima hermenéutica que no puede ser soslayada
por cuestiones meramente formales". Es más: los camaristas dieron
intervención a un defensor de menores.
Con esta situación convive un dato extra: los dos edificios de la
escuela ya fueron vendidos. Hay un boleto de compraventa que vence el 20
de diciembre. "En este momento estamos tratando de que el dueño se
comprometa a venderla con un contrato de alquiler preexistente",
explica Piantanida. Con esa condición, los nuevos dueños deberían
aceptar que en uno de los dos edificios siga funcionando la escuela. Para
eso necesitan además del acuerdo del dueño, cien chicos del primario y
sesenta del jardín que decidan continuar en Acuario.
Alumnos
en venta
"Los chicos se venden como cabeza de ganado." Esta
es quizá la lógica más perversa del sistema de enseñanza
privada, al menos así lo denunció a Página/12
Graciela Piantanida, directora actual del Instituto Acuario. La
mujer, que participó de las negociaciones que condujeron al cierre
del secundario en agosto, asegura que los chicos son moneda de
cambio en un negocio donde los únicos criterios los dicta la economía.
"¿Qué es lo que pasó con la cantidad de colegios que
fueron cerrando en los últimos años? ¿Por qué nadie se lo
pregunta?", dijo a Piantanida. La mujer detalla las modalidades
de un sistema que permite --a falta de normas-- que los dueños de
las escuelas vendan las matrículas de los alumnos cuando deciden
que un cierre es más rentable que el negocio. "A mí también
me plantearon que adhiriese a la fusión del colegio con otro. En
aquel momento dije 'no cuenten conmigo'."
Piantanida dice que la continuidad del primario está
garantizada, al menos hasta fin de año. "Si el dueño no
cumple, veremos --terminó la directora--. Pediremos a los padres
que, en última instancia, paguen las cuotas directamente en la
escuela para pagarles a los docentes."
UNAS
20 ESCUELAS PRIVADAS CIERRAN CADA AÑO EN CAPITAL
Cuando
los chicos quedan en el medio
El
diagnóstico de los especialistas da cuenta de una constante: cada
nueva escuela que cierra es un punto que desnuda la rabiosa
mercantilización de la educación privada. "Así como los
supermercados se tragaron a los almacenes, en el sector privado las
fusiones hacen desaparecer a las escuelas más chicas." Para
Silvia Iturriaga, consultora del sector, el problema de esta analogía
es que esos procesos olvidan a los chicos. Sobre un total de 20
cierres anuales, la mayor parte de las escuelas no planifica el pase
de los alumnos y ni siquiera existen normativas del Estado que las
obliguen.
El sistema de enseñanza privada está regulado por la
Dirección General de Educación Privada (Digep). El organismo que
dirige Marcelo Pivato no tiene facultades legales para resolver
cuestiones financieras de los colegios, sólo conserva la obligación
de velar sobre aspectos pedagógicos. En su base de datos, la Digep
cuenta 23 escuelas cerradas en el '99 y una durante este año. En el
último año, por ejemplo, cerró Mifair, de Palermo y buena parte
de sus alumnos pasaron al Bayard. También el año pasado cerró
Crecer, de Almagro: un sector de su alumnado pasó a Acuario, que
ahora tambalea. Igualmente, en marzo dejó de funcionar el Instituto
La Asunción, en Núñez.
Pivato conoce la crisis de Acuario y ha logrado un acuerdo en
el que los responsables se comprometieron a mantener abierto el
instituto hasta fin de año. Pero ese acuerdo sólo tiene valor
nominal porque el Estado no cuenta con facultades para meterse en un
negocio privado comparable para la Digep a un kiosco. "Desde
hace tres años trabajamos con el mismo presupuesto y no tenemos
partidas extras para resolver la situación crítica de una escuela
privada", dijo a Página/12 Pivato, rechazando como paliativo un salvataje con dinero
público. "Tampoco
esa es una salida porque la Capital tiene sobrefoerta educativa, lo
que tenemos que garantizar es la continuidad del servicio educativo
en una escuela similar o pública".
Este es uno de los puntos criticados por los que siguen de
cerca el tema. No cuestionan sólo la falta de apoyo del Estado,
sino la ausencia de control sobre un proceso de traslado que,
entienden, no está garantizado. Silvia Iturriaga marca el cierre de
Casa de los Niños en el '94 como el inicio de un proceso que ha
generado, según sus datos, unas treinta clausuras al año. La
crisis que golpea a la clase media provocó en las escuelas alta
morosidad en las cuotas y aumento de los incobrables. Frente a esto,
las escuelas operan bajo la lógica de empresa: cuando no es
rentable los dueños "negocian las matrículas": es decir,
acuerdan el paso de grupos de alumnos a cambio de una retribución,
explica Iturriaga. La especialista advierte que aunque los dueños
suelen conocer con anticipación la posibilidad del cierre, en
general no trabajan seriamente en el traspaso de los chicos.
"Esto deja varias secuelas --explica Iturriaga--: los que los
reciben se sienten invadidos, y los que llegan tampoco logran
elaborar el duelo".
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