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UN FALLO OBLIGA A UNA ESCUELA PRIVADA A NO CERRAR HASTA FIN DE AÑO

Al cole con el aval de la Justicia

Un fallo judicial impide el cierre de un colegio por lo menos hasta que termine el ciclo lectivo, para privilegiar los derechos de los alumnos. La decisión sienta un precedente ante los cada vez más frecuentes cierres de instituciones privadas.

 

 

Por Alejandra Dandan

t.gif (862 bytes) El peligro fue detenido. Los dueños de una escuela privada que corría riesgo de cerrar ya no podrán hacerlo, al menos hasta que termine el ciclo lectivo. Así lo obliga en un fallo inédito la Cámara Nacional de Primera Instancia en lo Civil, que al considerar las "secuelas" que podría provocar el traslado de los chicos a otra escuela, privilegia sus derechos sobre los males económicos de la empresa. Y se basa además en la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Esta situación hasta ahora no estaba amparada legalmente por la Dirección Nacional de Educación Privada, encargada de regular esa actividad. Ahora, el triunfo logrado por un grupo de padres del Instituto Acuario, de Congreso, consigue sentar un precedente que puede detener los cierres indiscriminados que afectaron en los últimos años a cientos de estudiantes de colegios privados.

  "No tenía ganas de que cierre Acuario, no me gusta eso", dice uno de los chicos de quinto grado que no deja de debatir el tema en cada uno de los recreos del cole. Una de sus compañeras está por ahí cerca. Hace unos días se enteraron del notición: "Tenía miedo de que se cierre --dice ella--, me da mucha lástima porque nos vamos a separar de los amigos". En tanto, en la escuela aún está todo tranquilo: aunque arreciaron las versiones de un probable cierre del primario, en teoría la inscripción está abierta. "Nos preguntan qué vamos a hacer el año que viene", dice otra de las chicas.

  Lo cierto es que los padres no se fían de las propuestas que han aparecido estos días en torno de la continuidad de la escuela. Por eso presentaron el recurso de amparo. La Justicia coincidió en "las graves consecuencias que podría provocar a los educandos si a esta altura del año escolar se produjese el cierre del establecimiento".

  Hasta agosto de este año, en Acuario funcionaban un secundario, una primaria y el jardín de infantes. Todo, en la gran casona que tiene la escuela en Hipólito Yrigoyen 2207. Fue hasta agosto, porque un día de ese mes, el 24, los chicos llegaron y, de pronto, vieron el secundario cerrado. "Llegué, estacioné, fui a bajar a mis chicos, y vi que estaban los pibes en la puerta, ahí me enteré de que se había vendido el secundario", dice Patricia, una mamá de quinto. Como ella, otra de las mamás también quedó espantada: "Los dueños dijeron que fusionaban a los chicos con otra escuela del barrio, porque no tenían dinero para seguir adelante con el proyecto". En aquel momento no funcionaron ni las sentadas ni las protestas: la medida estaba liquidada legalmente y no había reclamos válidos para volverla atrás.

  A partir de allí se desató la compleja situación que aún no concluye: la amenaza del cierre se desplazó hacia primario y jardín. "Nos dijeron que en la mesa donde se negoció el pase de los del secundario al otro colegio, también se habló del primario", sigue Vilar, mientras advierte que lo único que lo impidió fue el problema de cupos de la escuela Federico Froebel, receptora de los obligados al exilio.

  "Era terrible --dice ahora Carmen Radonic, otra de las mamás de quinto--: cada mañana sentíamos el peligro de tener la espada de Damocles arriba de la cabeza." Carmen se refiere, obviamente, al cierre. "Es de terror --habla ahora Patricia, otra de las madres--. Es lo mismo que el miedo que puede tener una persona, de sólo pensar que llega a la fábrica donde trabaja y de pronto se encuentra un cartelito de cerrado."

  El fantasma de escuela liquidada puso a trabajar a los padres. Se barajaron distintas alternativas. Hubo conversaciones con Daniel Alberto Vásquez, considerado el dueño mayoritario de las acciones de la escuela, y con Graciela Piantanida, directora de turno. Las explicaciones fueron las mismas que ahora dejan ver que, aunque Acuario siga abierta hasta fin de año, no pueda reabrirse el próximo: "Aseguran que tienen una deuda de padres morosos por 106 mil pesos, atrasos en los pagos y una situación financiera caótica".

  Nadie dudó de la crisis aunque sí de la voluntad de resolverla. Los padres supieron que la Digep no está facultada para arbitrar en estos temas. "En general sólo puede hacer que paguen una multa, pero como son emprendimientos privados no los regulan y eso, a nosotros no nos servía", aseguran mientras se acuerdan de otros casos de cierre donde la multa no conflictuó demasiado a sus dueños.

  Ahora este fallo judicial puede revertir esa historia. El pedido de amparo de los padres exigió, entre otros puntos, que la escuela "se abstenga de producir por sí, o como representantes legales o apoderados, cualquier acto que implique cierre, alteración o cambio del espacio físico".

  A eso se refiere el "no innovar" dictado por los camaristas Carlos Bellucci, Roberto Greco y Leopoldo Montes de Oca cuando aprobaron la mayor parte de los reclamos exigidos, fundamentándolos en la Constitución: "Al hallarse involucrada directamente la continuidad de la enseñanza de un conjunto de menores --dicen los fundamentos--, se impone la aplicación de la directiva que sienta el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución nacional, que obliga a los Estados a considerar primordialmente el interés superior de aquéllos, máxima hermenéutica que no puede ser soslayada por cuestiones meramente formales". Es más: los camaristas dieron intervención a un defensor de menores.

  Con esta situación convive un dato extra: los dos edificios de la escuela ya fueron vendidos. Hay un boleto de compraventa que vence el 20 de diciembre. "En este momento estamos tratando de que el dueño se comprometa a venderla con un contrato de alquiler preexistente", explica Piantanida. Con esa condición, los nuevos dueños deberían aceptar que en uno de los dos edificios siga funcionando la escuela. Para eso necesitan además del acuerdo del dueño, cien chicos del primario y sesenta del jardín que decidan continuar en Acuario.

Alumnos en venta

   "Los chicos se venden como cabeza de ganado." Esta es quizá la lógica más perversa del sistema de enseñanza privada, al menos así lo denunció a Página/12 Graciela Piantanida, directora actual del Instituto Acuario. La mujer, que participó de las negociaciones que condujeron al cierre del secundario en agosto, asegura que los chicos son moneda de cambio en un negocio donde los únicos criterios los dicta la economía.

  "¿Qué es lo que pasó con la cantidad de colegios que fueron cerrando en los últimos años? ¿Por qué nadie se lo pregunta?", dijo a Piantanida. La mujer detalla las modalidades de un sistema que permite --a falta de normas-- que los dueños de las escuelas vendan las matrículas de los alumnos cuando deciden que un cierre es más rentable que el negocio. "A mí también me plantearon que adhiriese a la fusión del colegio con otro. En aquel momento dije 'no cuenten conmigo'."

  Piantanida dice que la continuidad del primario está garantizada, al menos hasta fin de año. "Si el dueño no cumple, veremos --terminó la directora--. Pediremos a los padres que, en última instancia, paguen las cuotas directamente en la escuela para pagarles a los docentes."

UNAS 20 ESCUELAS PRIVADAS CIERRAN CADA AÑO EN CAPITAL

Cuando los chicos quedan en el medio

El diagnóstico de los especialistas da cuenta de una constante: cada nueva escuela que cierra es un punto que desnuda la rabiosa mercantilización de la educación privada. "Así como los supermercados se tragaron a los almacenes, en el sector privado las fusiones hacen desaparecer a las escuelas más chicas." Para Silvia Iturriaga, consultora del sector, el problema de esta analogía es que esos procesos olvidan a los chicos. Sobre un total de 20 cierres anuales, la mayor parte de las escuelas no planifica el pase de los alumnos y ni siquiera existen normativas del Estado que las obliguen.

  El sistema de enseñanza privada está regulado por la Dirección General de Educación Privada (Digep). El organismo que dirige Marcelo Pivato no tiene facultades legales para resolver cuestiones financieras de los colegios, sólo conserva la obligación de velar sobre aspectos pedagógicos. En su base de datos, la Digep cuenta 23 escuelas cerradas en el '99 y una durante este año. En el último año, por ejemplo, cerró Mifair, de Palermo y buena parte de sus alumnos pasaron al Bayard. También el año pasado cerró Crecer, de Almagro: un sector de su alumnado pasó a Acuario, que ahora tambalea. Igualmente, en marzo dejó de funcionar el Instituto La Asunción, en Núñez.

  Pivato conoce la crisis de Acuario y ha logrado un acuerdo en el que los responsables se comprometieron a mantener abierto el instituto hasta fin de año. Pero ese acuerdo sólo tiene valor nominal porque el Estado no cuenta con facultades para meterse en un negocio privado comparable para la Digep a un kiosco. "Desde hace tres años trabajamos con el mismo presupuesto y no tenemos partidas extras para resolver la situación crítica de una escuela privada", dijo a Página/12 Pivato, rechazando como paliativo un salvataje con dinero público.  "Tampoco esa es una salida porque la Capital tiene sobrefoerta educativa, lo que tenemos que garantizar es la continuidad del servicio educativo en una escuela similar o pública".

  Este es uno de los puntos criticados por los que siguen de cerca el tema. No cuestionan sólo la falta de apoyo del Estado, sino la ausencia de control sobre un proceso de traslado que, entienden, no está garantizado. Silvia Iturriaga marca el cierre de Casa de los Niños en el '94 como el inicio de un proceso que ha generado, según sus datos, unas treinta clausuras al año. La crisis que golpea a la clase media provocó en las escuelas alta morosidad en las cuotas y aumento de los incobrables. Frente a esto, las escuelas operan bajo la lógica de empresa: cuando no es rentable los dueños "negocian las matrículas": es decir, acuerdan el paso de grupos de alumnos a cambio de una retribución, explica Iturriaga. La especialista advierte que aunque los dueños suelen conocer con anticipación la posibilidad del cierre, en general no trabajan seriamente en el traspaso de los chicos. "Esto deja varias secuelas --explica Iturriaga--: los que los reciben se sienten invadidos, y los que llegan tampoco logran elaborar el duelo".

 

 

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