Por si hacía falta, el comisario Eduardo Martínez, virtual jefe de la Policía Bonaerense, dejó en claro que no es un moderado. Después de defender a sus subordinados y jurar que en las comisarías no se utilizan picanas para apremiar a los presos, admitió que �hay excesos en el personal policial�. Y sobre ese punto lanzó una advertencia que lo coloca al margen de la ley: �Lo fusilo yo por la espalda al policía que llegue a hacer una cosa de ésas�, sentenció. En declaraciones a Radio Nacional, Martínez intentó justificar esos �excesos�: �Las denuncias van a seguir existiendo, es inevitable, porque el preso denuncia al policía, lo va a denunciar siempre, es una norma. Lo primero que hace el abogado defensor es decirle �denunciá apremios�, porque sabe que es un punto a su favor�. Martínez salió al cruce de las denuncias de las que se hicieron eco la Suprema Corte de Justicia bonaerense y el procurador general Eduardo Matías de la Cruz, que reclamaron a la policía terminar con los excesos en las comisarías. El jefe policial descartó de plano que esos excesos fueran generalizados, como se denunció. �Me animo a decir que sobran los dedos de una mano para decir cuántas denuncias probadas ha habido, no en el sentido de que se haya probado que el policía pegó, sino que se hayan registrado lesiones�, afirmó Martínez. Las amenazas de �fusilamiento por la espalda� pronunciadas por Martínez suenan extrañas en boca de un funcionario que, según reveló Página/12 semanas atrás, estuvo acusado por la aplicación de torturas a detenidos durante la última dictadura. Los datos recogidos por un relevamiento realizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) contradicen las afirmaciones del jefe. El trabajo revela que, durante el primer semestre del 2000 y sólo en cuatro municipios del Gran Buenos Aires, uno de cada cinco detenidos fue castigado físicamente por la policía. El estudio fue realizado por el programa de Violencia Institucional y Seguridad Ciudadana del CELS, que dirige el abogado Gustavo Palmieri, a partir de denuncias de familiares de los detenidos. Estas denuncias le dan en parte la razón a Martínez: la práctica más habitual no es la aplicación de la picana eléctrica sino de patadas, golpes con palos o bastones, culatazos de revólveres o escopetas o el denominado �submarino seco�. En setiembre, el asesor de Menores de San Isidro Carlos Bigalli denunció el caso de un chico de 16 años que fue víctima de golpes y de submarino seco en la comisaría de Benavídez. El propio Bigalli le propuso a la Suprema Corte bonaerense la creación de un registro informatizado para recopilar las denuncias de torturas o tratos crueles e inhumanos. �Es incoherente lo que dice Martínez �opinó Palmieri�, pues por un lado niega que existan torturas y por otro sugiere aplicar un recurso ilegal contra sus subordinados�. Por su parte, la abogada María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), dijo a Página/12 que �es muy difícil realizar un relevamiento de los casos de tortura contra detenidos, porque casi no existen causas caratuladas de ese modo�. �La mayoría de las causas son por �atentado y resistencia a la autoridad�, y detrás de esa carátula se esconde una tortura a un detenido �agregó�. Como los policías saben que el preso los va a denunciar, se adelantan y le abren una causa por resistencia a la autoridad. El preso se encuentra con la posibilidad de denunciar las agresiones recién cuando es llevado a declarar como imputado�. �Lo que sí se puede contar con una mano y media son las causas por tortura seguida de muerte, que suman siete en todo el país�, replicó Verdú. El incremento de la aplicación de torturas en las comisarías bonaerenses durante la gestión del gobernador Carlos Ruckauf fue denunciado por Amnistía Internacional. Esa organización no gubernamental lanzará el próximo 18 su campaña internacional contra la tortura.
SOSTIENE QUE REDUJO LA INTERNA EN SU CONTRA El jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, respira más tranquilo. Según declaró ayer, está convencido de que con la reciente reestructuración de la fuerza quedó �sensiblemente� reducida la interna en su contra. No obstante, señaló que podría haber algún agente retirado trabajando para ponerle obstáculos a su gestión. Y para desalentar rebeldes, advirtió que denunciará en la Justicia a quienes perturben la marcha de la institución. Santos pasó a disponibilidad a 32 comisarios, en el marco del plan de achicamiento de la estructura de la fuerza que anunció el lunes. Ayer, se informó oficialmente que todos los alcanzados por la medida habían pedido el retiro voluntario.
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