Por R. K.
 Habrá un observador de la OEA en el caso AMIA. Ayer se hizo la audiencia entre el gobierno argentino, los familiares de las víctimas del atentado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que las partes acordaron que la OEA designará seguramente un jurista de primer nivel para que no sólo esté presente en el juicio oral que se inicia el año que viene, sino también para que revise todos los antecedentes y causas paralelas relacionadas con el atentado. La CIDH se tomará ahora unas dos semanas para aceptar formalmente el envío del observador, lo que se va a constituir en un hecho inédito: habrá un control internacional del juicio y la investigación.
Adriana Reisfeld y Vivian Lifchitz, junto con el abogado Alberto Zuppi, representaron a Memoria Activa y estuvieron acompañados por el Centro de Estudios Legales y Sociales y la organización norteamericana CEJIL. Toda la delegación se mostró muy satisfecha por la audiencia de ayer, ya que consiguieron sus principales objetivos: que haya un observador internacional y que tenga un amplio acceso a las causas judiciales.
En la Cancillería, el secretario de Derechos Humanos, Leandro Despouy, también manifestó su satisfacción. �El gobierno argentino ha ofrecido todo tipo de colaboración y su apoyo a las gestiones del observador y éste podrá acceder a la causa y sus antecedentes, siempre de acuerdo con las normas procesales establecidas por la legislación argentina y en el marco del respeto a la independencia del Poder Judicial�, le dijo a Página/12.
En la audiencia de ayer quedó en claro que la propia CIDH tendrá absoluta soberanía para designar al observador y tanto el presidente Helio Picudo como los consejeros Robert Goldman y Claudio Grossman reiteraron que no van a aceptar condicionamientos en ese terreno. Lo más probable es que sea designado un jurista latinoamericano -.no argentino� de primer nivel. El antecedente inmediato fue el proceso iniciado por Helen Mack, cuya hermana fue asesinada en Guatemala, y actualmente se lleva adelante un juicio en el que la CIDH designó como observadora a la jurista argentina Gabriela Vázquez.
En concreto, el observador que llegue a la Argentina tendrá acceso a las audiencias del juicio oral -.se iniciaría a principios del año próximo�, pero también podrá ver la documentación de otras causas paralelas. Por ejemplo, la relacionada con el testigo clave Wilson Dos Santos, el brasileño que advirtió del atentado con dos semanas de anticipación; el expediente iniciado recientemente en base a las denuncias del ex prosecretario de la causa Claudio Lifchitz, quien acusó al juez Juan José Galeano y a la SIDE de numerosas irregularidades; el expediente sobre la mafia de los autos truchos, los negocios sucios de la Policía Bonaerense y las distintas causas sobre testigos armados y maniobras para desviar la pesquisa.
En la audiencia de ayer, finalmente parece que cada parte pudo sostener su postura:
 El Estado argentino respalda al juez Juan José Galeano y su investigación, pero no quiere un choque total con los familiares de Memoria Activa. Por ello, la Cancillería aceptó, como correspondía, el papel de peticionarios de Memoria Activa -.algo rechazado por el menemismo-. y admitió la presencia de un veedor imparcial de la OEA para controlar el proceso judicial y la investigación.
Memoria Activa consiguió un reconocimiento importante ante la CIDH y ahora espera que el observador verifique lo que esa organización de familiares de las víctimas viene sosteniendo: que la investigación está plagada de irregularidades y encubrimientos.
El resultado concreto es que antes, durante y después del juicio habrá una voz -.la del observador-. que se convertirá casi en un árbitro delproceso por el atentado más grave que sufrió la Argentina en toda su historia.
PEDIDO A ESTADOS UNIDOS POR EL ASESINATO DE PRATS
La mira en Michael Townley
El tribunal que está juzgando a Enrique Lautaro Arancibia Clavel por el asesinato del general Prats y su esposa en octubre de 1974 en Buenos Aires solicitó a la Justicia de Estados Unidos que levante la �confidencialidad� de la declaración de Michael Townley, el agente de la CIA que admitió haber armado la bomba que mató al ex jefe del Ejército chileno y a su mujer y que vive en su país como �testigo protegido�.
Los jueces José Martínez Sobrino, María del Carmen Roqueta y Horacio Alberto Baccare, del Tribunal Oral Criminal 6, enviaron un oficio al Ministerio del Interior para que pida al Departamento de Estado norteamericano que la Justicia de Columbia autorice a hacer pública la declaración que prestó Townley en noviembre del año pasado ante la Justicia argentina. Aunque el tribunal ya cuenta con la copia del testimonio del agente, quien brindó su declaración gracias a un �pacto de confidencialidad�, por ahora no puede usarse en el proceso oral contra Arancibia Clavel.
Townley confesó ante la jueza María Servini de Cubría haber sido quien armó y colocó la bomba que detonó bajo el auto del general Prats y su mujer, en la madrugada del 30 de setiembre de 1974, frente a la casa donde vivía el matrimonio, Malabia al 3300 de esta ciudad. En su declaración, admitió que su ex mujer, la chilena Mariana Callejas, fue la que accionó la bomba a control remoto y, a cambio de que la Justicia norteamericana lo incluyera en un programa de protección de testigos, delató al entonces jefe de la DINA, coronel Manuel Contreras, quien fue condenado por el crimen del ex embajador chileno Orlando Letelier, junto a su segundo, Pedro Espinoza.
|
