Por Santiago Rodríguez
 El presidente Fernando de la Rúa reclamó ayer por primera vez a la Cámara de Senadores y la de Diputados que �intensifique el tratamiento del proyecto de ley� que posibilitaría la revisión del juicio a los presos por el copamiento del cuartel de La Tablada, que llevan 39 días de huelga de hambre. El pedido se concretó �y fue difundido a través de un comunicado� horas antes de la audiencia de seguimiento del caso que se celebró en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con representantes del Estado argentino y de abogados de los detenidos. La apertura de una nueva instancia judicial es una demanda de larga data de la CIDH, que �según fuentes de la Cancillería� �valoró el esfuerzo� del Gobierno en pos de la ley necesaria a tal fin. �Pueden haber dicho eso de manera diplomática, pero fueron muy duros en señalar que hace tres años que no cumplen con las recomendaciones del organismo�, aseguró el abogado Rodolfo Yanzón.
Para juzgar a los detenidos por el asalto al regimiento de La Tablada se aplicó la Ley de Defensa de la Democracia, que no prevé la revisión del proceso en segunda instancia. Los abogados de los detenidos denunciaron la contradicción de esa norma con el Pacto de San José de Costa Rica �al que se le confirió rango constitucional en la reforma de 1994� y llevaron el caso a la CIDH, que les dio la razón.
La ley que repararía esa contradicción está trabada desde hace meses y los detenidos llevan 39 días de su segunda huelga de hambre en reclamo de su sanción. Cuatro de ellos ya debieron ser internados.
Con ese escenario de fondo se celebró en la CIDH una nueva audiencia de seguimiento del caso. Fue horas antes de que comenzara esa reunión que Presidencia difundió un comunicado para dar cuenta de que De la Rúa había reclamado al Congreso que �se intensifique el tratamiento del proyecto de ley� que permitiría la revisión de juicio a los presos de La Tablada. En el texto entregado a la prensa se precisó que De la Rúa formuló el pedido al presidente provisional del Senado, Mario Losada, y al titular de Diputados, Rafael Pascual, ante la �la necesidad de tener en cuenta la posibilidad de establecer una segunda instancia judicial� a los condenados por el asalto al regimiento �tal como lo ha planteado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos�.
A la audiencia concurrieron el consejero de la Cancillería Alberto Dalotto y la abogada María Teresa Flores. Por los detenidos estuvieron los abogados Yanzón y Marta Fernández, el defensor oficial Mario Landaburu (representante de un condenado que goza de libertad condicional) y Mabel Gutiérrez, de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Los representantes del Estado argentino presentaron un informe sobre las gestiones del Ejecutivo para que la ley que habilita la segunda instancia judicial sea aprobada en el Congreso. También hablaron de la participación del Ministerio de Justicia en la identificación de tres cadá-veres cuyas identidades se conocieron tiempo atrás, a quienes se daba por desaparecidos y sobre dos de los cuales pesaban pedidos de captura.
Los abogados de los detenidos refutaron esa participación y advirtieron sobre el incumplimiento del Estado en la modificación de la ley que abriría una nueva instancia judicial, pero también de la reparación e indemnización de las violaciones de los derechos de los detenidos recomendadas por la CIDH. Además, solicitaron la inclusión del caso Tablada en el informe anual de la OEA y el viaje de una delegación a la Argentina para monitorear el estado de salud de los presos y los proyectos legislativos y reunirse con De la Rúa para analizar la situación.
En la Cancillería reconocieron que la CIDH le pidió al Gobierno que profundice las medidas para preservar la vida de los detenidos. �Lo que pidieron fue el compromiso de que a los presos se los trasladará a un hospital extramuros para su adecuada atención�, precisó Yanzón.
INVESTIGACION SOBRE LA IDONEIDAD MORAL DE OLIVERA
Amenaza telefónica a Alicia Pierini
�Dejate de joder. Te vamos a allanar la oficina porque ahí se trafica droga.� El mensaje fue dejado por una voz masculina en el contestador del teléfono celular de la diputada porteña Alicia Pierini. La amenaza fue realizada mientras la Legislatura de la Ciudad aprobaba por unanimidad un proyecto de Pierini para que se reclame al Colegio Público de Abogados una investigación sobre la �idoneidad moral� del represor Jorge Olivera para ejercer como abogado.
La legisladora y abogada Pierini realizará hoy la denuncia policial por amenazas. Aunque aclaró que no hay pruebas que liguen la votación del proyecto contra el abogado y represor Olivera con la intimidación recibida, remarcó que �se produjeron en forma simultánea�. Pierini recordó que cuando ejercía la titularidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos el represor Carlos �Pajarito� Suárez Mason pidió ingresar a los archivos de la Conadep para revisar quiénes y en qué circunstancia lo mencionaban y que esa solicitud fue denegada. El abogado de Suárez Mason no era otro que Olivera, el represor que fue arrestado en Italia a pedido de la Justicia francesa y liberado por la Corte de Casación romana luego de que sus abogados presentaran una solicitud de partida de defunción falsificada de la joven francesa desaparecida Marie Anne Erize.
El Colegio Público de Abogados ya inició una investigación sobre la conducta de Olivera, pero la legisladora remarcó que su solicitud se enmarca no sólo en la falsificación del documento que hicieron sus defensores sino además en su pasado como represor.
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