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Jorge de la Rúa empezó a hablar
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Por Felipe Yapur 
Por ahora son sólo señales, gestos. Pero para la situación que viven los detenidos por el copamiento al cuartel de La Tablada �que llevan 40 días en huelga de hambre� pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. Es que desde hace un par de días, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jorge de la Rúa, ha comenzado a dialogar personalmente con los senadores nacionales de todas las bancadas para conseguir que la Cámara alta apruebe, de una vez por todas, la norma que le permita a los presos acceder a la doble instancia judicial y que cumpliría con una parte de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). De todas formas, los detenidos anunciaron que continuarán con la medida de fuerza. El gesto del ministro se suma al realizado por su hermano, el presidente Fernando de la Rúa, quien hizo un comunicado reclamando a las Cámaras legislativas que �intensifiquen el tratamiento del proyecto de ley� que posibilite la revisión de la situación jurídica de los reclusos. La actitud presidencial ya generó su primer efecto: los familiares de los presos que venían realizando un ayuno frente a la Casa de Gobierno desde hace 23 días decidieron levantar la medida, aunque destacaron que �por primera vez el Presidente se pronuncia con claridad en esa dirección. Esta es la respuesta que vinimos a buscar hace 23 días. Por lo tanto, hemos decidido suspender el ayuno�, indicaron los familiares, quienes además señalaron que los condenados �valoran la actitud del Presidente�, pero esperan, �tal como lo expresara la CIDH, hechos, aparte de palabras�. En tanto, el ministro de Justicia �en concordancia con lo realizado por el Presidente� ha comenzado a tomar contacto con senadores de la oposición con el objeto de consensuar la aprobación de uno de los proyectos que están en danza en la Cámara alta. Fuentes parlamentarias destacaron que el ministro resaltó la �urgencia� que el Gobierno tiene por aprobar la norma. Estas mismas fuentes señalaron que De la Rúa considera al proyecto presentado por el senador por San Luis, Alberto Rodríguez Saá, como el más apropiado. Para el ministro, el proyecto del puntano sería el más conveniente porque en primer lugar no se refiere de manera explícita a la situación de los presos, evitando así las resistencias que existen tanto en el bloque radical como en el justicialista. Pero también porque, en vez de modificar la ley de Defensa de la Democracia, plantea realizar cambios en el Código Penal de la Nación, adecuando la legislación a los tratados internacionales que desde el �94 tienen rango constitucional. El proyecto plantea que si �se constatara la violación de un Tratado que protege en un proceso penal concluido y así lo declarara, el recurso de revisión ahora habilitado permitirá una nueva instancia judicial para revisar el proceso y decidir en consecuencia�. Pero, sin duda, el inusitado apuro es fruto de dos razones de peso. Por un lado, al Gobierno le preocupa la prolongada huelga de hambre que llevan adelante los presos �hoy cumplen cuarenta días� y que puede acarrear no sólo serias secuelas permanentes sino hasta la muerte de alguno de los ayunantes. Pero también al Gobierno lo desvela las consecuencias internacionales que le pueden acarrear el no cumplimiento de los requerimientos de la CIDH. En este sentido, el jueves, el Gobierno argentino tuvo que participar en Washington, Estados Unidos, de la audiencia de seguimiento del caso que celebró la comisión de la OEA. Y que, según fuentes de Cancillería, �la CIDH valoró el esfuerzo realizado por la Argentina�. Diferente es la visión de los abogados de los presos, quienes aseguran que la Comisión �fue muy dura a la hora de señalar que hace tres años que no cumplen con las recomendaciones del organismo�. Sin embargo, y a pesar de los gestos que está dando el Gobierno, los presos anunciaron ayer que continuarán con la huelga de hambre hasta que el Congreso apruebe la ley. Algo que puede ocurrir, a más tardar, la próxima semana. Ayer, los detenidos dijeron, a través de sus familiares,que el Gobierno tiene otros caminos para resolver el problema. No lo dijeron, pero nadie duda que se referían al indulto.
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