Por Adriana Meyer

  Los dichos de Aníbal Gordon y Carlos “Pajarito” Suárez Mason en antiguas causas judiciales pueden ser utilizados como prueba contra los represores acusados por el robo de bebés. Antes que la causa sobre la práctica sistemática de apropiación de menores durante la dictadura sea elevada a juicio oral y público, los representantes de parte de la querella siguen acumulando pruebas tales como esas declaraciones. “Queremos llegar a esa instancia con la mayor cantidad de casos comprobados para poder demostrar que existió una práctica sistemática”, explicó a Página/12 el abogado Alberto Pedroncini. En tal sentido, el letrado –que encabeza un equipo integrado por David Baigún, Carlos Cruz y Marcelo Mónaco– pidió al juez federal Adolfo Bagnasco una serie de medidas tendientes a obtener nuevos testimonios y documentos.
“Hay una importante acumulación de elementos probatorios porque la investigación se intensificó en los últimos tres meses, y en función de eso se abrió un nuevo horizonte que permite la incorporación de más testigos e informes”, agregó Pedroncini.
Uno de esos elementos surgió de la causa que investigó el secuestro de Enrique Rodríguez Larreta Piera y es una prueba fundamental sobre el funcionamiento del Plan Cóndor, cuya sede argentina fue el centro clandestino de detención Automotores Orletti. El ex agente Aníbal Gordon, procesado en aquel caso, declaró en 1986 que su “jefe inmediato del cual recibía las órdenes emanadas del presidente de la Nación Jorge Rafael Videla era el general Otto Paladino, director de la SIDE, que en cualquier gobierno depende del presidente de la Nación”. Ese párrafo de su declaración refuerza una faceta que fue objeto de un insistente planteo de la querella y del fiscal Eduardo Freiler: el ejercicio de funciones políticas como mecanismo de violación de los derechos humanos. Además evidencia la cadena de mandos que presidió la acción de los militares uruguayos en nuestro país, que en cuanto a las tareas de inteligencia dependían de la SIDE y para la ejecución recibían órdenes del Ejército.
A partir del hallazgo del Libro de Nacimientos del Hospital Militar de Campo de Mayo, en enero pasado, los investigadores pudieron comprobar que la doctora Silvia Bonsignore de Petrillo aparece atendiendo un parto como obstetra y al día siguiente figura como parturienta, aunque sin historia clínica. Además aparecen dos páginas con un mismo número de orden. La sospechosa situación podría haber encubierto el nacimiento de un hijo de desaparecidos y por eso los querellantes pidieron la declaración testimonial de Bonsignore y del médico que atendió su parto, Julio César Rafinetti.
Bagnasco ya pidió copias de la declaración del represor Carlos “Pajarito” Suárez Mason en la causa 450, prestada el 12 de mayo de 1988, en la que explicó el concepto de “dependencia operacional”que resulta fundamental para probar las responsabilidades en la apropiación de menores de todos los integrantes de la cadena de mandos. Esa dependencia no se limitaba a instrucciones generales sino que había órdenes específicas. El mejor ejemplo de esto es la cadena de mandos en operaciones respecto de un hecho determinado, realizado por la policía de la provincia de Buenos Aires, actuando bajo dependencia operacional del Ejército.
Ese hecho fue el secuestro de la nieta de María Isabel de Mariani. En la causa abierta a partir de la presentación de un hábeas corpus por la desaparición de la menor constan las declaraciones testimoniales de Suárez Mason, Ramón Camps y Adolfo Sigwald. Durante el operativo en que fue secuestrada Clara Mariani, Camps estaba en la azotea del edificio y Sigwald aseguró que llegó al lugar cuando los hechos ya habían ocurrido, al igual que Suárez Mason. Pero todos reconocieron que estuvieron allí, lo que demuestra que el operativo fue ejecutado por el Ejército (Suárez Mason era jefe de la zona 1 mientras que Sigwald comandaba la subzona 13), en dependencia operacional de la Policía Bonaerense. Ese es el único documento referido a un acto represivo que lleva la firma de los tres integrantes de la cadena de mandos. Los querellantes pidieron que el juez cite a un almacenero que solía proveer a la familia Mariani porque vio a la criatura sentada en un cochecito pocos minutos antes del secuestro. Además, el juzgado solicitó al Ministerio de Justicia copias de la documentación sobre ciudadanos uruguayos desaparecidos durante la dictadura que entregó al gobierno de ese país. Esos casos se relacionan con el de Mariana Zaffaroni Islas, que integra el expediente. También buscan reforzar la prueba sobre el caso de los niños Victoria y Anatole Julien Grisonas, hijos de ciudadanos uruguayos, y de Carla Rutila Artés, secuestrada en Bolivia en 1976, pidiendo antecedentes a las respectivas causas judiciales.
Por último, los abogados querellantes requirieron que sean citadas a dar su testimonio 20 personas que aportarán información sobre nacimientos clandestinos, en especial los ocurridos en el centro clandestino La Cacha. A las Abuelas de Plaza de Mayo les pidieron toda la documentación utilizada en la publicación del libro Niños sustraídos, jóvenes recuperados. Y también quieren que los jueces Roberto Marquevich y María Servini de Cubría informen sobre los casos que tramitan en sus juzgados, que según las Abuelas serían 23 y 17, respectivamente.

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