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 Dos presos por el ataque al cuartel de La Tablada están en estado crítico y pueden sufrir "daños irreversibles en su salud" tras 42 días de huelga de hambre. Miguel Aguirre y Claudio Rodríguez adelgazaron 17 kilos y están muy debilitados. En el Congreso, mientras tanto, los legisladores postergan una y otra vez el tratamiento definitivo de la ley que habilite la segunda instancia judicial. La semana pasada el presidente Fernando de la Rúa y su hermano, Jorge, ministro de Justicia solicitaron a las dos Cámaras "intensificar" las gestiones para la sanción de la ley que permitiría la libertad de los detenidos. Los abogados Martha Fernández y Rodolfo Yanzón reclamaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que plantee el caso ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y que requiera informes al gobierno argentino, que "ha hecho caso omiso a las recomendaciones". El vocero de los reclusos, Adrián Wittenberg, informó ayer que los partes médicos del pabellón sanitario de la cárcel de Villa Devoto dan cuenta del grave deterioro físico de Aguirre y Rodríguez. "Estado crítico", fue el diagnóstico común para los integrantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP). La semana pasada, los dos habían sido trasladados desde la Colonia Penal de Ezeiza a la cárcel de Devoto, para recibir allí atención médica especial. A pesar del grave estado de salud de varios de ellos, los trece detenidos decidieron el viernes último continuar con la huelga de hambre hasta que el Parlamento apruebe la norma que permita apelar la sentencia a cadena perpetua que les impuso la Justicia. Porque la Ley de Defensa de la Democracia, bajo la cual todos ellos fueron enjuiciados por el ataque al cuartel de La Tablada, no admite que los condenados puedan pedir la revisión de la sentencia. Desde hace tres años, la CIDH reclama al Estado argentino que cumpla en este caso con los pactos internacionales y la Constitución nacional. En concreto, esto significa que se modifique la ley ya referida, por ser inconstitucional y contraria al Pacto de San José de Costa Rica. Hasta ahora, el Gobierno, los diputados y los senadores �tanto del oficialismo como de la oposición� no han hecho demasiado para lograrlo. Los radicales no muestran demasiado interés por dar quórum, los justicialistas apuestan a que el Gobierno pague el costo de un indulto y el Gobierno, por su parte, sólo aprueba una solución parlamentaria.
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