Por Diego Schurman
En los papeles, un día peronista. Por la fecha. Por el sol que asomó en la tarde. Y por los protagonistas. En los hechos, una jornada sin muchos resultados para la CGT rebelde de Hugo Moyano, que tras un encuentro con Patricia Bullrich condicionó su participación en una mesa de consenso con la ministra de Trabajo y la desactivación de su plan de lucha a que se elevara el salario mínimo y se discutieran aspectos del modelo económico.
Fue el propio camionero, con su particular charme, el que buscó seducir a la �compañera Bullrich� desde el inicio de la reunión, apelando a toda la simbología peronista. Dijo estar a gusto con una funcionaria de extracción justicialista en el Ministerio de Trabajo, el de Juan Domingo Perón, justo un 17 de octubre, fecha en que se conmemora el Día de la Lealtad Peronista.
Hubo saludos, abrazos y recuerdos de otros tiempos. Pero cuando el folklore dio paso a la discusión de la coyuntura, entre la veintena de sindicalistas y Bullrich se vislumbró una enorme y profunda brecha. Durante tres horas y medias del encuentro, la CGT rebelde reiteró su rechazo a la ley de flexibilización laboral. Y, en consecuencia, se negó a participar de la reglamentación de la norma, que consideran ilegítima, ya que fue aprobada en medio de denuncias por supuesta compra de votos.
En ese marco, Moyano insistió en la necesidad de elevar el salario mínimo, vital y móvil, estancado en los 200 pesos desde 1993. La ministra
consideró que cualquier cambio había que hacerlo dentro de los actuales lineamentos económicos. Pero sobre el particular pidió paciencia hasta, al menos, terminar la ronda de consultas agendada para esta semana con sindicalistas y empresarios. Ni lerda ni perezosa, la CGT rebelde le recordó que ya existe una orden judicial que obliga a convocar al Consejo del Salario para tratar el tema.
Con un silencio sepulcral, la ministra acompañó cada una de la quejas sindicales por la �continuidad del modelo económico� instaurado por Carlos Menem. Y tampoco abrió la boca, aunque continuó tomando nota y largos sorbos de café, cuando los caciques gremiales se mofaron por un reciente decreto sobre la reglamentación del derecho de huelga, que pone coto a las protestas sindicales.
Bullrich pareció contestarles pocos minutos después cuando aseguró que su propósito es �fortalecer� a los sindicatos y también al Ministerio de Trabajo, al que consideró víctima de un proceso de desguazamiento durante los últimos diez años. Además, convocó a los gremios a participar de las inspecciones laborales ante la escasez de inspectores propios: 52 en Capital, 412 en todo el país.
La CGT rebelde aceptó esa oferta pero no olvidó acercarle otras, destinadas a reactivar el mercado interno y revertir la curva ascendente de la desocupación. Entre ellas figuran el aumento del salario mínimo, de las asignaciones familiares y la jubilaciones, y un plan de subsidios para desocupados.
La funcionaria se mostró interesada y aprovechó para cuestionar los planes Trabajar, recordando que existen grupos de personas que hace más de un lustro que reciben esa ayuda estatal de 200 pesos mensuales ya que, sin capacitación, no tienen manera de reinsertarse en el mercado laboral.
El mecánico José Rodríguez imaginó para la Argentina un sistema similar al de Estados Unidos, donde los trabajadores tienen una cuenta propia de donde extraer el dinero depositado por el Estado, sin la presencia de intermediarios, lo que evitaría el clientelismo político.
�Sería como una Banelco �concluyó el sindicalista, bribón, sacándole una sonrisa a Bullrich.
Repudio a la jubilación
Los profesionales de los hospitales bonaerenses realizarán durante esta jornada actos de repudio al proyecto de jubilación anticipada que será tratado mañana por la legislatura provincial. Las protestas se realizarán en el Hospital Rossi (La Plata), con la presencia del presidente de CICOP, Reynaldo Saccone; en el Hospital Eva Perón (San Martín), donde hablará el secretario general, Jorge Yabkowski; y en el hospital Vecinal Narciso López (Lanús), con el secretario gremial, Carlos Maúrtua. En los actos se exigirá, además, un aumento del 10 por ciento del presupuesto de salud para la cobertura de 500 cargos, la titularización del personal precario y el pago de salarios adeudados en los servicios de emergencia. |
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