�Este proyecto de Presupuesto lo podría haber redactado Roque Fernández (último ministro de Economía de Carlos Menem) o cualquier funcionario del Fondo Monetario. Sólo que después nosotros se lo cambiábamos�, fue el ácido comentario del justicialista Oscar Lamberto, formulado minutos antes de comenzar la reunión plenaria de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a la que concurrió el secretario de Hacienda, Mario Vicens, para defender el proyecto oficial. Claro que el principal cuestionamiento del PJ no es esa semejanza. Los opositores le apuntan a la poca consistencia que tendría la propuesta oficial, basada en un déficit presuntamente menor al real. Pero el mayor problema para José Luis Machinea son las críticas que proliferan en las propias huestes oficialistas. Un diputado de la Alianza llegó a inquietarse, por ejemplo, por el intento de borrar las ventajas fiscales de la Patagonia. Todos, con la intención de tocar los fondos de las provincias.
En rigor, la nota distintiva de la discusión, que formalmente comenzó ayer en el Congreso, es el divorcio entre los legisladores de la Alianza y la iniciativa girada por el Poder Ejecutivo. La sorpresa de la jornada parlamentaria fue la economista radical Beatriz Nofal, quien empezó recriminando a Economía no utilizar ningún instrumento para estimular la inversión privada �omitiendo la promoción regional que ella fogonea� y criticó el débil control sobre los precios de transferencia, que debería permitir cobrar a las multinacionales impuestos que terminan derivados a paraísos fiscales o recaudan otros fiscos.
Pero lo que hizo descollar a la legisladora fue su propuesta para reactivar la economía. �Hay que alentar el consumo y para ello es importante reconsiderar la baja salarial (en el sector público) y suavizar el aumento de Ganancias sobre sectores asalariados. Esta baja en la recaudación podría cubrirse subiendo el IVA al cable al 21 por ciento. ¿Qué sentido tiene subirlo sólo al 13?�, arremetió Nofal, ubicándose en la vereda opuesta a la del Gobierno de su signo. 
Más previsible fueron las dudas o críticas expresadas por los frepasistas. José Luis Lanza se preguntó por qué Economía no elegía mantener el impuesto a las Altas Rentas, que procuran al fisco 150 millones de pesos anuales, en lugar de sostener el recorte salarial a los agentes estatales. Más enérgico, el santacruceño Rafael Flores cuestionó la intención de recortar de 100 a 60 millones los recursos para subsidiar el consumo de gas patagónico tanto como la de gravar con la mitad del ITC a las naftas de esa región, que hoy están exentas. 
Fueron varias las voces alzadas para defender las ventajas fiscales de la Patagonia, prerrogativa que el Gobierno anterior nunca consiguió rebanar. En el caso del consumo de gas, Flores recordó que con tarifa plena, una familia debería pagar 400 pesos mensuales para el vital combustible, monto exorbitante para el nivel de ingresos sureño. Pero los argumentos son menos endebles a la hora de defender la subvención sobre las naftas.
Nadie niega que mucho combustible patagónico se vende desgravado al norte del río Colorado, maniobra por la que se evaden millones de pesos por año. Para frustrarla, Economía incluyó en el proyecto de Ley Antievasión un artículo que pretendía limitar la cantidad de nafta exenta a comercializar por cada estación de servicio. Pero los senadores no lo convalidaron y los diputados del PJ no están dispuestos a dar los dos tercios necesarios para vulnerar la voluntad de la otra Cámara.
También genera ruido la intención de Economía de permitir que sólo la mitad del Fondo del Tabaco se pueda utilizar para subsidiar a los productores tabacaleros cambiando, además, la forma de prorratear este beneficio. Las provincias del Norte y las mesopotámicas se resisten tanto como los productores involucrados.
�Los gobernadores se dieron cuenta de que este Presupuesto les mete la mano en el bolsillo y así nunca puede ser votado�, advirtió Lamberto en público. Vicens había asegurado poco antes que el ajuste del Presupuesto recae en forma �equilibrada� entre la Nación y las provincias, ya que el grueso del sacrificio fiscal va en detrimento del Tesoro.
En la oposición hay sospechas de que el Gobierno está subejecutando partidas de Presupuesto actual que engrosarán los gastos en el 2001, obligación que no estaría calculada en el proyecto. También inquieta la sospecha de que la Nación esté reteniendo 150 de los 400 millones de ATN, recursos que deberían ser utilizados para asistir al interior.
Sin embargo, las intervenciones justicialistas de ayer fueron moderadas. �¿Para qué gastar artillería si se están matando entre ellos?�, reflexionaban los hombres del bloque opositor, quienes quedaron más cerca de José Luis Machinea que los de la propia tropa radical.

LOS GOBERNADORES DE LA ALIANZA SE DISCIPLINARON
De la Rúa convoca a su tropa

Fernando de la Rúa logró encolumnar ayer a todos los gobernadores de la Alianza detrás del Presupuesto del 2001. La forma en que lo consiguió fue mediante el compromiso de avanzar con las obras que contempla en cada provincia el Plan Nacional de Infraestructura diseñado por el ex ministro Nicolás Gallo. Los mandatarios provinciales le retribuyeron el gesto: salieron en bloque a advertir que sus pares peronistas critican el Presupuesto porque �están en campaña� y los acusaron de haber dejado el país �en ruinas�.
El aval de los gobernadores aliancistas se consiguió durante una reunión en la que participó la primera línea del Gobierno. De la Rúa recibió a los mandatarios y después los dejó con el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo; los ministros de Economía, José Luis Machinea, y de Interior, Federico Storani; el secretario general de la Presidencia, Carlos Becerra; y el de Provincias, Walter Ceballos.
La jerarquía de los funcionarios que estuvieron en el encuentro demuestra el interés que la Casa Rosada le asignaba a esa reunión. Con la Alianza en crisis y el PJ en contra del Presupuesto, De la Rúa necesita el respaldo de los gobernadores aliancistas, cuya asistencia fue perfecta: Angel Rozas (Chaco), Sergio Montiel (Entre Ríos), Roberto Iglesias (Mendoza), Alfredo Avelín (San Juan), José Lizurume (Chubut), Pablo Verani (Río Negro) y Oscar Castillo (Catamarca). También estuvieron Aníbal Ibarra y el interventor de Corrientes, Ramón Mestre.
La reunión también era importante para los gobernadores, que apuestan a las obras del Plan de Infraestructura como motor para la reactivación en sus distritos. Ante los temores tras el alejamiento de Gallo los funcionarios nacionales se comprometieron a continuar con el plan.
Con las cuentas claras y la explicación del Gobierno de que �hay que ser realistas�, los aliancistas se abroquelaron frente a los embates del peronismo. Rozas admitió que �el Presupuesto no termina de conformarnos en un ciento por ciento�, pero advirtió que se trata de la �ley que marca el programa de Gobierno y hoy el presidente es De la Rúa�. Iglesias, más directo, señaló que �no estamos en campaña, los gobernadores peronistas sí�. Y Verani fue todavía más duro: no sólo atribuyó fines electorales a sus pares del PJ, sino que además irónicamente los �felicitó por todo lo que hicieron� y los acusó de �dejarnos a la Argentina en la ruina�.

Los provinciales en contra

Los legisladores de partidos provinciales le expresaron ayer a José Luis Machinea su �absoluta negativa� a votar la ley de Presupuesto de 2001 con recortes a subsidios a varios distritos del interior, en especial de la Patagonia. El Interbloque Federal, que integran catorce diputados de distintas agrupaciones políticas provinciales, estuvo reunido ayer durante tres horas con Machinea y el secretario de Hacienda, Mario Vicens. El resultado del encuentro fue claramente desfavorable para el ministro de Economía, quien no logró convencer a los diputados a que sancionen el proyecto oficial. 
Ante ese estado de situación, Machinea se manifestó �dispuesto a escuchar alternativas razonables� para evitar la eliminación de los subsidios, aunque lo condicionó a �que se mantenga el déficit de 4100 millones de pesos estipulado por la ley de solvencia fiscal�.
La negativa a aprobar la ley tal como la presentó el Gobierno fue anticipada por el presidente del Interbloque Federal, el demócrata mendocino Carlos Balter. �Seremos inflexibles� en el rechazo a los recortes de subsidios, sentenció. �Nos preocupa que el esfuerzo y los recortes recaigan sobre las provincias y en el sector universitario�, añadió Balter, quien sostuvo que si bien el Presupuesto merece un �tratamiento rápido, nuestra posición es inflexible�. Balter también dijo que Machinea debería estudiar la posibilidad de facilitar a las provincias la recaudación directa de algunos impuestos.

Cómo ahorrar mil millones sin 
podar salarios ni subir impuestos

El debate del Presupuesto 2001 en el Congreso se concentra, como todos los años, en la discusión en el reparto de fondos entre Nación y provincias, representadas estas últimas por gobernadores, senadores y también diputados. También entran en la puja intereses económicos de toda índole, afectados por el recorte de subsidios o la suba de impuestos (ver nota aparte). Sin embargo, brillan por su ausencia propuestas para mejorar la asignación de recursos presupuestarios y lograr ahorros concretos en las cuentas públicas. Según el diputado frepasista Enrique Martínez, si el Gobierno se planteara otra estrategia para administrar sus finanzas, sin desviarse del objetivo de honrar sus compromisos externos, sería posible evitar la poda salarial para empleados públicos que ganan más de 1000 pesos, que se mantendrá el año venidero, y que según los expertos fue la señal que terminó de quebrar la confianza de los consumidores, prolongando la recesión. 
Martínez recibió ayer el visto bueno del jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, para su proyecto de transparencia impositiva: si la recaudación aumenta más de lo previsto, el Gobierno se comprometería a rebajar el impuesto a la renta presunta y a los intereses pagados por las empresas.
El principal condicionante del Presupuesto 2001 son los 11.159 millones de dólares que deberá pagar el Estado en concepto de intereses de la deuda externa. Son 1600 millones más que este año y representan más del 20 por ciento del Presupuesto total de Gobierno. Sobre la base de este dato y del hecho de que el déficit fiscal deberá reducirse en 1200 millones de dólares, Economía construyó toda la arquitectura presupuestaria. Para cubrir ese �bache� de 2800 millones de pesos, Machinea propone mantener el recorte de salarios públicos (lo cual significa un ahorro de 700 millones anuales), en tanto que espera que el resto lo aporte el aumento de la recaudación, gracias a una disminución de la evasión, pero fundamentalmente como consecuencia del crecimiento de la economía. 
Martínez muestra cifras más que interesantes. Por ejemplo: 
Que las reservas líquidas del Banco Central (unos 28.700 millones de dólares) �rindieron� el año pasado en promedio sólo 4,5 por ciento anual, es decir, unos 1000 millones de pesos. Si se hubiese conseguido por esos depósitos una tasa del 6,8 por ciento anual (la tasa Libo para los depósitos a seis meses), entonces se habrían ganado 650 millones más en concepto de intereses devengados por las reservas. 
El Banco Central concedió el año pasado a 23 bancos internacionales la administración de una porción de las reservas (unos 5 mil millones de pesos), por las cuales recibió una tasa de interés promedio bajísima: sólo 3,6 por ciento anual. Muchos de esos bancos, a su vez, le prestaron al Gobierno los 12 mil millones que debió tomar el año pasado, por lo cual el país no recibió ningún trato especial, a tasas superiores al 10 por ciento. 
Según el diputado del Frepaso, el Gobierno podría sacar un doble provecho si revisara esos mecanismos de financiamiento. Por un lado, mejorando la colocación de reservas a tasas más convenientes, podría ganar ingresos adicionales por 600 millones anuales. Por el otro, si se diseñara un sistema de garantía de la deuda argentina, con activos tales como las propias reservas o los fondos fiduciarios oficiales, entonces podría disminuir sensiblemente la tasa pagada por el Estado. Esa reducción del costo de la deuda podría ser de 200 millones de dólares el año próximo, pero a más largo plazo el horizonte de ahorro sería mucho mayor. 
Otra propuesta basada en una mejora de las tasas que paga el Estado es darle la prioridad de tomar prestado los 3500 millones anuales de la recaudación que van a las AFJP a tasas de entre 6 y 8 por ciento, que son la rentabilidad que logran éstas invirtiendo los fondos en bancos locales y extranjeros. Así, el Gobierno no tendría que salir a pedir esos recursos en el mercado internacional, por lo cual llega a pagar tasas del 12 por ciento, y se ahorraría sólo el año próximo otros 200 millones.

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