Al grito de �¡Actuá ya!, tortura nunca más�, militantes de derechos humanos rodearon ayer el Palacio de Tribunales con una gigantesca bandera con la leyenda �Ignorar la tortura es ser cómplice�. Fue al mediodía, cuando Amnistía Internacional lanzó en Buenos Aires una campaña mundial contra la tortura, que fue presentada en forma simultánea en distintos puntos del planeta. Durante el acto, la entidad dio a conocer un durísimo documento sobre la situación en Argentina: sin medias tintas, denunció que en el país siguen registrándose torturas, abusos y posibles ejecuciones extrajudiciales de parte de la policía y expresó su �preocupación� porque las autoridades argentinas �no parecen haber tomado acción efectiva para erradicar su práctica�. El organismo, además, acusó al Estado nacional de sostener una política de �impunidad� sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado, al no derogar las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que impiden juzgar a represores y depurar las fuerzas armadas, de seguridad y policiales.
El lanzamiento de la campaña tuvo lugar en la Plaza Lavalle, donde se montó una carpa blanca. La diputada socialista chilena Isabel Allende, hija del ex presidente Salvador Allende, fue la encargada de abrir el acto. �Estamos muy preocupados por el aumento de las denuncias por torturas en comisarías bonaerenses y por las declaraciones del gobernador Ruckauf en el sentido de que la Argentina debe abandonar el Pacto de San José de Costa Rica�, dijo a Página/12 Marcelo Avila, titular de la oficina local de Amnistía Internacional.
La campaña lanzada ayer tendrá un año de duración y se irá implementando en cada país en acuerdo con las organizaciones locales vinculadas a los derechos humanos.
En cuanto al informe elaborado por la entidad, presentado ayer, en el capítulo argentino se detalla que �se recibieron informes sobre torturas y malos tratos infligidos a detenidos en las comisarías, así como homicidios cometidos por la policía en circunstancias que indicaban posibles ejecuciones extrajudiciales o como se ha denominado en este país, muertes por �gatillo fácil��. Amnistía Internacional reclamó al Estado argentino que �introduzca y aplique� las reformas necesarias y demuestre �la voluntad política requerida para establecer claramente que las violaciones a los derechos humanos no son toleradas en la República Argentina�.
En el informe, AI destacó que la política del Estado en materia de orden y seguridad �favorece� el accionar de las fuerzas policiales para arrestar personas �sin las debidas garantías�, lo que ha �facilitado� la tortura bajo custodia. Además, la entidad cuestionó que las fuerzas de seguridad y policiales hayan sido provistas de todo tipo de armamento �sin la suficiente capacitación para su uso como tampoco sobre las circunstancias en que debe actuar el funcionario encargado de hacer cumplir la ley�.
Entre los ejemplos de �impunidad� reflejados en el documento, AI menciona el caso de uno de los policías sentenciados a cadena perpetua por la desaparición del estudiante Miguel Bru que se encuentra en libertad tras apelar su condena. La organización también expresó su preocupación por �una nueva oleada de amenazas y acoso� a los defensores de derechos humanos, entre ellos abogados y miembros de Abuelas de Plaza de Mayo y de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. En otro orden, pidió la �libertad inmediata y sin restricciones� del preso �de conciencia� fray Antonio Puigjané, preso por el ataque a La Tablada, y que se establezca la doble instancia judicial para los condenados por ese hecho.
A nivel mundial, AI determinó que en los últimos tres años se han comprobado torturas en más de 150 países, en 80 de ellos incluso se registraron víctimas mortales por esas prácticas. Desde Londres, el secretario general del organismo, Pierre Sané, exigió ayer la creación de un tribunal penal internacional ante el cual las víctimas de tortura puedan pedir protección y que juzgue a los torturadores.
Entre Pinochet y el Plan Colombia
En muchos países latinoamericanos �se tortura a diario a una multitud de hombres, mujeres y niños, pese a que las leyes lo prohíben�, denunció ayer Amnistía Internacional (AI) en el lanzamiento regional de su campaña mundial contra la tortura. �El porcentaje de casos en que se investigan y castigan prácticas como la brutalidad policial (documentada en Brasil, Ecuador, El Salvador, Haití, Jamaica, Nicaragua y Venezuela), la tortura y los malos tratos a detenidos y presos (Belice, Bolivia, Brasil, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay y Perú) y el hostigamiento a defensores de los derechos humanos (Bolivia, Chile, Colombia, México) con frecuencia está por debajo del límite aceptable�, señala el documento.
Los países de la región con conflictos abiertos quedaron en el centro de las consideraciones de AI. En Colombia �hay malos tratos que infligen los agentes del Estado en las operaciones de contrainsurgencia�, y preocupa particularmente el Plan Colombia impulsado por Washington y Bogotá. AI denunció que la �ayuda a los derechos humanos que propone es inadecuada y en su mayor parte está mal encauzada por su carácter esencialmente militar�. Perú también entró en la lista roja porque �siguen los informes constantes que acusan a las Fuerzas Armadas y a la policía de tortura y malos tratos�. En el caso de Guatemala, AI se basó en un informe publicado en febrero sobre 42 mil casos de violaciones a los derechos humanos para denunciar que el ejército y sus �fuerzas auxiliares� corren con la responsabilidad del 93 por ciento de los crímenes cometidos durante décadas de guerra civil.
Chile, en cambio, mereció la atención de AI por sus buenas labores en el caso Pinochet, cuya situación judicial desatada con su desafuero es �un contundente mensaje contra la impunidad�. Un dato llamativo fue la divulgación de una encuesta según la cual un francés de cada cuatro piensa que la tortura es aceptable en �casos excepcionales�. |
UN PRESO INICIO UNA HUELGA DE HAMBRE EN PROTESTA
Siete años tras las rejas sin condena
Luis Alberto Santillán está preso y espera. Hace siete años fue detenido por asaltar una sucursal del Deutsche Bank en la localidad de San Martín. La causa permanece estancada en la Sala III de la Cámara de Apelaciones de Mercedes, sin juicio ni sentencia. En junio de este año, Santillán había solicitado la eutanasia al Juzgado de Ejecución Penal número 3, para terminar con el sufrimiento que le provoca esta incertidumbre. Ante la negativa del juzgado, ha tomado otra decisión: �Voy a hacer huelga de hambre hasta morirme�.
Tras ser detenido en octubre de 1993, Santillán fue procesado por el robo de la sucursal Núñez del Banco Galicia y condenado a 10 años y 6 meses de reclusión. Actualmente cumple su condena en el pabellón de máxima seguridad del Complejo Federal de Ezeiza. Por el asalto al Deutsche Bank nunca fue juzgado.
La instrucción fue trasladada a Mercedes porque otro de los imputados por el robo �Daniel Osvaldo Florio� tenía una causa anterior por lesiones. En 1998, el fiscal y el abogado de Santillán presentaron pruebas y solicitaron fecha de iniciación del juicio oral. Desde ese entonces, no han tenido novedades.
Consultada al respecto, la abogada Andrea Triolo, asesora de la Procuración Penitenciaria Nacional, señaló que detrás de este caso �se esconde la irresponsabilidad del Estado, que no actúa en tiempo y forma� en la resolución de las causas. Y agregó: �El Código de Procedimientos bonaerense no señala un tiempo máximo para que un acusado permanezca sin condena. Sólo dice �un plazo razonable�, pero siete años no es un �plazo razonable� para nadie�.
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