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 La Corte Suprema de Justicia convalidó ayer el recorte salarial a los empleados públicos, impuesto por el Gobierno por medio de los decretos 430 y 461/2000. A través de una resolución que no fue votada por todos sus miembros, el máximo tribunal dejó sin efecto una medida cautelar de la Cámara Nacional del Trabajo que ordenaba al Ejecutivo pagar los sueldos sin descuentos hasta que la Justicia resolviera la cuestión. De esta manera, quedó clausurada definitivamente una de las estrategias jurídicas de los empleados públicos afectados por la poda del 12 por ciento para los que cobran más de 1000 pesos y del 15 para los que superan los 6500 pesos. Aunque todavía están pendientes los planteos de inconstitucionalidad, la resolución permite prever otro fallo adverso para los estatales.Por la mañana, gracias a un acuerdo extraordinario entre los ministros, el máximo tribunal declaró �admisible� el recurso extraordinario que había presentado el procurador general del Tesoro, Ernesto Macer. La medida fue tomada en una demanda promovida por la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Apinta), afiliada a la CGT rebelde, pero es aplicable a todos los expedientes en los que se hayan dictado medidas cautelares contra la aplicación de los decretos de recorte salarial. A pesar de que no es frecuente que la Corte se expida sobre cuestiones preventivas, esta vez los ministros decidieron hacerlo y se pronunciaron a favor del Ejecutivo. �Son los mismos jueces de la servilleta de Corach�, acusó el secretario general de la CGT rebelde, Hugo Moyano, al enterarse de la novedad en Tribunales. Luego anunció que la central sindical presentará una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y �profundizará� sus reclamos en la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), en tanto, la resolución de la Corte no sorprendió a nadie. El abogado Horacio Meguira, uno de los demandantes en el juicio ATE c/Estado Nacional, opinó que el fallo �blanquea la situación de incumplimiento del Poder Ejecutivo, de la obligación del pago de los salarios sin el descuento�. Es que la medida cautelar de la Cámara del Trabajo nunca fue respetada por el Ejecutivo, que continuó abonando los sueldos con las rebajas de 12 y 15 por ciento, a pesar de que los camaristas habían ordenado lo contrario. La resolución a favor de los recortes no fue votada por todos los miembros del máximo tribunal. Según fuentes tribunalicias, el resultado de la votación fue 6 a 3. En forma positiva lo hicieron, entre otros, Julio Nazareno (presidente) y los ministros Eduardo Moliné O�Connor, Carlos Fayt y Guillermo López. Pero para la Corte lo más importante aún está por venir, porque todavía está pendiente de resolución el debate judicial acerca de si los decretos firmados por Fernando de la Rúa respetaron la letra de la Constitución. Sobre ese tema, el 15 de setiembre último, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó una sentencia definitiva sobre �la inconstitucionalidad� de los decretos 430 y 461 que establecieron la rebaja salarial a los trabajadores estatales. Aunque la última instancia para resolver el asunto lo tiene la Corte Suprema. Para los abogados de los sindicatos que iniciaron juicios contra los decretos, las expectativas no son muy favorables. Al contrario, según ellos, el máximo tribunal aprobará las medidas del Ejecutivo. �Esto es el presagio de lo que la Corte va a hacer sobre el fondo de la cuestión, es decir, sobre la inconstitucionalidad de los decretos�, afirmó ayer Meguira, de ATE, a Página/12. Mientras tanto, en la Procuración General de la Nación, a cargo de Nicolás Becerra, ya hay más de cuarenta juicios iniciados contra los descuentos que esperan el dictamen del Ejecutivo. Hace quince días, el máximo tribunal le pidió a Becerra que elaborara una solución de fondo para el problema. El procurador confía en terminar todo �para Navidad�. Recién entonces llegará el turno de la Corte.
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