| Por Laura Vales
 Enrique Lautaro Arancibia Clavel se pasó el día mascullando su bronca por lo bajo. Por primera vez desde que empezó el juicio oral por el asesinato del ex jefe del Ejército chileno Carlos Prats y su esposa, en la sala de audiencias se escuchó a testigos calificados que no dejaron dudas sobre la ligazón del ex agente con la Dirección Nacional de Inteligencia Chilena (DINA). El primero en apuntarlo fue un experto de la policía de investigaciones de Chile, Rafael Castillo Bustamante. El hombre sabía de qué estaba hablando: investigó para la Justicia de su país los crímenes cometidos por los servicios chilenos en el exterior y logró interrogar en los Estados Unidos a Michael Townley, el asesino confeso de Prats y su mujer. �Townley me aseguró que Arancibia Clavel era el nexo de la DINA con Buenos Aires�, le dijo ayer al Tribunal. Arancibia, que hasta entonces se había hecho el desentendido fingiendo leer un recorte periodístico, le lanzó una mirada torva y murmuró un insulto. No fue el único que murmuraría durante la jornada.
El policía chileno entró a la sala de audiencias al mediodía, con un traje gris de civil y una memoria minuciosa. Explicó que su trabajo consistió en investigar el asesinato de Orlando Letelier. Y que a raíz de ese caso fue desenmarañando cómo funcionaron y operaron los servicios chilenos que durante la dictadura de Augusto Pinochet desembarcaron en los Estados Unidos, Italia, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina.
�Existía una DINA que operaba dentro de Chile y otra externa que fue mucho más secreta�, relató Castillo. �Una organización reducida, de unos 35 agentes�, a la que, entre otras cosas, el gobierno chileno proveía de �documentos y pasaportes perfectamente legales, pero con identidades falsas� y que planificó los asesinatos de los opositores a Pinochet en el exilio. Los hombres de la DINA externa también armaron una operación por la que los cuerpos de ciudadanos chilenos asesinados por el régimen aparecieron en territorio argentino, junto con una campaña de prensa destinada a mostrarlos como víctimas de un enfrentamiento interno entre integrantes del MIR. Una de las figuras claves de esa operación fue Arancibia Clavel, según se desprendió ayer del testimonio de Castillo y de una serie de memos firmados por el ex agente de inteligencia.
Castillo reconstruyó para el jurado su interrogatorio a Michael Townley, el servicio que confesó haber armado y colocado en Buenos Aires la bomba que hizo estallar al auto de Prats. El policía recordó que, cuando entrevistó a Townley, ya contaba con una serie de pericias que prueban que el explosivo utilizado para ese crimen fue casi idéntico al que se usó en el asesinato de Prats. Y que por eso le preguntó sobre el tema a Townley.
Entonces fue cuando el ex agente, que hoy vive en los Estados Unidos bajo la protección del FBI, contó algunas cosas. Entre ellas, que Arancibia Clavel había sido �el nexo de la DINA en Buenos Aires�. �En Argentina la DINA Exterior tenía sólo dos agentes�, especificó Castillo. Y agregó que Arancibia estaba en Buenos Aires desde mucho antes del asesinato de Prats. Un segundo policía chileno, que trabajó con Castillo en el caso Letelier, coincidió en estos datos centrales. Se trata, precisamente, de los dos puntos en los que el acusado, que afronta los cargos de asociación ilícita y doble homicidio agravado, basa su estrategia de defensa.
Desde 1996, cuando fue arrestado, Clavel repite dos cosas: que �nunca� perteneció �a un servicio de información� y que no estaba en Buenos Aires cuando Prats y su mujer fueron asesinados.
Otro de los testigos de la jornada fue Mónica González, autora de una investigación sobre el caso Prats. La periodista chilena brindó nuevos elementos que vinculan a Arancibia Clavel con la DINA y soportó la embestida de su defensor, que intentó a toda costa, pero sin éxito, que revelara quiénes fueron los ex agentes chilenos que le brindaron información.
| �La gran pequeñez mental�
La sexta jornada del juicio oral tuvo un testigo sorpresivo. Isabel Allende, hija del ex presidente Salvador Allende y actual diputada, fue convocada por el Tribunal para detallar el contenido de dos cartas que Prats escribió un mes antes del atentado. Allende tenía consigo una de ellas, dirigida a la viuda del ex vicepresidente chileno José Tobá, también víctima de la persecución pinochetista tras el golpe de Estado.
En esa carta, Prats subrayó que la �traición� de Pinochet no tenía �parangón en la historia chilena� y remarcó �la gran pequeñez mental� y la �perversidad espiritual� del dictador. También le aseguró que esperaba con todas sus fuerzas que los militares chilenos se dieran cuenta de que habían sido �engañados� y se habían convertido en �verdugos�.
�Prats siempre representó un peligro potencial para Pinochet�, sostuvo Allende cuando le preguntaron si conocía los motivos del asesinato. �Era un hombre muy respetado dentro de las fuerzas armadas. Y tenerlo afuera del país representaba si no un peligro, al menos una molestia.�
Horas antes el cuñado del general asesinado, Harold Martín Cuthbert, había recordado cómo los Prats intentaron inútilmente que el gobierno chileno les enviara sus pasaportes para poder salir del país. �Les prometían que los recibirían en unos días, pero nunca se los dieron�, sostuvo Cuthbert. �La intención de Pinochet fue mantenerlos en Buenos Aires; la razón de esto �concluyó, aludiendo al atentado� la conocemos.� |
LAS HIJAS DE PRATS QUIEREN EXTRADITAR AL DICTADOR
Para sentar a Pinochet en el banquillo
Las hijas del general chileno Carlos Prats y Sofía Cuthbert pidieron a la Justicia argentina la extradición del ex dictador chileno Augusto Pinochet por su responsabilidad en el atentado en el que fueron asesinados el ex jefe del Ejército chileno y su esposa, el 30 de setiembre de 1974 en Buenos Aires. La solicitud de las hijas de Prats apunta no sólo a Pinochet, sino también a otros cuatro militares �que ocuparon la conducción de la DINA� y dos civiles, presuntos agentes de la policía secreta chilena. La jueza María Servini de Cubría, que ya había decidido indagar al dictador, deberá decidir si da curso al pedido.
La abogada chilena Pamela Pereyra, representante de las hijas del matrimonio asesinado junto a Luis Moreno Ocampo, argumentó su solicitud �en el cúmulo de antecedentes probatorios que demuestran que (los acusados) integraban una asociación ilícita, que se radicó en la DINA y que actuó en la planificación y en la operatividad del atentado�. Y fundamentó su petición en �la Convención de extradición suscripta tanto por Chile como por la Argentina�.
Además de Pinochet, la familia Prats reclamó la extradición del general retirado Raúl Iturriaga Neumann, señalado como el jefe del servicio exterior de la DINA (policía secreta chilena) y de los brigadieres generales Manuel Contreras, Pedro Espinoza �ambos condenados en Chile por el crimen del ex canciller Orlando Letelier� y a José Luis Zara, todos altos mandos en la jefatura del organismo de espionaje. También se exigió la extradición de Jorge Iturriaga Neumann, un civil hermano del jefe militar, y de Mariana Callejas, esposa del estadounidense Michael Townley acusada de ser la agente de la DINA que activó la bomba que terminó con la vida de Prats y su mujer.
Mientras se lleva a cabo el juicio oral contra Enrique Lautaro Arancibia Clavel, un agente de la DINA que participó en el atentado, la jueza federal María Servini de Cubría, que continúa con la investigación del asesinato de Prats, tendrá que tomar la decisión de iniciar o no los trámites de extradición. La magistrada, que actualmente está de licencia, ya había decidido citar a declaración indagatoria al dictador chileno pero, hasta ahora, nunca fijó la fecha de esa comparecencia. La abogada Pereyra manifestó que �es una necesidad que los acusados comparezcan en el proceso y por lo tanto se requiere que, dada la calidad de imputados que tienen todos ellos en esta causa, la jueza dicte sus procesamientos y materialice las extradiciones�.
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