 El personal de la administración pública podrá ser removido de sus funciones. Se abrirá un registro de retiros voluntarios. El Estado podrá saldar deudas previsionales con bonos a 10 años, y con proveedores y militares con títulos a 16 años. También podrá anular todos los contratos, incluidos los de las privatizaciones de teléfonos, peajes, agua y ferrocarriles, firmados antes del 10 de diciembre de 1999. Estos son los aspectos centrales de la ley de Emergencia Económica, que ayer sancionó la Cámara de Diputados. El Gobierno consiguió finalmente disponer de un instrumento que considera clave para poner en caja varios puntos de la administración. La ley fue pensada para cerrar grifos de gastos que podrían complicar su gestión. Y para resolver cuestiones pendientes heredadas del menemismo.
La poderosa herramienta alcanza tanto a los empleados públicos, quienes estarán sujetos a un régimen laboral flexibilizado, como a varias privatizadas, que podrían perder la explotación de los servicios concesionados. Sin embargo, en este último punto, José Luis Machinea ya descartó que vaya a utilizar las facultades otorgadas por el Congreso para hacer una revisión global de las privatizaciones. De hecho, en el proyecto original del Gobierno se excluyó expresamente a las privatizadas del grupo de contratos que el Poder Ejecutivo podría anular.
No obstante, primero el Senado y ayer Diputados modificaron este punto: incluyeron los contratos de las privatizadas no regulados por ley �es decir todos, salvo los de gas y electricidad� entre los pasibles de anulación. El Gobierno puede hacer uso o no de esa concesión. Es posible que la utilice como medio de presión en las negociaciones con los concesionarios de rutas nacionales por peajes, Siemens �por la confección de los DNI� y las empresas que explotan los ferrocarriles. Todas estas áreas están siendo renegociadas por el Poder Ejecutivo. Con la ley en la mano, Machinea podrá advertir a las empresas que si no ceden en sus posiciones, el Gobierno estará habilitado a cancelar los contratos.
La ley de Emergencia Económica establece que todos los contratos, sean de obra, servicios, suministros o consultoría, celebrados antes del 10 de diciembre de 1999, pueden ser revocados. El Gobierno buscó con este punto liberarse las manos para revisar los contratos firmados por el menemismo, bajo sospecha de que habría varios demasiado onerosos o, simplemente, sin justificación. El Gobierno tiene un plazo de 60 días desde la promulgación de la ley para observar todas las contrataciones, aunque deberá justificar las razones de aquellos que vayan a ser anulados.
Otro capítulo central de la ley es el que dispone la cancelación de deudas públicas mediante bonos. Machinea lo pidió para evitarse tener que pagarlas en efectivo, lo que podría desquiciar las cuentas fiscales. De allí que las deudas previsionales acumuladas entre el 31 de agosto de 1992 hasta el 1ª de enero de 2000 se saldarán con títulos a diez años. Y las que el Estado mantiene con proveedores y militares, contraídas entre el 31 de marzo de 1991 y el 1º de enero de 2000, se liquidarán con bonos a 16 años. En el primer caso, diputados de la Alianza que difieren con Economía respecto a la política previsional en general, estuvieron de acuerdo con Machinea en la emisión del bono. Sostienen que, de ese modo, se reactualizarán los haberes de los jubilados, aunque deban esperar diez años para cobrar deudas anteriores.
Un tercer capítulo está referido al régimen laboral en el sector público. Por vía de la ley de Emergencia Económica, el Gobierno se adjudicó la posibilidad de remover a los empleados de sus funciones y adjudicarles otras, aunque dentro de la zona de su residencia. Asimismo, se abrirá un registro de retiros voluntarios. El pago de las indemnizaciones será atendido mediante el Fondo de Reestructuración Organizativa creado por la ley de Presupuesto para 2001.
El proyecto que el Poder Ejecutivo envió al Congreso sufrió una modificación en el Senado que desagradó profundamente a Machinea. Fue la creación del �Brady provincial�, por el que se refinanciaban las deudas delos distritos del interior, tal como hizo la Nación a principios de los �90 con el Plan Brady. Sin embargo, Diputados rechazó ayer ese cambio y dejó la ley a gusto de Machinea.
APROBACION EN GENERAL DEL PLAN INFRAESTRUCTURA
Diputados dio el primer paso
Dos semanas después que su autor, el ex ministro de Infraestructura Nicolás Gallo, fuera expulsado del Gobierno, Diputados aprobó en general el proyecto de ley que crea un fondo fiduciario para costear obras públicas. La discusión en general fue postergada hasta el próximo jueves, fecha para la cual el justicialismo se comprometió a tener definido un criterio acerca de qué papel le reservarán las futuras licitaciones a las constructoras nacionales. Aunque falta este paso fundamental, el ministro de Economía, José Luis Machinea, convocó ayer a una conferencia de prensa para �mostrar su satisfacción�.
La ley crea un fondo de garantía estatal para que las empresas a las que se les adjudiquen obras puedan conseguir financiamiento contra aquel aval o para darles certidumbre acerca del pago. Las obras comenzarán a pagarse en cuotas después de concluida su ejecución, con lo cual los emprendimientos empezarán a impactar en las cuentas públicas a partir del 2002.
Pero lo que generó más polémica hasta el momento fue la intención oficial de reservar los emprendimientos para las empresas nacionales. A instancias de los diputados aliancistas, este artículo fue modificado en un dictamen, de modo tal que esa reserva funcionará sólo para obras de hasta 45 millones de pesos. Por encima de ese monto, podrán participar constructoras extranjeras, aunque asociadas en uniones transitorias a firmas locales.
Tal como ayer lo dejó en claro en el propio recinto el diputado Arturo Lafalla, el justicialismo aún no consiguió neutralizar sus diferencias en torno a ese punto. Dentro de la bancada hay defensores del capital nacional, mientras que otros son partidarios de una apertura total al capital extranjero �tal como postulaban originalmente los diputados del Frepaso Ricardo Vago y Alejandro Peirou�. Quienes levantan esa bandera aseguran que esa apertura permitiría bajar costos por efecto de la mayor competencia entre las empresas y por la posibilidad de que las firmas de otros países coticen a un precio más bajo, debido a que acceden a un financiamiento más barato.
Para Machinea, el esquema mixto postulado por los legisladores es razonable, ya que el grueso de las obras está por debajo de los 45 millones de pesos y, por lo tanto, las constructoras nacionales tendrán garantizado su lugar de privilegio. Pero salvo este punto, la Alianza confía en que no encontrará escollos para lograr la aprobación en particular la semana próxima, entre otras razones, porque también contaría con el guiño de Acción por la República para avanzar con el proyecto. Tal vez el principal anzuelo para seducir a los justicialistas es el anexo que define como prioritarias unas setenta obras que Gallo llegó a consensuar con el Simop, integrado por los ministros de Economía provinciales.
El combate contra la evasión ya tiene
arma, pero habrá que saber usarla
El Ejecutivo contará a partir de ahora con un poderoso instrumento de combate contra la evasión, si logra darles efectividad a los mecanismos de control que deberá crear para implementarlo. La ley votada ayer en Diputados dejó de lado, en cambio, el levantamiento del bloqueo fiscal de los últimos diez años sobre empresas o individuos a los que se les detecten casos de evasión. En cambio, puso en vigencia la obligación de efectuar todo pago superior a los 10 mil pesos a través de un instrumento financiero: cheque, giro bancario o tarjeta de crédito.
La pretensión de la nueva ley es fijar severos controles sobre el contrabando de cigarrillos, comercialización y faenamiento de hacienda, cualquier operación por más de 10 mil pesos, venta de combustibles exentos fuera de la región favorecida y adulteración de naftas mediante la mezcla de solventes. Pero cada uno de ellos requerirá la creación de mecanismos de control que merecieron el cuestionamiento, incluso, de legisladores del oficialismo, que sugirieron que por su complicada instrumentación les restará efectividad.
Según identificó el diputado Raúl Baglini (UCR), titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, �en el contrabando de cigarrillos, la comercialización de carnes, de combustibles subsidiados que se desvían, la adulteración de naftas y el trabajo en negro en la construcción están los grandes bolsones de evasión�, por montos que estimó entre 150 y 300 millones de pesos al año en cada caso. Para cada uno de ellos se creó un nuevo instrumento de control, aunque no todos conformaron al legislador mendocino, que defendió el proyecto oficial en el recinto.
El Senado había rechazado la propuesta original de cuotificar �por localidad o estación de servicio� el combustible exento de gravámenes que podría venderse en la Patagonia, para evitar que se desviaran excedentes a otras regiones para ser vendidas �en negro�. El cambio introducido en la Cámara alta trasladó el control y lo puso en cabeza del consumidor, lo cual obligaría a la AFIP al seguimiento de cada comprador de combustible en surtidor para verificar si hace uso de éste en la zona desgravada. El oficialismo hubiera necesitado dos tercios de los votos en Diputados para revertir esta modificación, con los que no cuenta, por lo cual pasó tal cual fue redactado en el Senado. Su aplicación difícilmente resulte efectiva. También se establecieron severos controles y un uso limitado para los solventes y aguarrás desgravados del ITC, para impedir su utilización como �mezcla� para adulterar naftas.
La mayoría de la Alianza en la Cámara baja tampoco resultó suficiente para imponer el desbloqueo fiscal, que había sido rechazado por el Senado. Así, quien sea descubierto por haber realizado actos de evasión no deberá temer porque le revisen sus cuentas y operaciones diez años para atrás, como establecía el proyecto original.
El resto de la Ley Antievasión respeta las líneas trazadas por el proyecto del Ejecutivo, en el que habían trabajado Economía y Jefatura de Gabinete (cuando aún era conducida por Rodolfo Terragno). Uno de los puntos que genera mayor expectativa a los recaudadores es la prohibición de exportar cigarrillos a países limítrofes �ya se implementó en la práctica desde julio, por acuerdo con las dos tabacaleras�, operaciones que se pudo comprobar que eran una fuente de evasión, ya que el mismo producto reingresaba al país de contrabando. Los atados que se exporten a otros destinos, además, deberán salir etiquetados con un texto que identifique su uso comercial �sólo para exportación�.
Otro punto clave de la ley es la obligación que se impone a que todo pago superior a los 10 mil pesos deba hacerse exclusivamente mediante instrumento financiero, para asegurar su registración. Cumple un doble propósito: facilitar el control impositivo y combatir el lavado de dinero �de origen espurio o de operaciones �en negro��. La compra de viviendas, automóviles o cualquier otra cancelación por encima de ese monto no se podrá hacer más en efectivo. Para quien no posea cuenta corriente bancaria, se le facilitará el trámite mediante un nuevo instrumento creadoen la misma ley: el cheque cancelatorio, emitido por el Banco Central y de uso gratuito.
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Se declara la emergencia económica financiera del Estado por el término de un año, con la posibilidad de ampliarla a dos.