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Por
Felipe Yapur
Ocurrió el 13 de mayo de 1977. Ese día el médico
Luis Ramón Arédez fue secuestrado mientras regresaba desde
el hospital de la localidad jujeña de Fraile Pintado hasta su casa
en Libertador General San Martín. Su esposa, Olga Márquez,
lo sigue buscando, es la única representante de las Madres de Plaza
de Mayo en ese pueblo que sobrevive a la sombra del Ingenio Ledesma. Mañana
el juez español Baltasar Garzón escuchará su testimonio,
en el que destacará la participación del ingenio azucarero
en el secuestro de 200 personas de las cuales 70 permanecen desaparecidas
durante lo que se llamó “Los apagones de 1977”, entre
las que se encuentra su marido.
En Libertador General San Martín o Ledesma, como también
lo llaman a este pueblo azucarero, todos conocen la historia del doctor
Arédez: llegó desde Tucumán junto con su esposa a
instalarse en el extremo norte del país. Su militancia radical
no le impidió ser durante años el asesor médico de
la obra social del Sindicato de Obreros del Azúcar y del Papel
del Ingenio Ledesma y tampoco, desde 1973 hasta el golpe del 24 de marzo
de 1976, el intendente del pueblo.
Desde meses antes del golpe Arédez ya sospechaba que sus movimientos
eran meticulosamente controlados. La primera vez que supo que sus sospechas
no eran infundadas fue en enero de 1976, cuando medio centenar de efectivos
del Ejército ingresaron a la casa de verano que poseía en
Tilcara. En esa oportunidad sólo revisaron el domicilio porque,
según los militares, habían recibido la denuncia de la existencia
de gente extraña.
El segundo hecho ocurrió el propio 24 de marzo. Era de madrugada
cuando comenzó a sonar el timbre con insistencia. Arédez
creyó que se trataba de una urgencia médica. Un grupo no
determinado de policías y gendarmes le anunciaron que estaba detenido.
Lo cargaron en la caja de una camioneta con el logotipo del Ingenio, conducida
por un empleado de la empresa. Permaneció desaparecido durante
un mes y medio. Luego la familia se enteró de que estaba recluido
e incomunicado en una cárcel de la capital jujeña. Tras
una reunión de su esposa con el entonces ministro de Salud de la
dictadura en Jujuy, supo que su esposo tenía por delante unos diez
años de cárcel, período que los militares estimaban
necesarios para “acabar con los activistas sociales y gremiales”.
Poco después, el administrador del Ledesma, Alberto Lemos, admitiría
que la empresa había puesto sus camionetas al servicio de las Fuerzas
Armadas “para limpiar al país de indeseables”. Y fue
en esa entrevista que Lemos reconoció que el “indeseable”
Arédez había perjudicado al ingenio como asesor del sindicato,
pero mucho más cuando como intendente obligó a la empresa
a pagar los impuestos que por décadas había eludido. Tal
vez en las palabras de Lemos el juez Garzón encontrará las
razones de los apagones que el pueblo sufrió en julio de ese año
cuando, utilizando una vez más camionetas del ingenio, secuestraron
a estudiantes secundarios y universitarios, maestros, profesores, amas
de casa y sindicalistas de Libertador y de la localidad vecina de Calilegua;
muchos de ellos permanecen aún desaparecidos. Todos esos detenidos
estuvieron recluidos en diferentes campos clandestinos de concentración,
uno de los cuales funcionó en el destacamento que la Gendarmería
posee y que se encuentra en el interior del Ingenio Ledesma.
Pero aquí no terminó el calvario de Arédez y su familia.
El médico fue trasladado a La Plata donde fue liberado el 5 de
marzo de 1977. Regresó a Ledesma en un tren de carga. Tras un breve
lapso de recuperación y decidido a no abandonar el país,
Arédez retomó su tarea como médico, pero el 13 de
mayo volvieron a secuestrarlo. Desde entonces permanece desaparecido.
Un mes después, su casa fue violentamente allanada por un comando
militar al mando de Juan de la Cruz Kairuz, un empleado del Ingenio Ledesma.
Kairuz se llevó consigo documentos y libros. En 1979 Olga Márquez
y otros tantos familiares de desaparecidos se dirigieron a Tucumán
para denunciar ante la OEA lo sucedido. En el hotel Versalles, donde se
recepcionaban las denuncias, se alojaba también el director de
relaciones públicas del Ingenio Ledesma, Mario Paz, quien supo
apostarse en la entrada del hotel durante los días que estuvieron
los enviados de la OEA intimidando a todos aquellos que tenían
todavía familiares trabajando en la empresa azucarera.
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