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Por
Laura Vales
La campaña electoral sólo durará tres meses.
Todos los partidos tendrán que dar a conocer quién les dio
dinero y limitar sus gastos. Los políticos deberán acostumbrarse
a restringir la publicidad en televisión al mes anterior a los
comicios. A rendir cuentas en plena campaña y a que esos números
sean ventilados por los diarios y publicados en el Boletín Oficial.
Los candidatos a presidente serán elegidos sí o sí
en internas abiertas. Y estarán obligados a debatir frente a las
cámaras en caso de ballottage. Habrá castigos para quienes
no cumplan: si un partido gasta más que lo permitido, por ejemplo,
al año siguiente recibirá menos aportes del Fondo Partidario.
Estos son los principales puntos del proyecto de reforma política
que ayer, finalmente, presentó en sociedad el Gobierno. Sin el
despliegue que hubiera querido darle y, sobre todo, con la ausencia de
su principal impulsor Chacho Alvarez, a quien Fernando de la Rúa
hizo un especial reconocimiento por su “activa participación”
en la propuesta.
La iniciativa –en cuyo diseño Alvarez trabajó codo
a codo con el ministro del Interior Federico Storani– apunta contra
los ítem más irritantes para la gente en relación
con el comportamiento de la clase política. Básicamente,
a transparentar el funcionamiento de los partidos y conseguir que sus
campañas sean más cortas, más baratas y estén
sujetas a control. En la Alianza esperan que las largas negociaciones
con el PJ den sus frutos y permitan convertirla en ley rápidamente.
Si así sucede, estas serán las nuevas reglas de juego:
 Duración de las campañas:
no podrán superar los 60 días cuando se elijan legisladores
(el año que viene se renueva todo el Senado y la mitad de la Cámara
de Diputados). Ni los tres meses para los comicios presidenciales.
Financiamiento: será
un sistema mixto. Los partidos recibirán aportes públicos
y del sector privado, que deberán dar a conocer. Las donaciones
anónimas estarán prohibidas. También las de sindicatos,
cámaras patronales y empresas concesionarias de servicios u obras
públicas.
Límite de ingresos:
habrá topes precisos para la cantidad de dinero que reciban. Para
las campañas, por ejemplo, el Estado les dará como máximo
dos pesos por cada voto que hayan obtenido en la elección anterior.
El sector privado tampoco podrá donar lo que se le antoje. En el
caso de los grupos económicos, sus aportes sólo podrán
cubrir hasta el 2,5 por ciento del total de lo que a los partidos se les
permita gastar.
Gastos: nadie podrá
usar en proselitismo más de un peso por cada elector. Esto significa,
por ejemplo, que en el 2003 cada partido deberá arreglarse con
unos 25 millones de pesos, una cifra muy por debajo de los actuales niveles
de gasto.
Transparencia: cada partido
tendrá que abrir una cuenta única en el Banco Nación.
Cada peso que reciba, o que gaste, deberá pasar por allí.
Control: la Auditoría
General de la Nación controlará los movimientos de esa cuenta
y vigilará especialmente la publicidad en los medios. Los partidos
deberán informarle cuánto dinero usaron en la campaña
desde diez antes de que ésta termine y cualquier ciudadano podrá
tener copias de esos informes si así lo desea. La idea es, además,
crear un equipo de fiscales que puedan hacer investigaciones preliminares,
es decir sin tener que esperar la intervención de un juez.
Internas abiertas: el proyecto
sólo contempla internas abiertas y obligatorias para la elección
de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia. En este caso, la
publicidad televisiva estará acotada a los 7 días previos
a los comicios, y la gráfica y radial al mes anterior.
Padrón electoral: se
creará una base de datos única para todo el país,
que será publicada en Internet.
Encuestas y boca de urna: desde
dos días antes a la elección y hasta una hora después
del cierre de los comicios, no podrán difundirse sus resultados.
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