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Por
Victoria Ginzberg
La jueza en lo contencioso administrativo federal Emilia Marta García
dispuso que el Ministerio de Justicia abra los archivos de la Comisión
Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep) para el represor
Jorge Olivera. Así, el secuestrador y torturador de la ciudadana
francesa Marie Anne Erize Tisseau podrá acceder a un privilegio
que no tuvo su defendido, el represor Carlos Guillermo “Pajarito”
Suárez Mason. Como la Subsecretaría de Derechos Humanos
rechazó una solicitud del secuestrador de la ciudadana francesa
Marie Anne Erize para indagar en los legajos con las denuncias de sus
víctimas, el mayor retirado presentó un recurso de hábeas
corpus ante la Justicia, que le dio curso.
La jueza libró un oficio al Ministerio de Justicia en el que se
reclamó que “dentro del término de cinco días
informe todos los datos que contengan sus archivos tanto públicos
como confidenciales y de la ex Conadep respecto de María Ana Erize
en relación con su desaparición y cualquier elemento de
cargo que vincule al actor con el hecho”. En la Subsecretaría
de Derechos Humanos están evaluando la contestación que
se le dará a la Justicia.
En su presentación ante la magistrada García, el represor
había solicitado conocer además, “documentos relacionados
con el fallecimiento, desaparición o ausencia por presunción
de fallecimiento” de María Ana Erize y el expediente iniciado
por los familiares de la joven para poder cobrar la indemnización
que otorga el Estado a los herederos de las víctimas del terrorismo
de Estado. Como fue establecido por el gobierno nacional y el de la Ciudad
de Buenos Aires, el “fallecimiento” de la desaparecida Erize
no está acreditado en ningún organismo oficial. Eso fue
comprobado luego de que los abogados del represor presentaran ante la
Justicia italiana una adulterada solicitud de partida de defunción
de Erize que fue utilizada para dejar en libertad a Olivera.
Un mes después de que el mayor retirado del Ejército fuera
detenido en el aeropuerto romano de Fiumiccino por orden del juez francés
Roger le Loire, sus socios Jorge Humberto Appiani y Jorge González
Pagnanelli solicitaron a la subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti,
acceder al los archivos de la Conadep. Pero el reclamo no tuvo respuesta.
El mismo represor se quejó de este hecho en la presentación
judicial formulada el 26 de septiembre. “El día 25/9/00 mis
letrados volvieron a la Subsecretaría de Derechos Humanos buscando
una respuesta y en razón de que, si bien había recuperado
mi libertad y retornado al país continuaba el proceso en Italia
(en realidad es en Francia) se les respondió verbalmente que el
suscripto carecía de interés legítimo para acceder
a la información”, mencionó Olivera.
En la subsecretaría le habían contestado verbalmente a los
representantes del represor que el archivo de Conadep, de acuerdo con
una resolución del ex ministro Antonio Tróccoli, era de
“carácter reservado” y que una disposición de
1989, dictada por el ex subsecretario Guillermo Frugoni Rey, limita el
acceso a los legajos a personas que tengan “interés legítimos
o derechos subjetivos que defender”.
En el recurso de hábeas data, Olivera expresó su bronca
porque varias agrupaciones querellantes en los juicios contra militares
argentinos en el exterior poseían los documentos que él
reclamaba: “No acierto a explicarme cuáles son los intereses
legítimos que oportunamente invocaron las autoridades judiciales
francesas para reunirse con la documentación de la Subsecretaría
de Derechos Humanos y que acompañaron para sustentar el pedido
de extradición en mi contra, o cuáles son los intereses
legítimos que invocan la Unión Progresista de Fiscales de
España, la coalición española Izquierda Unida, la
Asociación Libre de Abogados Españoles, la Asociación
Argentina Pro Derechos Humanos y la Organización No Gubernamental
Solidaria para Asia, Africa y América Latina, quienes actúan
como querellantes contra militares argentinos y acompañaron y ofrecieronal
instructor español Baltasar Garzón declaraciones y testimonios
extraídos del archivo de la ex Conadep”.
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Los intentos
fallidos
En 1997 Suárez Mason también invocó la ley
de hábeas data para entrar en los archivos donde constan
las acusaciones en su contra hechas por sus víctimas. En
esa oportunidad no se abrió una causa judicial y la subsecretaria
de entonces, Alicia Pierini, rechazó el planteo. “La
metodología criminal desatada a partir del 24 de marzo de
1976, de la cual usted participó y que ha mantenido hasta
la fecha oculta la verdad, es la causa por la cual la Conadep debió
reconstruir un tenebroso rompecabezas después de muchos años
de producidos los hechos, cuando se han borrados deliberadamente
todos los rastros, se ha quemado documentación y hasta se
han demolido edificios”, le respondió a “Pajarito”,
entre otras cosas, Pierini. Por ese gesto, los abogados de Suárez
Mason –entre los que estaba Olivera– denunciaron sin éxito
a la actual legisladora porteña. Durante la gestión
de Inés Pérez Suárez en Derechos Humanos otro
represor reclamó conocer sus antecedentes de la Conadep.
Fue Víctor Hugo Dinamarca, un ex oficial del servicio penitenciario
vinculado a las empresas de seguridad del fallecido empresario Alfredo
Yabrán. Dinamarca pedía además que se suprimiera
una denuncia. El legajo no fue rectificado y se le entregaron al
juzgado otros documentos en los que se ratificaba que Dinamarca
había participado de grupos de tareas. Al hombre le preocupaba
un proyecto de ley que establecía la inhabilitación
de represores para participar en el negocio de la seguridad privada
en la provincia de Buenos Aires.
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