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Por
Carlos Rodríguez
El juzgamiento del juego clandestino como delito y no como simple
contravención volvió a ser planteado al dictarse la prisión
preventiva de tres personas acusadas de recibir apuestas ilegales para
las carreras de caballos. La resolución fue tomada por el juez
de La Plata Guillermo Atencio, quien calificó al hecho como “presunta
malversación de caudales públicos”, tomando en cuenta
que los imputados tenían la concesión de una agencia oficial
y contaban con elementos aportados por las autoridades para llevar a cabo
la actividad en forma legal. No obstante, recibían jugadas clandestinas
en beneficio propio, distrayendo parte de los fondos que por ley deben
ser destinados a fines sociales. El fallo comparte, con otro argumento
y una carátula más dura –las penas por aplicar serían
de dos a diez años de prisión–, la postura del juez
platense César Melazo, quien consideró delito a la quiniela
clandestina en una “megacausa” en la que hubo más 150
imputados. Ese caso fue cerrado porque la Cámara de Apelaciones
de La Plata desaprobó lo actuado por Melazo.
Atencio aclaró a Página/12 que la presente causa “también
está a cargo del doctor Melazo” y que él sólo
tuvo que decidir las preventivas porque el juez titular está de
licencia y se vencían los plazos procesales. Sin entrar en consideraciones
sobre las razones de la diferencia de criterio en cuanto a la carátula,
Atencio recordó que Melazo había insistido en calificar
la nueva causa como “presunta defraudación al fisco”,
como había hecho en la “megacausa”, invocando el punto
quinto del artículo 174 del Código Penal, cuyas penas van
de dos a seis años.
Atencio optó por invocar el artículo 263 del Código,
que sanciona con prisión de 2 a 10 años a los que sustrajeran
“caudales embargados, secuestrados o depositados por autoridad competente”,
aun cuando se tratare de administradores privados, como es el caso de
los detenidos Stella Maris Inglesi, Elsa Pinzone y Néstor Pinzone,
propietarios de un club de Olavarría donde funcionaba una agencia
hípica oficial.
En la investigación judicial estaría probado que en la agencia
funcionaban dos ventanillas para la recepción de apuestas. La mayor
cantidad de apuestas era atendida por la ventanilla número uno,
de la cual los agencieros no contaban con tickets, ya que las jugadas
eran realizadas en negro. Hace un mes, por orden de Melazo, se ordenó
un operativo luego de que concluyera la última carrera del día.
Un arqueo de caja reveló que había más dinero recaudado
del que figuraba en los papeles registrados por el sistema on line con
el que contaba la agencia.
Cuando se desestimó la pretensión de Melazo de calificar
al juego ilegal como “presunta defraudación al fisco”,
uno de los argumentos expuestos fue que, “si hay personas que juegan
a la quiniela clandestina, pudiendo hacerlo en la quiniela oficial, eso
no indica un fraude al fisco, porque no está probado que las mismas
personas que optan por el juego clandestino vayan a jugar el mismo dinero
en el circuito de apuestas oficial”, recordó una fuente vinculada
con la vieja causa. El argumento no podría aplicarse ahora, ya
que al cambiar la carátula, lo que está calificado como
delito es la sustracción de una parte de lo recaudado por parte
de los agencieros.
“La causa es otra; los argumentos son otros”, confirmó
Atencio a este diario. Mientras el juez dictó las prisiones preventivas,
los defensores de los tres acusados presentaron pedidos de excarcelación
que fueron rechazados en primera instancia y que ahora están a
consideración de la Cámara de Apelaciones platense. Según
datos que surgieron de la “megacausa” iniciada por Melazo en
1997, la provincia de Buenos Aires pierde a diario cuatro millones de
pesos con el juego ilegal de quiniela y turf. El sobreseimiento en la
“megacausa” fue apelado por el fiscal de Estado bonaerense,
Ricardo Szelagowsky, pero hasta el momento no hubo un pronunciamiento
de parte de la Cámara de Apelaciones.
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