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El Rasputín del Chino |
 
Cuenta la leyenda que el hombre detrás del zar Nicolás
II inauguró una forma de muerte de la que Hollywood se apropiaría
décadas después para dar una última posibilidad de
revancha a los malos: amenazando durante horas con salir de la agonía
y eludir una muerte considerada segura. Si Vladimiro Montesinos mereció
el apodo de “Rasputín peruano” por ser durante 10 años
el poder real y omnipresente detrás del presidente Alberto Fujimori,
su regreso a Perú a menos de un mes de su escandalosa salida parece
la maniobra perfecta para refrendar esa imagen de monje negro al acecho,
con la fuerza necesaria para tomar revancha contra quienes ya lo daban por
muerto. En los `70, como capitán del Ejército, Montesinos entró en contacto directo con la CIA. Acusado después por “desobediencia y falsedad”, expulsado del Ejército, juzgado por traición a la patria; todas los caminos conducían al robo y venta de información sobre el armamento soviético comprado por el gobierno militar. Su peregrinación regional posterior al juicio (del que salió limpio) incluyó Quito y Buenos Aires, donde habría adoptado la nacionalidad argentina. De vuelta en su ciudad natal, Montesinos abrió un nuevo capítulo para sus negocios turbios como exitoso abogado de narcotraficantes. La era Fujimori le permitió regresar a sus raíces castrenses y mover las fichas necesarias para que las Fuerzas Armadas quedaran como pilar central del gobierno y sus jugadas non sanctas. Los grandes favorecidos de su dedo decisor fueron los oficiales egresados en 1966, bautizados a la luz de los años como “la promoción Montesinos”. El ascenso y caída del “Chino” Fujimori coincidieron con la entrada y salida de escena de su máximo asesor, marcando los bordes de la década en que Montesinos se ganó el mote público de “tenebroso” y Fujimori sus tres presidencias. Uno de sus ex “amigos”, el militar Francisco Loayza, asegura que el dúo se formó durante la segunda vuelta de las presidenciales de 1990, cuando la alianza que llevaba adelante la candidatura del escritor Mario Vargas Llosa planeaba sacar de carrera a Fujimori con una denuncia por defraudación tributaria. El Chino habría seguido en pie gracias a las gestiones judiciales del entonces abogado Montesinos. Para retribuirse ese gesto –dicen–, Montesinos se habría apoderado de la primera prenda de poder en el nuevo sistema: los documentos migratorios de Fujimori que probarían que el nuevo presidente de Perú no era peruano. Con los años, los archivos negros de Montesinos se habrían engrosado hasta llegar a los 2.500 videos con imágenes de chantajes a militares y civiles. En noviembre de 1991 sale a la luz la matanza de 17 personas en un céntrico barrio de Lima y de otras 10 pertenecientes a la Universidad La Cantuta, sospechadas de estar relacionadas con el monstruo preferido de la época dorada del fujimorismo: Sendero Luminoso. Las miradas recayeron sobre el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), operado a gusto por el asesor, quien convertiría al narcotráfico en la más efectiva carta de presentación para el electorado peruano y la mirada internacional. El odio de los senderistas subsiste, hasta el punto que Renato Pereira, su abogado en Panamá, explicó el regreso a Perú porque “Montesinos recibió serias amenazas de muerte” del grupo maoísta. En 1992, cuando aún no se hablaba de “populismo-autoritario” ni de “fujicracia”, Fujimori saltó a la primera plana gracias al “autogolpe” con que había disuelto el Congreso y se autoallanaba definitivamente el camino en las esferas no ejecutivas del poder. “El golpe lo he dado yo, y Fujimori no tiene nada que decir”, fue la frase que el “Rasputín andino” habría ofrecido como declaración de principios y responsabilidades. Este año, funcionando como jefe de campaña de facto para la rereelección de Fujimori, sentó las bases para su caída. Después del cuestionadísimo triunfo oficialista en abril y las multitudinarias manifestaciones callejeras, Montesinos se puso al frente de la compra de congresistas opositores para conservar artificialmente la mayoría parlamentaria tambaleante; un affaire que le valdría la sospechosadivulgación de un video en que aparecía sobornando con 15 mil dólares al legislador Alberto Kouri. El mes pasado, antes de que su propio sistema de videos chantajistas se volviera en su contra y lo obligara a asilarse en Panamá, quedó en el centro de otro escándalo por venta de armas (ver nota aparte). “Aquellos que han tenido responsabilidad pública para hacer narcotráfico o tráfico de armas, eso simplemente no puede ser parte de ninguna amnistía”, sentenció ayer el líder opositor Alejandro Toledo ante la perspectiva de la impunidad, o algo peor, para el ex asesor.
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