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Página/12
en Gran Bretaña
Por
Marcelo Justo
Desde Londres
El conflicto palestino-israelí regresa al corazón de
la Justicia inglesa. La Alta Corte de Apelaciones de Londres considerará
hoy la apelación de dos palestinos condenados a 20 años
de prisión por los atentados contra la embajada israelí
y un local cultural judío el 26 de julio de 1994, una semana después
de la bomba a la AMIA. Según la defensa, los dos palestinos son
víctimas de una celada y de la necesidad de los servicios de seguridad
de encontrar una cabeza de turco que encubriese su propia inoperancia.
En julio de 1994, el proceso de paz en Medio Oriente, que hoy está
en llamas, atravesaba una de sus primeras pruebas de fuego con el restablecimiento
de las relaciones diplomáticas entre Jordania e Israel. La obvia
insatisfacción de sectores fundamentalistas árabes e israelíes
y el atentado a la AMIA habían colocado en estado de alerta a los
servicios de seguridad de las grandes capitales mundiales.
A pesar de ese estado de tensión, el 26 al mediodía, una
mujer de “apariencia mediterránea” pudo estacionar sin
el permiso correspondiente un coche Audi gris en un sector privado de
estacionamiento al lado de la embajada israelí, en el corazón
de la zona diplomática de Londres. Cuando un policía del
cuerpo de protección diplomática la abordó, la mujer
dijo que venía a visitar a unos amigos que vivían al lado
pero que antes tenía que comprar cigarrillos en la esquina. Increíblemente,
la mujer consiguió eludir al policía y dejar el coche. Unos
minutos más tarde, el Audi volaba 15 metros y destruía el
lado sur de la embajada, hiriendo a 14 personas. Esa misma noche una explosión
similar en un local en el que funcionaban varias agencias judías
en el norte de Londres dejó siete heridos. Una agrupación
llamada “Resistencia palestina” se atribuyó ambos atentados
que constituían un papelón para una nación que se
preciaba del prestigio internacional de la Scotland Yard.
En enero de 1995, la policía arrestó a cuatro palestinos
que vivían en Londres por “conspirar para causar explosiones”.
En diciembre de 1996 dos de los acusados, Samar Alami, una ingeniera de
31 años, y Jawad Botmeh, un empresario de 29, fueron condenados
a 20 años. Según la prensa británica, el juicio probaba
que los dos “estudiaban para encubrir sus actividades subversivas”
y que “fabricaron sus bombas con el conocimiento científico
adquirido en universidades británicas”.
Ningún periódico mencionaba que los dos “experimentados
subversivos” no tenían siquiera una coartada sobre lo que
habían hecho el 26 de julio. Las dos pruebas centrales en su contra
eran en apariencia de peso, pero también revelaban una extraordinaria
ingenuidad. Más extraño aún, en los seis meses que
mediaron entre los atentados y su arresto y los 11 que pasaron desde esa
fecha hasta su condena (durante los que estuvieron libres bajo fianza),
es que Botmeth y Alami viajaron por toda Gran Bretaña y fueron
al extranjero, pero siempre volvieron a Inglaterra. El juez reconoció
al final del juicio que las 10 semanas de audiencias habían sido
como intentar “agarrar un jabón en el baño”. A
pesar de ello, en un fallo de 11 a 1, el jurado los halló culpables.
Ahora una intensa campaña para liberar a ambos está en marcha
encabezada por dos diputados laboristas –Jeremy Corbyn, líder
de la lucha para extraditar a Pinochet, y Tonny Benn– y un ex ministro
conservador, lord Ian Gilmour, que no tiene dudas: “La única
razón por la que están presos es porque los servicios de
seguridad están más interesados en encubrir su propia inoperancia
que en encontrar a los verdaderos culpables”, según dijo a
The Guardian.
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