Por Diego Schurman
Enrique Espínola Vera no renunciará a la Subsecretaría de Relaciones Laborales hasta que se aclaren las denuncias que lo involucran en un presunto cobro de coimas a sindicalistas. Así lo aseguró a Página/12 el propio funcionario en una jornada cargada de versiones sobre dimisiones y relevos en el Ministerio de Trabajo.
El dirigente del Frepaso aparece mencionado en anónimos que la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, presentó ante la Oficina Anticorrupción y en los que se lo señala como �cabeza de una organización� que opera en la cartera laboral otorgando expedientes �previo pago de cifras muy importantes�.
Cerca de la ministra ya hablan de Espínola Vera como si se tratara de un ex funcionario. Es más, anoche corrió insistentemente una versión que daba por hecho su renuncia. Consultado por este diario, el frepasista realizó su descargo: �La renuncia siempre está en estudio, eso no lo voy a negar. Pero antes quiero que se aclare que yo estoy limpio de todo esto que se me acusa. Después veré�, aseguró.
Dos de los tres escritos que están en poder de la Oficina Anticorrupción llevan la firma de una denominada Mesa de Enlace de Trabajadores del Ministerio de Trabajo, Empleo y Recursos Humanos. El primero se titula �Cadena de Corrupción en el Ministerio� y realiza un punteo sobre presuntas irregularidades en las que habría incurrido el actual subsecretario de Relaciones Laborales y en los que también se involucra a otros funcionarios, sindicalistas y abogados. Allí se asegura que:
Espínola Vera fogoneó la resolución 130 del 1º de agosto de 2000 por la cual la subsecretaría a su cargo �pretendía suprimir la vigencia del convenio colectivo de trabajo debidamente homologado a cambio de 150 mil pesos oblados por el presidente de la obra social del sindicato de combustibles de Santa Fe�.
Y que el funcionario en cuestión otorgó un certificado de autoridades al Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), �que adelantó las elecciones un año en forma irregular a cambio de la no despreciable suma de 200 mil pesos�.
Algunas voces de la propia cartera laboral aseguraron ayer que la embestida de Bullrich incluiría al secretario de Empleo, el también frepasista Horacio Viqueira. Pero desde el entorno de la propia ministra negaron la versión y se preocuparon en remarcar que no existe persecución hacia los dirigentes del Frepaso.
De hecho, Bullrich habría llevado tranquilidad al frepasista Darío Alessandro en una comunicación telefónica mantenida horas antes de que el presidente del bloque de diputados de la Alianza y alter ego de Carlos �Chacho� Alvarez partiera a España como integrante de la comitiva presidencial.
En el Frepaso ven el �fantasma De Santibañes� detrás de la figura de Bullrich debido a la buena relación de la ministra con el ex jefe de la SIDE. Una de las razones de la renuncia de Alvarez a la vicepresidencia fue la reticencia de Fernando de Santibañes a abandonar el cargo.
Alvarez reconoció en la intimidad que su candidato para ocupar el Ministerio de Trabajo, cuando tambaleaba Alberto Flamarique, era el diputado frepasista Juan Pablo Cafiero. Consideraba, de acuerdo al reparto de cargos en la coalición, que la cartera laboral debía ser conducida por el Frepaso. Bullrich no sólo nunca fue de ese partido, sino que además reconoce su cercanía con Antonio, con quien compartió la tarea de confeccionar los discursos de campaña de su padre, Fernando de la Rúa.
A mirar la letra chica
El Gobierno y la CGT oficial analizarán mañana la letra chica del decreto de desregulación de las obras sociales, que entrará en vigencia el 1º de enero de 2001, informó ayer el ministro de Salud, Héctor Lombardo.
La decisión se tomó durante una reunión que el funcionario y el superintendente de Salud, Rubén Cano, mantuvieron ayer con Rodolfo Daer, Luis Barrionuevo, Carlos West Ocampo, Domingo Petrecca, Oscar Lescano, Gerardo Martínez, Oscar Mangone, Juan Miguel García, Vicente Mastrocola, Elena Palmucci y Juan Martini.
Las negociaciones continuarán a cargo de una comisión compuesta por tres representantes gubernamentales �de los ministerios de Economía, Salud y la Superintendencia de Salud� y cinco de la CGT oficial.
Daer aseguró a Página/12 que hay coincidencias sobre la necesidad de fortalecer la �solidaridad� de las obras sociales sindicales, aunque en el Gobierno no consideran que eso signifique hacer los menores cambios posibles al actual sistema de salud. |
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