El ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, no está de acuerdo con que los lugares donde funcionaron centros clandestinos de detención durante la última dictadura se conviertan en sitios donde conservar la memoria y reflexionar sobre los horrores cometidos por el terrorismo de Estado. �No voy a auspiciar un monumento o museo o algo similar en un entorno militar porque eso actuaría como elemento de conflicto. Si auspiciara una medida de esta naturaleza no contribuiría sino a gestar un factor de conflictividad�, dijo ayer López Murphy en una reunión con la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. Las palabras del ministro causaron malestar, ya que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó por unanimidad en junio de este año una ley que establece que en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde se levantó el mayor campo de concentración de la Argentina, debe erguirse un museo. 
López Murphy hizo estas definiciones ayer por la tarde en el Edificio Libertador. Allí, los representantes de la Comisión Provincial expusieron ante López Murphy una idea que desde hace tiempo están trabajando los organismos de derechos humanos: que los sitios que alojaron a detenidos ilegales y fueron centros de tortura se conviertan en lugares de estudios ligados a la educación democrática y la transmisión de lo ocurrido durante la última dictadura. La reunión estaba enfocada especialmente para reclamar �La Escuelita� de Bahía Blanca, una vieja casa ubicada detrás del Comando del V Cuerpo del Ejército. Pero el ministro no dejó lugar a dudas y junto al secretario de Asuntos Militares, Angel Tello, expuso su posición mientras el vicepresidente de la Legislatura bonaerense, Alejandro Mosquera; el fiscal general ante la Cámara de Bahía Blanca, Hugo Omar Cañón; el obispo Aldo Etchegoyen, del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, y la coordinadora de la comisión, Gabriela Cerruti, se sorprendían de la dureza de sus palabras. 
�Ya hubo una respuesta a lo que fue la tragedia. Mi responsabilidad es crear las condiciones para los que vienen�, afirmó el ministro. Y a continuación expuso sus razones para rechazar la existencia de todo rastro o mención de los crímenes cometidos por los militares: �La primera es que jurídicamente no me corresponde, la segunda es que sería oneroso para el Estado y la tercera y principal es que no sería consistente con mi idea del tema�. 
Los miembros de la Comisión le recordaron a López Murphy que existe una ley de la Legislatura porteña que establece que la ESMA debe volver a integrar el patrimonio de la Ciudad y convertirse en un museo. Sobre ese tema, el ministro manifestó que �yo tengo la postura de que la ley no es válida porque la ESMA está siendo utilizada por la Armada para educación. Son predios de la Armada y no pueden ser cedidos de ninguna manera�. 
Cuando en enero de 1998 el ex presidente Carlos Menem anunció el traslado y la demolición de la ESMA, Graciela Lois y Laura Bonaparte �de Familiares de Desaparecidos y de Madres de Plaza de Mayo línea fundadora-iniciaron un recurso de amparo. A eso se sumó una causa del entonces jefe de Gobierno porteño, Fernando de la Rúa, para recuperar el terreno. La demanda se basó en una ordenanza de 1924 en la que la Ciudad le cedió el lugar al Ministerio de Marina para �la instalación moderna de alguna de sus escuelas�. Allí se estableció que �si por cualquier causa se diera otro destino al terreno, éste pasará inmediatamente a poder de la Municipalidad�. 
En junio, todos los legisladores porteños decidieron revocar la sesión del predio y establecieron que el terreno ubicado en Avenida del Libertador entre los números 8151 y 8461 debía volver a la Ciudad. Página/12 reveló, poco antes de que se sancionara la ley, que el Ministerio de Defensa tenía otros planes y que, para impedir la existencia del museo, proyectaba instalar en el lugar un instituto de capacitación de las Fuerzas Armadas. Aunque López Murphy dijo ayer que su posición era en calidad de �ministro del Gobierno� y que si el Presidente no estuviera de acuerdo habría un �conflicto serio�, Fernando De la Rúa �que pasó de ser demandante a demandado� no dio señales de querer cambiar esa línea. 
En su momento, varios miembros de la Alianza, entre ellos el ministro de Interior, Storani, y el diputado Pablo Cafiero se manifestaron a favor de la instalación del museo. Desde el Gobierno de la Ciudad se aseguró que se �respetará la ley y se acompañará la voluntad popular�.

LOS 23 AÑOS DE LAS ABUELAS DE PLAZA DE MAYO
�Los nietos que se encontrarán�

�Brindo por los nietos que se encontrarán en el futuro�, celebró el cineasta David Blaustein. Resumió así el clima que reinaba en el acto que se realizó el lunes a la noche por los 23 años de Abuelas de Plaza de Mayo. Allí las abuelas festejaron sus mayores logros de los últimos tres años, especialmente la recuperación de diez nietos y el arresto de catorce represores responsabilizados por el robo de bebés durante la dictadura. 
En un auditorio repleto del Centro Cultural Recoleta, la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, se encargó de la apertura del evento y de resumir su mensaje con un intenso �gracias� a todas las personas e instituciones que colaboran con la tarea de la Asociación, entre ellos Página/12. 
Rosa Roisinblit y Alba Lanzilotto fueron las encargadas de enumerar las conquistas de la institución en los últimos años. Además de la restitución de nietos y del procesamiento de militares, se refirieron también al mayor acercamiento con los jóvenes. A medida que iban mencionando cada una de las actividades realizadas, las abuelas repartieron medallas con el logo de la institución a quienes colaboraron con ellas: periodistas, escritores, deportistas, actores, artistas plásticos e investigadores. 
Sobre el final, subieron al escenario jóvenes que buscan a sus hermanos y otros que fueron recuperados por las abuelas. El encuentro se cerró con la obra de teatro A propósito de la duda, que habla sobre la apropiación ilegal de menores.

LOS DERECHOS HUMANOS EN LA ONU
Informe alternativo

Cuando hoy el Estado argentino comience a rendir cuentas ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidad en Ginebra, Suiza, que vigila la aplicación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentará un informe alternativo que señala el incumplimiento de las recomendaciones que ese organismo efectuó en abril de 1995. 
El embajador Leandro Despouy deberá responder en una audiencia, como representante del Gobierno, las preguntas del Comité en función de un informe escrito presentado por el Estado. Pero a la vez las abogadas del CELS, María José Guembe y Andrea Pochak, entregarán un documento que señala la �información faltante o errónea�. 
El CELS señala, entre las cuestiones principales, que �el Estado no garantiza el derecho a la verdad de las víctimas y de los familiares del terrorismo de Estado�, revela la �violencia institucional� relacionada con las �fuerzas policiales�, la discriminación de los pueblos indígenas, de inmigrantes, refugiados y minorías religiosas y los ataques a la libertad de expresión y al derecho a la información.

PRINCIPAL