| Por Cledis Candelaresi
 Los valiosos terrenos públicos de Retiro son un bien tan preciado que la definición de cómo, cuándo y para qué venderlos enredó al Gobierno en una maraña de contradicciones y disputas internas. José Luis Machinea anunció que la venta de estos codiciados lotes sería utilizada para que el Tesoro compense la baja de impuestos prometida el lunes a los empresarios. Pero este propósito fiscalista colisiona con el proyecto urbanístico que está desarrollando la propia nación con la Ciudad de Buenos Aires, y al que Economía no es ajeno. También resulta contradictorio con el propósito de afectar esos bienes, entre otros, al fondo que garantizará parte del Plan Federal de Infraestructura.
Formalmente, las tierras ferroviarias de Retiro están en la órbita del Organo Nacional de Bienes Estatales (Onabe) que, a su vez, habría cedido el gerenciamiento a la Corporación Retiro SA. Se trata de una sociedad integrada en partes iguales por el Estado nacional y la Ciudad, cuya finalidad es desarrollar una iniciativa para remozar íntegramente la zona, incluido el puerto y la proyectada autopista ribereña.
El anuncio de Machinea dejó perplejo a más de un funcionario de la Corporación, cuyo sueño es llevarse los laureles de un emprendimiento tan prometedor como fue el de Puerto Madero, también gerenciado por una organismo público. Algunos de aquellos hombres estuvieron el jueves pasado sentados junto al secretario de Finanzas, Daniel Marx, analizando la estrategia para promover inversiones en el marco del �Proyecto Retiro�, sin que nadie les advirtiera que Economía podía tener otros planes.
Ese emprendimiento también supone vender los lotes públicos sobre la avenida del Libertador. Pero el producido de esa venta sería utilizado para costear obras de infraestructura, como apertura de calles y provisión de servicios básicos. �Así se podrán captar inversiones privadas en la zona por 1700 millones de pesos�, se entusiasmó ante Página/12 una fuente de la Corporación, que prefirió mantener su nombre en reserva hasta tanto la situación aclare. Oficialmente, de ahora en más el interlocutor oficial referido al tema será Marx.
La última versión del Proyecto Retiro prevé desarrollar dos áreas de urbanización sobre un total de 15 hectáreas, especialmente destinadas a oficinas, reservando unas 60 hectáreas para parquizamiento. También contemplaría la extensión de ferrocarriles cargueros hasta el Puerto, la modernización de las dársenas y la construcción de una terminal para corta y media distancia, entre otros emprendimientos. Quizá muchas de estas obras puedan encararse igual. Pero el compromiso estatal de proveer infraestructura parece estar ligado a la posibilidad de disponer de aquellos disputados lotes.
La propuesta de vender los terrenos ferroviarios habría sido incluida en el paquete de medidas anunciado el lunes por Machinea a último momento, después de que Fernando de la Rúa hubiera descartado otras alternativas de financiamiento ofrecidas por el ministro. Pero cualquiera sea el móvil de la venta, lo cierto es que antes de poner un cartel de venta sobre los terrenos, es necesario que la Ciudad sancione una ley que defina los usos posibles. Esta determinación es imprescindible para fijar el valor de los bienes, cuyo destino está ligado a la voluntad de Legislatura de Buenos Aires y al ánimo del jefe de Gobierno de ese distrito, el frepasista Aníbal Ibarra.
| Dardos desde el Congreso
Economía anunció su intención de vender cuanto inmueble ocioso encuentre para evitar que se agrande el bache fiscal. Pero con su afán de preservar las cuentas públicas avanzaría sobre inmuebles que están comprometidos para integrar el fondo fiduciario de infraestructura, garantía que el Estado ofrece a los constructores de que efectivamente pagará las obras a contratar. Según el proyecto legislativo que el Poder Ejecutivo giró al Congreso, ese fondo se nutrirá con �el producido� de una serie de bienes públicos, nómina que incluye expresamente los lotes de Retiro. �Si la ley se aprueba, los inmuebles comprometidos quedan afectados al Plan de Infraestructura y para desafectarlos sería necesario sancionar otra ley. Algo semejante generaría incertidumbre respecto a esta iniciativa�, interpretaba ayer ante este diario José Recio, el radical que preside la Comisión de Obras Públicas de Diputados. Desde el justicialismo, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Oscar Lamberto, señaló la misma disyuntiva en la que quedó entrampada Economía, al postular que venderá para una cosa lo que ya comprometió realizar para la otra. �Hay muchas contradicciones en el Gobierno�, objetó el legislador. |
DEFINEN LAS OBRAS SOCIALES PARA MONOTRIBUTISTAS
Un favor al sindicalismo menemista
Por R.D.
El Gobierno cerró el martes un acuerdo con la CGT dialoguista, encabezada por Rodolfo Daer, para cederles a ocho gremios alineados en ésta los fondos de aportes para obra social que les retiene a los monotributistas y que, hasta ahora, no tenían asignación. Bancarios, gastronómicos, empleados de comercio, trabajadores rurales y trabajadores de Aguas (ex Obras Sanitarias) son algunos de los gremios que recibirán el favor oficial de ser designados como obras sociales entre las cuales deberán optar los monotributistas para dirigir sus aportes, sin importar su actividad específica. Hasta el momento, Economía tenía retenidos 55 millones de pesos por aportes no asignados, que ahora se distribuirán entre un número no mayor de ocho obras sociales elegidas al arbitrio del Gobierno.
El tema fue conversado durante el encuentro que la cúpula sindical mantuvo el martes con el ministro de Salud, Héctor Lombardo, y el superintendente de Servicios de Salud, Rubén Cano. La concesión de los 900 mil monotributistas inscriptos �de los cuales abonan regularmente su aporte mensual, en promedio, unos 600 mil� a un reducido grupo de gremios pertenecientes al sindicalismo menemista calmó la ansiedad de sus popes, que habían llegado a la reunión con ánimo cuestionador contra el régimen de desregulación de obras sociales. �Las cosas irreconciliables en la democracia se arreglan con diálogo, porque la única posibilidad que hay es dialogar para encontrar lo mejor para todos�, señaló Lombardo, aunque no se trató de una confesión del acuerdo alcanzado sino que se refería a las diferencias en torno de la apertura del sistema solidario de salud a la competencia privada.
A partir de la última modificación del régimen de monotributo, se aumentó su aporte global y se asignó 20 pesos de lo recaudado a la cobertura de salud, pero hasta ahora no se había definido cuáles eran las obras sociales a las cuales serían asignados. La decisión oficial comunicada a la CGT implica que los gremios encabezados por Juan José Zanola, José Luis Barrionuevo, Armando Cavalieri y Rubén Pereyra serán algunos de los beneficiados por el reparto de estos afiliados cautivos. Tras esta comunicación, la central encabezada por Daer bajó sensiblemente su nivel de críticas a la privatización de la salud. Favor con favor se paga.
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