Ni mirar televisión en pantuflas ni jugar con los nietos. La Justicia dispuso que Víctor Alderete seguirá preso en Gendarmería. Así lo determinó la Sala I de la Cámara Federal porteña que ratificó �por dos votos contra uno� el procesamiento por defraudación a la administración pública, la prisión preventiva y un embargo por 5 millones de pesos que le había dictado el juez Adolfo Bagnasco hace cuatro meses. Tal como adelantó Página/12, la jueza Luisa Riva Aramayo se pronunció a favor de la liberación del ex funcionario. La Oficina Anticorrupción (OA) lo había denunciado como jefe de una asociación ilícita que defraudó al PAMI, pero Bagnasco le dictó la falta de mérito al respecto. Ayer, el tribunal declaró nula esa parte de la resolución, pero por distintos motivos determinó que esto no implicaba su excarcelación. La OA y el camarista Martín Irurzun coincidieron en señalar la necesidad de que Bagnasco estudie todas las causas en las que Alderete está imputado antes de procesarlo como jefe de una banda.
�Es un fallo serio y bien fundado, que responde a todos nuestros planteos�, opinó ante este diario el director de Investigaciones de la OA, Manuel Garrido. 
Riva Aramayo y su colega Horacio Vigliani habían emitido votos disímiles, por lo cual fue necesario que el camarista de la Sala II, Martín Irurzun, formulara su voto para definir la resolución dado que la Sala I todavía tiene un lugar vacante. Vigliani entendió que Bagnasco no había explicado cuáles son las pruebas que tiene y cuáles son las que le faltan para procesarlo como jefe de una asociación ilícita. Por lo tanto, le indicó que vuelva a analizar la situación procesal de Alderete cuando finalicen las declaraciones indagatorias de los restantes supuestos integrantes de la banda, es decir, del directorio, los gerentes del PAMI y los prestadores. Los interrogatorios en el juzgado aún no concluyeron. Sin embargo, el camarista consideró que había que mantener la prisión preventiva de Alderete porque subsiste la calificación de jefe de una asociación ilícita que estableció la Sala I cuando rechazó su pedido de exención de prisión. 
En cuanto a la �administración infiel� que el ex compañero de golf de Carlos Menem habría realizado en el PAMI, Vigliani coincidió con Bagnasco y describió que �las modificaciones internas apuntaron a �despojar al aludido ente de los canales ordinarios de control�. Tras detallar los cinco casos testigo presentados por la OA, el camarista destacó que todos se caracterizaron por �el método de contratación directa, la falta de verificación de otros oferentes y de los respectivos precios y la falta de seguimiento posterior respecto del cumplimiento de los pertinentes contratos�.
Para fundamentar su posición de no liberar a Alderete, Vigliani apeló a la �situación global� del ex funcionario en la Justicia, a partir de los veinte procesos que lo tienen como imputado, tres de los cuales ya llegaron a su procesamiento. El razonamiento es que ante una eventual condena ésta no sería nunca de cumplimiento condicional sino efectivo, es decir en prisión, �dada la gravedad de la imputación por la reiteración de los hechos, el presunto perjuicio ocasionado al Estado nacional y el importante cargo que tenía en el PAMI�. 
El camarista Martín Irurzun coincidió con Vigliani en que, en caso de recuperar la libertad, �el imputado podría intentar eludir la acción de la Justicia�. Riva Aramayo discrepó con esta postura y recordó que, cuando estaba en libertad, Alderete se presentó a todas las citaciones judiciales. La jueza agregó que �menos aún puede presumirse a esta altura del proceso que el imputado pueda o intente entorpecer el cauce de las investigaciones�, tal como escribió Irurzun en su voto. Riva Aramayo rebatió los argumentos con que Bagnasco había encarcelado al ex funcionario menemista. Explicó que �la valoración de la gravedad de los hechos� como obstáculo para otorgar la libertad al imputado es un aspectoque �ya tuvo en cuenta el legislador al remitirse a las escalas penales establecidas en el Código Penal�. Y no se privó de criticar en forma indirecta al juez. Expresó que es cierto que el caso produjo, �al amparo de la hoy denominada �justicia mediática�, una considerable repercusión social�, pero recordó que esa expresión así como la de �peligrosidad� fueron criticadas dura y acertadamente por la legislación vigente.

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