Organismos defensores de los derechos humanos le pidieron a la jueza Cristina Garzón de Lascano que citara en calidad de imputado al cardenal Raúl Francisco Primatesta, como cabeza de una red de complicidad y encubrimiento que, �desde un sector de la jerarquía eclesiástica�, toleró violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. El titular del Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Verbitsky, y la abogada del Servicio de Paz y Justicia María Elba Martínez realizaron el planteo en la causa en que se investiga la verdad sobre el destino de los detenidos-desaparecidos. El CELS pidió constituirse en querellante y aportó junto al Serpaj documentos que probarían la apropiación de menores operada desde la ex Casa Cuna y la existencia de pequeños campos de detención y tortura dependientes de la Policía provincial.
Testimoniales, pericias y otros elementos permitieron en los últimos meses reconstruir hechos hasta hoy no contemplados en las investigaciones e incluso de nuevos escenarios del terrorismo de Estado. �Legajos de la Policía Federal, depósitos en la ex Casa Cuna, actas de la morgue judicial que llevan firmas de médicos y funcionarios judiciales� conforman un material probatorio suficiente para determinar la existencia de un plan sistemático de exterminio y de apropiaciones de menores, le explicó a Página/12 la abogada Martínez. 
De la investigación sobre la D2 de Informaciones (Departamento de Inteligencia de la Policía provincial) resultó, por ejemplo, la existencia de pequeños campos de detención y tortura, menos conocidos que La Perla pero igualmente siniestros, como la llamada Escuelita El Pilar. 
A partir de ahora, tantos los miembros del CELS como el Serpaj piensan llevar una estrategia conjunta como querellantes y pidieron, ayer mismo, las primeras imputaciones. También agregaron a la causa a 20 nuevos familiares y hechos sucedidos con anterioridad a 1976. 
�Creemos que hoy están dadas las condiciones para que la causa avance hacia imputaciones concretas de los responsables�, afirmó Verbitsky. 
El informe lleva nombres y apellidos: en el sistema militar, incluye desde Luciano Benjamín Menéndez hacia abajo, a �toda la estructura que actuó en el Tercer Cuerpo�, a ex miembros del equipo médico de la ex Casa Cuna y también a integrantes de la Iglesia. Solicitaron que se impute a Primatesta, ex arzobispo de Córdoba, y que se lo cite a declarar en la causa Menéndez. �Hace poco participó de una ceremonia de pedido de perdón, hubiera sido deseable oír su voz referida a casos concretos, no en forma genérica y abstracta, en la que pidió perdón por lo que otros hicieron�, señaló Verbitsky en conferencia de prensa.
Tanto el CELS como el Serpaj desconocen el concepto de cosa juzgada que �no se aplica sobre delitos como la desaparición forzada de personas, que se sigue perpetrando en el tiempo�. De este modo, el indulto tendría eficacia solamente hasta el momento en el que se decretó, y no hacia el futuro. En otro punto, argumentan que, ateniéndose al Código Penal, en la sustracción y ocultación de menores se alude a menores de 18 años, �por lo que el delito podría aplicarse a la desaparición de estudiantes del Colegio Manuel Belgrano�, por ejemplo. Según esta postura, las personas individualizadas como responsables de la desaparición pueden ser imputadas y por ende condenadas.
�Para nosotros, la verdad no puede ser impune. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le exige al Estado (argentino) investigar y sancionar�, señaló Martínez. Hasta ahora, en la causa que más avanzó (la de los crímenes cometidos en la Penitenciaría), la definición común era que, beneficiados los acusados con las leyes de Punto Final, Obediencia Debida y el indulto, no había imputaciones posibles. Y esto es lo que intentan torcer los querellantes.)

ADOLFO PEREZ ESQUIVEL DECLARO EN EL JUICIO DE ROMA
�Se cometió un brutal genocidio�

Laura Términe
Desde Roma

Un acuerdo entre los ex generales Carlos Guillermo Suárez Mason y Santiago Riveros para coordinar la represión en la zona I y la zona IV durante la dictadura fue develado ayer por Luis Moreno Ocampo durante una audiencia del juicio que se sigue en Italia contra estos dos ex jefes del Ejército y otros cinco subordinados por el asesinato de siete ciudadanos italianos y la desaparición de un bebé. La Corte de Asisse de Roma escuchó también por boca del premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, la complicidad que tuvo la Iglesia con el régimen de facto y los pilares de la doctrina de seguridad nacional que justificaron la brutalidad de la represión. El ex fiscal del Juicio a las Juntas Militares señaló a Pajarito Suárez Mason como el responsable de todas las desapariciones y muertes ocurridas en la zona bajo su comando, que incluyen los campos clandestinos La Cacha y El Vesubio, por donde pasaron las víctimas de este juicio. �Era el monarca absoluto de la zona I�, declaró Moreno Ocampo; �los jefes de las subzonas podían decidir a quién detener, pero no podían modificar el criterio de secuestro, tortura y muerte�. 
El titular de Poder Ciudadano ratificó la existencia de un acuerdo entre Suárez Mason y Riveros �este último comandaba la zona de Campo de Mayo� en el accionar represivo y sacó a la luz las órdenes firmadas por el ex jefe del Primer Cuerpo de Ejército que emergieron durante el juicio contra Ramón Camps. Pérez Esquivel tuvo que esperar hasta las cinco de la tarde para testimoniar ante el Tribunal. �En Argentina no hubo una guerra, se cometió un genocidio contra todos los sectores sociales con la excusa de la guerrilla�, despejó dudas el titular del Servicio de Paz y Justicia a una platea de jurados populares, que lo escuchó atenta a pesar de las ocho horas que llevaban en la sala de audiencias. Esquivel habló sobre la complicidad de la Iglesia ��me reunía con Pio Laghi para denunciarle lo que sucedía��, y desgranó los valores de la doctrina de seguridad nacional que justificaba la represión. El Nobel de la Paz resumió también su experiencia de desaparecido durante catorce meses, las torturas sufridas y cómo fue salvado gracias a una contraorden mientras sobrevolaba las costa de Uruguay, encadenado a un asiento en un vuelo de la muerte.
Varios testimonios recrearon ayer la muerte de Norberto Morresi, asesinado el 23 de abril de 1976, dos horas después de que fuera detenido junto a Luis María Roberto con ejemplares de la revista Evita Montonera, que la dictadura había decretado ilegal. El papá, Julio Morresi, contó que pagó 40.000 dólares en extorsiones para recuperar a su hijo �que tenía 17 años� y los abogados presentaron el fascículo secreto del Ejército que documenta ese crimen y que fue usado en el Juicio a las Juntas de 1985. El antropólogo Darío Olmo, que realizó la exhumación de Morresi en 1989, confirmó que fue muerto por disparos realizados a corta distancia y descartó un posible enfrentamiento armado. El hermano de Julio, Claudio, ex jugador de River Plate, estuvo presente durante toda la audiencia.

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