 Los abogados de los ocho condenados por el caso Cabezas le regalaron al gobernador Carlos Ruckauf una inmejorable oportunidad para redoblar su intento de eliminar ciertas garantías procesales: anunciaron que pedirán la liberación de sus clientes porque ya excedieron los tres años de prisión sin sentencia firme. La consecuente preocupación de la familia del fotógrafo se transformó en un pedido de reunión con Ruckauf, que fue concedida de inmediato y concretada ayer mismo. Una autorizada fuente de la Cámara de Casación rechazó de plano ante este diario que horneros y compañía puedan ser excarcelados. Pero el gobernador aprovechó el momento y tras su encuentro con los familiares del fotógrafo agitó el fantasma: �Los asesinos de Cabezas pueden quedar libres�, alarmó y volvió a pedir la derogación de la ley del �dos por uno�. �No es necesario abrogar el Pacto de San José de Costa Rica�, argumentó esta vez. Entre los diputados nacionales, la polémica parece haber prendido: aliancistas y justicialistas se propusieron discutir el tema, aunque los primeros sólo están a favor de una limitación del beneficio y no de su eliminación.
La cíclica andanada contra la ley que establece el �dos por uno� �que cuenta doble cada día de prisión sin sentencia� y que dispone además la libertad a los tres años de detención sin condena firme (extensible seis meses en caso de existir sentencia de un juicio oral) había sido reinstalada el martes, cuando el ministro de Justicia provincial, Jorge Casanovas, estimó que en lo que queda del año podrían quedar libres entre siete y ocho mil presos por ese beneficio.
En ese marco, el anuncio de las defensas de los detenidos por Cabezas llegó como anillo al dedo para el gobernador. Los abogados trabajarán esta vez en conjunto, con la idea de que un planteo global será más efectivo. La presentación corresponde hacerla ante Casación. Más exactamente, ante la misma sala que dejó en libertad a Roberto Labonia, condenado �aunque con sentencia no confirmada� por un asesinato en Las Toninas.
Una fuente irreprochable de esa cámara, consultada por este diario, sostuvo que ambos casos son totalmente diferentes. Labonia estuvo preso en esas condiciones durante 12 años. En el caso Cabezas, los plazos �todavía están dentro de los parámetros razonables�, dijo. Y señaló que �hay elementos fuertes en la causa para rechazar esa pretensión�.
Esa situación no impidió, sin embargo, que Ruckauf y Casanovas aprovecharan la ocasión. El ministro hasta sostuvo que �cada juez que irresponsablemente ponga en libertad a un asesino cuando no corresponda le será juzgada su responsabilidad político-jurídica�.
El gobernador, por su parte, también insistió en sus críticas hacia la Alianza, a la que responsabilizó por �no sancionar las leyes que impidan que asesinos y violadores sigan saliendo de la cárcel�. La respuesta llegó desde la Cámara de Diputados provincial: su presidente, Francisco Ferro, aseguró que �todos los proyectos enviados por Ruckauf fueron tratados en tiempo y forma�. �El gobernador pudo implementar sin obstáculos su política de seguridad. Lo que ahora queda en evidencia es el fracaso de esa política, porque desde que asumió Ruckauf hay un record de muertos de policías y civiles. Y los índices de delincuencia no bajaron�, explicó.
De todos modos, aceptó la predisposición de la Alianza a discutir el tema del �dos por uno�. �El proyecto más razonable parece ser el de (el diputado nacional Melchor) Cruchaga, que propuso que ese beneficio se suspenda si hay una sentencia, aunque esté apelada�, destacó.
De hecho, tanto el �dos por uno� como la excarcelación a los tres años de prisión sin sentencia firme forman parte de una ley nacional. En la Cámara de Diputados, aliancistas y justicialistas intentarán consensuar en un plazo de 15 días un dictamen en la Comisión de Legislación Penal, aunque el acuerdo no será sencillo. Mientras los primeros pretenden limitar el beneficio, el PJ apuesta directamente a su derogación.
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El dos por uno en debate |
�Desplaza el tema central�
Por Fernando Maroto *
�El tema del dos por uno fue establecido en 1994 y no está mal que ahora se examinen los resultados. Estamos dispuestos a debatirlo. Ahora dicen que van a salir siete mil presos. En realidad, van a salir los que estuvieron saliendo todos estos años. Pero si no es antes, el preso va a quedar en libertad cuando cumpla la condena. Y éste es el tema de fondo. Con sus críticas al dos por uno, el gobernador desplaza el verdadero problema: que el Estado (del cual es responsable) no cumple el mandato constitucional de resocializar al delincuente. Que no salga con odio y resentimiento, para que no vuelva a delinquir. Esto no sucede por la desastrosa situación del sistema penitenciario, que depende justamente de Ruckauf. Y de esto el gobernador nunca habla.�
* Camarista.
�El Estado no cumple�
Por Esteban Righi *
�El dos por uno es la consecuencia de que el Estado no cumple con los plazos razonables para el juzgamiento de una persona. ¿Por qué entonces se va a hacer pagar los platos rotos al procesado? Y dos años, con prórrogas de uno más y otros seis meses, parece ser un plazo efectivamente razonable. Es cierto que parece haber una colisión de intereses entre la sociedad que tiene derecho a verse protegida y el individuo que tiene derecho a la justicia en tiempos razonables. Pero la seguridad pública no tiene que ver con la prisión preventiva, sino con la prevención del delito. La preventiva debería ser una excepción, con el objetivo de evitar que el procesado destruya pruebas o se evada. Si convertimos a todo procesado en un condenado, ¿para qué hacemos los juicios?�
* Penalista |
DENUNCIA TRUCHA CONTRA EL JEFE DE LA FEDERAL
Una interna feroz para Santos
Por Raúl Kollmann
Integrantes de la Policía Federal pusieron ayer en marcha una operación político-judicial destinada, una vez más, a socavar al jefe de la fuerza, comisario Rubén Santos. En el juzgado de María Romilda Servini de Cubría se entregó un escrito, en verdad dirigido al presidente de la Nación, acusando a Santos por enriquecimiento ilícito. Al final de las nueve fojas del texto figuran las firmas de ocho comisarios generales retirados, empezando por Antonio Hanna, presidente del Centro de Oficiales Retirados de la Federal. Ante Página/12, Hanna manifestó que de ninguna manera firmó ese escrito por lo que su rúbrica es falsa. Aunque no había dialogado con los otros firmantes �algunos de los cuales llevan 20 años de retirados�, Hanna le adelantó a este diario que seguramente también las demás firmas son truchas. La jueza Servini de Cubría entregó el texto para que se abra una causa, que recayó en el juzgado de Gustavo Literas, quien temporariamente es reemplazado por Jorge Urso. La operación contra Santos se suma a avisos clasificados falsos en los que se pedía, por ejemplo, distribuidores de �merca�, con el domicilio del Departamento Central de la Policía.
El texto entregado ayer a la Justicia se orienta nítidamente hacia la interna al punto que señala que �el jefe de Policía, comisario general Rubén Santos, es una persona que si bien lleva más de 35 años en la Policía Federal, la única que vez que pisó los adoquines de la calle fue en su época de agente conscripto, cuando hacía la conscripción para salvarse de ir al Ejército�. Como se ve, son imputaciones políticas en las que se respalda el discurso de los duros, que afirman ser los que se tirotean con los delincuentes, y quieren apuntar a los �científicos� o �blandos�, que supuestamente no tienen �calle�. Por ejemplo, el texto considera en forma despectiva el hecho de que Santos haya estudiado en la Universidad de Buenos Aires.
Junto con las acusaciones más políticas, en el escrito se menciona �sin pruebas� que Santos habría cobrado comisiones de la firma Ciccone Calcográfica, por la adjudicación de la impresión de los pasaportes. Se habla de un millón de dólares. También se dice que la esposa de Santos tiene a su nombre una estación de servicio ubicada en avenida Eva Perón a unos 400 metros (sic) del cruce con Perito Moreno.
Como es obvio, el texto fue redactado por hombres que conocen bien la interna de la Federal y que vienen hostigando a Santos. Dan nombres, ubicaciones, detalles de funcionamiento y cargos, por lo que queda claro que es una operación de integrantes de la propia fuerza. Ahora, el juez Urso ya no tiene una denuncia sino una denuncia falsa, y todo indica que debería buscar a los falsificadores, o sea los que tratan de desestabilizar la Federal. El escrito evidencia no sólo que la interna feroz existe sino que continúa.
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