La Justicia investiga si alguno de los sesenta y nueve miembros del Honorable Senado de la Nación se enriqueció en forma ilícita. Cuando la causa sobre los sobornos para la aprobación de la Reforma Laboral adquirió un ritmo que dio respiro al Senado, otro proceso cobró impulso: el fiscal Paulo Starc �a cargo por delegación del juez Adolfo Bagnasco� había resuelto hacer avanzar la denuncia contra tres legisladores por supuesta malversación de caudales y enriquecimiento ilícito. Pero ahora decidió ampliar la investigación a todos los integrantes de la Cámara alta, por pedido del denunciante, el abogado Ricardo Monner Sans. Por eso solicitó al Senado las declaraciones juradas y los números de cuentas bancarias de todos los que pasaron por allí desde 1992. Y ya recibió los datos de Augusto Alasino, Jorge Massat y Emilio Cantarero. 
Página/12 publicó hace un mes que cada senador recibe 150 pesos por mes �para asegurar el normal desarrollo� de las funciones de los bloques parlamentarios. Así lo dispusieron por decreto las autoridades del Senado en julio de 1992. Y que el ex presidente del bloque justicialista, el entrerriano Augusto Alasino, habría incluido en su declaración jurada de bienes la totalidad del dinero asignado para la bancada. Monner Sans estimó que si esto se comprueba el senador habría cometido el delito de malversación de caudales y si no fue así �pudo haber una manifestación falsa en las declaraciones juradas con miras a otros propósitos�. El fiscal Starc quiere saber si los demás presidentes de bloque adoptaron una actitud similar a la que habría tenido Alasino. 
El semiconfeso senador salteño Emilio Cantarero fue uno de los pocos que admitió en su declaración de bienes haber recibido 20 mil pesos en concepto de gastos reservados. Los investigadores quieren saber si en el régimen del manejo de fondos reservados existieron distintas categorías y montos respecto de su entrega. El tercer denunciado es el senador santafesino Jorge Massat, a quien su sobrina acusó por presuntos manejos irregulares de dinero en una empresa propiedad del legislador. 
El domingo este diario publicó en exclusiva un informe de la AFIP que analizó las declaraciones juradas de los senadores correspondientes a 1998 y 1999. Los contadores encontraron una serie de omisiones llamativas y las pusieron en conocimiento del juez Liporaci. Por ejemplo, Cantarero se olvidó de tres inmuebles, Eduardo Bauzá omitió el aumento patrimonial de una de sus empresas, parte de los ingresos de Alasino son de origen desconocido y se desconoce el origen del 60 por ciento de los ingresos de Ramón Ortega de 1999. El lunes Monner Sans amplió su denuncia con una copia del artículo y Starc ya solicitó ese documento a la AFIP.
El requerimiento del fiscal alcanza también a quienes pasaron por el Senado pero ahora están en otros cargos, como el presidente Fernando de la Rúa y algunos gobernadores provinciales. En los pasillos de la Cámara alta empezó a palparse el disgusto que podría materializarse con un rechazo de las pretensiones de Starc. Sin embargo, una fuente de la fiscalía aclaró ante Página/12 que �acá no vamos a hacer una caza de brujas, sólo avanzaremos con elementos sólidos y no debiera haber preocupación alguna porque, en definitiva, esto puede servir para una autodepuración�. 
Alasino fue investigado durante varios años por enriquecimiento ilícito pero el juez federal de Concepción del Uruguay Juan José Papetti archivó la causa. Aunque el senador pidió ser sobreseído no tuvo suerte. Sin embargo, hace un mes uno de sus denunciantes, el diputado Adolfo Lafourcade, pidió que se reabra el caso con nuevas pruebas. La Justicia entrerriana no las consideró suficientes y dejó el expediente archivado. Ahora no se decide a enviar una copia a Buenos Aires, tal como se lo pidió Starc. 
Una alta fuente judicial comentó a este diario que Liporaci advirtió que sólo sería pertinente avanzar en la hipótesis del enriquecimiento ilícito si en su investigación comprueba que alguno de los senadores imputados aumentó su patrimonio en forma reciente, es decir, durante o después de las negociaciones que desembocaron en la sanción de la Reforma Laboral. Por ese motivo en tribunales especulaban con que todas las miradas y desvelos de los políticos implicados se mudaron del tercero al quinto piso de Comodoro Py, donde funcionan las fiscalías federales.

DE SANTIBAÑES RATIFICO SU DENUNCIA CONTRA BIELSA
La guerra continúa por otros medios

Por A.M.

El ex jefe de los espías Fernando de Santibañes apareció ayer en los tribunales federales de Retiro para ratificar su denuncia contra el síndico general de la Nación, Rafael Bielsa. En una auditoría sobre las cuentas de la SIDE, el organismo que dirige el jurista vinculado al Frepaso detectó que De Santibañes informó a la Contaduría General que había gastado 22 millones 300 mil pesos cuando en realidad ese dinero estaba depositado en una cuenta bancaria secreta. Los investigadores del caso de los sobornos en el Senado están estudiando el informe de la Sigen. 
El ex banquero y ex funcionario acusa a Bielsa de haber violado el secreto de Estado por la divulgación que tuvo ese informe. Además trató de invalidar la rigurosidad de la auditoría argumentando que la Sindicatura General de la Nación (Sigen) reconoció que los espías le retacearon información. Y cuestionó la competencia del ente de control de las cuentas públicas para investigar a la Secretaría de Inteligencia del Estado. 
De Santibañes estuvo apenas unos minutos en el juzgado federal en que tramita la causa, a cargo de Rodolfo Canicoba Corral. En su denuncia, pidió a la Justicia que investigue si Bielsa y cuatro de sus colaboradores podrían haber cometido los presuntos delitos de �violación de los secretos del Estado, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario�. El fiscal federal Miguel Angel Osorio podría impulsar la acusación contra Bielsa.
Página/12 pudo saber que De Santibañes presentó ante el magistrado un anónimo en el que le advertían que la Sigen obtuvo datos de ex empleados de la SIDE que habrían sido cesanteados durante su gestión y que estarían implicados en la causa que investiga irregularidades en el manejo de inmuebles propiedad de los espías. El ex funcionario también entregó copias del auto de procesamiento que le dictó la jueza María Servini de Cubría a esos ex agentes y aclaró que posee esa documentación porque el organismo de inteligencia es querellante en éste. En el libelo puede leerse la frase �lo quieren echar, no se vaya�. 

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