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La ONU controla muy de cerca
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 Los presos de La Tablada, la continuidad de los juicios por la Verdad, la violencia policial y los derechos de la mujer fueron algunos de los temas en los que los miembros del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas se mostraron preocupados en la audiencia oral que tuvieron ayer con los representantes del gobierno argentino. En base a esa entrevista, el informe oficial �elaborado durante la gestión menemista� y el alternativo �presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales�, el Comité hará su evaluación sobre la situación de los derechos humanos en Argentina y luego elaborará sus recomendaciones. El representante especial de Derechos Humanos en el ámbito internacional, Leandro Despouy; el titular del Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, Eugenio Raúl Zaffaroni y funcionarios de la secretaría de Política Criminal y Política Penitenciaria fueron los enviados del Gobierno ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. En las audiencias de ayer y anteayer se examinó la situación de la Argentina en los últimos cuatro años. Y si bien el informe presentado fue elaborado en 1998 por la gestión menemista, Despouy y Zaffaroni hicieron una exposición oral en el que se actualizó el tema. Paralelamente, el Centro de Estudios legales y Sociales (CELS) a través de María José Guembe y Andrea Pochak presentó un trabajo alternativo en el que se señala información faltante o se impugnan algunos de los argumentos estatales. El comité de derechos humanos mostró su preocupación ante los enviados gubernamentales por la situación de los presos de La Tablada, los índices de violencia policial, especialmente en las provincias de Buenos Aires, Mendoza y Corrientes, la independencia del poder judicial, los juicios de la verdad, la planificación familiar, la prisión preventiva que se convierte en una pena efectiva y la libertad de expresión. Sobre los abusos de las fuerzas de seguridad, Zaffaroni entregó una lista con más de cuarenta policías bajo proceso elaborada por la intervención federal de Corrientes. Y en relación al caso Tablada, Despouy informó sobre el proyecto girado al Congreso por el Poder Ejecutivo para garantizar la doble instancia judicial para quienes fueron condenados bajo la ley de Defensa de la Democracia. Una importante inquietud del Comité, que vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es la impunidad de los crímenes cometidos durante la última dictadura militar. Los expertos de la ONU indagaron sobre la colaboración que se prestaba en los juicios en el exterior contra represores argentinos e insistieron, tal como lo habían hecho en 1995, en la necesidad de expulsar de las Fuerzas Armadas y de Seguridad a los responsables de violaciones a los derechos humanos. En este punto, este año el Estado argentino no sólo incumplió esa recomendación sino que la contradijo al ascender a militares señalados por su participación en la represión ilegal. El extenso contrainforme del CELS señala, entre otros, los siguientes temas: * El legado de la última dictadura: �La desaparición forzada de personas no ha sido tipificada como delito en el Código Penal. El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (Consufa) �tribunal militar� intentó apoderarse de la causa por apropiación de menores y aunque el caso sigue en la justicia civil, ni el Presidente de la Nación ni el Ministro de Defensa han disciplinado a los militares que integran el Consufa para evitar que obstaculicen las investigaciones en curso. Hay una falta de colaboración con los juicios que se llevan a cabo en otros países contra militares argentinos. La Cámara de Casación intervino en el Juicio por la Verdad de Bahía Blanca para sustraer las investigaciones de la órbita de la Justicia federal�. * Derechos de los inmigrantes: �Hemos presenciado durante los últimos años la evolución de un discurso público fuertemente xenófobo, que culpabiliza a los inmigrantes provenientes de países vecinos, en particular de Perú yBolivia, como responsables del desempleo y la delincuencia. Las autoridades no han implementado ninguna política tendiente a contrarrestar ese rebrote xenófobo. Contrariamente, fueron las declaraciones del propio ex Presidente y sus funcionarios las que impulsaron una de las más fuertes campañas racistas�. * Ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad: �Las violaciones a derechos humanos cometidas por funcionarios policiales son, sin duda, uno de los principales problemas que debe enfrentar la democracia argentina. Jóvenes muertos en comisarías, personas desaparecidas después de habérselas visto por última vez al ser detenidas por agentes policiales, terceros muertos en tiroteos innecesarios o supuestos delincuentes que `caen abatidos` en dudosos enfrentamientos son sólo algunos ejemplos de los casos que la sociedad argentina está acostumbrada a leer en los periódicos todos los días�. El CELS también adjuntó información sobre ataques y agresiones a periodistas, la falta de prevención y de investigación seria en el caso AMIA, la criminalización de la protesta social, la problemática de los pueblos indígenas y el derecho a la salud.
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