| Por Cledis Candelaresi
 En las últimas semanas, José Luis Machinea tuvo que enfrentar recriminaciones de otros funcionarios por su bajo perfil, de técnico honesto pero poco convincente. Valga de ejemplo que, a poco de volver de Praga, donde participó de la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional, el ministro de Economía debió explicar por qué no propagandizó por cadena televisiva los elogios que su gestión recibió durante ese foro internacional. A decir de otros hombres del gobierno, esto hubiese servido para insuflar optimismo a inversores y consumidores locales. En la Alianza nadie desconoce que el ímpetu de Domingo Cavallo daría vigor al gobierno, haciéndolo más creíble para los mercados. Pero, al menos hasta anoche, nadie sabía cómo hacer políticamente viable esa integración.
El ex ministro de Carlos Menem es creíble para el establishment externo e interno. Quizás porque ya dio pruebas de a quién es capaz de enfrentar y a quién consentir. La concurrencia empresarial que reunió el lunes a la noche en el Hilton también prueba su poder de convocatoria.
A Cavallo no le falta arrojo. Un ex colaborador suyo en el Palacio de Hacienda reconocía ayer ante este diario que el temperamental Mingo muchas veces arremetía con optimistas pronósticos sobre el presunto efecto de sus medidas. Pero, en realidad, no tenía certeza alguna de qué ocurriría. A diferencia del medido Machinea, el actual titular de Acción por la República se juega con decisiones y pronósticos alentadores.
Pero ninguno de esos rasgos presuntamente seductores del controvertido hombre de la Fundación Mediterránea resultan suficientes para que toda la Alianza abrace la idea de incorporarlo. Carlos Chacho Alvarez �se lo banca�, a decir de un actual funcionario próximo al ex vicepresidente. Pero para muchos dirigentes del Frepaso, así como para un sector del radicalismo, su posible arribo al organigrama oficial sería como un trago de cianuro. Más por una cuestión de piel y de estilos, que por diferencias sustanciales en políticas económicas.
El jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, descartó el jueves esa temida incorporación al staff aliancista. Pero al mismo tiempo, reconoció que Cavallo será un hombre de consulta �especialmente en cuestiones de recaudación�, tanto como lo serían los liberales Juan Alemann y los técnicos de Fiel. Al margen de esta prédica, ya hay un hecho que marca cierta comunión de ideas: Cavallo habló de privatizar la recaudación de impuestos y casi al unísono el gobierno anunció que planea lo propio.
Sin embargo, un virtual casamiento no sólo es difícil por los pruritos de un sector de la Alianza hacia quien fuera un todopoderoso ministro del menemismo. Estas resistencias son tan reales como la pseudosimpatía que confiesan los activistas de Acción por la República hacia el Frepaso. �Tienen la misma vocación de lucha anticorrupción que nosotros, por ejemplo en el caso (Alfredo) Yabrán, a diferencia de lo que demostró la UCR�, explicaba el diputado Alfredo Castañón, titular de la bancada cavallista y apoderado de la tercera fuerza, según los últimos comicios.
Los propios operadores de Cavallo no ven con muy buenos ojos ese acercamiento, porque entienden que con él su jefe podría perder chances de jugarse nuevamente a la presidencia en el 2003. Pero si el ex ministro no está más cerca de sumarse al gobierno no es tanto por estos consejos sino porque Fernando de la Rúa no podría garantizarle todo el poder que reclama. No porque el Presidente no quiera sino, simplemente, porque no puede. �Con Menem celebrar un pacto de poder entrañaba el riesgo de que lo violara. Con De la Rúa el problema es que, por las propias disputas internas de la Alianza, no puede asegurarlo�, admite Castañón.
El gran logro circunstancial de Cavallo es que recobró el protagonismo político. Pero tanto el Palacio de Hacienda como una Jefatura de Gabinete con poder acotado, le quedarían chicos a sus aspiraciones. Quizás por esto el vicejefe de Gabinete, Marcos Makón, fantasea con la figura de un�embajador itinerante�, que aproveche su predicamento en la comunidad financiera internacional para predicar a favor de Argentina. Como no consigue hacerlo Machinea.
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opinion
Por Héctor Pedro Recalde * |
| Un decreto represor
El Gobierno nacional demoró negligentemente reglamentaciones de una ley que, pese a lo que el sentido común mayoritario de nuestro pueblo entiende, se mantiene vigente. No reglamentó el art. 32 de la Ley 25.250, denominado �Simplificación Registral� ni el Sistema Integrado de Inspección de Trabajo y la Seguridad Social (arts. 19 y s.s. de esa ley).
Pese a la utilidad de estas normas, su no reglamentación podría ser una buena señal si a continuación se derogara o se suspendiera la vigencia de la Ley 25.250, conocida primero como �Reforma Laboral�, luego como �Plan Canje� (ver Página/12 del 3/4/00) y finalmente como la �Ley del Soborno�.
La demora en que incurrió el ex ministro en aspectos que hacen a necesidades vitales de las pequeñas empresas (que puedan cumplir con la ley) y de la sociedad en su conjunto (combate a la evasión y al trabajo �en negro�) contrasta con la velocidad que imprimió para reprimir el conflicto social. Lo hizo poco antes de su doble renuncia.
Este decreto Nº 843/2000, mediante el cual se �reglamenta� el art. 33 de la Ley 25.250, ha cercenado el derecho constitucional de huelga. Para que el lector ubique el número, es la ley respecto de la cual el 93 por ciento de la ciudadanía opina, como dijo en un fallido un senador del PJ que fue �una ley comprada�. Aunque quiera disimular, copia el decreto 2184/90 que la ley que reglamenta derogó. Lo hace cuando en su art. 2º amplía sin límites las actividades que pueden ser consideradas servicios esenciales, en tanto faculta al Ministerio de Trabajo a calificar como actividad esencial y en consecuencia exigir la prestación de servicios mínimos no sólo �a los servicios esenciales en sentido estricto� sino a cualquier actividad que califique como �de importancia trascendental� o de �utilidad pública�.
Autocontradictoriamente, el decreto de marras (el que amarra, ata, aprisiona) le ordena al ministerio que al fijar los servicios mínimos se sujete a �criterios de razonabilidad�, pero a renglón seguido dice que no podrá imponer �guardias� superiores al 50 por ciento de la prestación normal del servicio. ¡Desde lo irrazonable, pide racionalidad!
El Diccionario de la Real Academia define el concepto �mínimo� de la siguiente manera: �Dícese de lo que es tan pequeño en su especie, que no hay menor ni igual�. Después de este decreto, podría decir que lo que es mínimo es el derecho de huelga.
Son muchas otras las transgresiones que se cometen contra el principio de legalidad, pero por su carácter excesivamente técnico las omito en esta nota. Baste citar el art. 7º que se refiere a los paros nacionales, a los que les aplica la misma normativa. La ley viciada dice que las �facultades del Ministerio de Trabajo... deberán ejercerse conforme las normas y resoluciones de la O.I.T.�.
Bueno es saber que esas normas y resoluciones dicen exactamente lo contrario a lo que afirma el decreto. Y lo que es más grave es que violan lo resuelto por el Comité de Libertad Sindical en una queja argentina (causa 1679), donde resolvió que en caso de un paro nacional no debe ser el Ministerio de Trabajo el que fije los servicios mínimos. Esa atribución debe quedar a cargo �de un órgano independiente�.
Lamentablemente, la política laboral de este Gobierno no es el cambio que la Alianza nos había prometido. Ya antes de la sanción de este decreto lo visualizamos con la reforma laboral, con la desregulación de las obras sociales, con la rebaja salarial y con el derecho de huelga. En los paros generales del 5 de mayo y del 9 de junio, el ministro de Trabajo de entonces, sin recato alguno, se remitió a las mismas resoluciones del gobierno anterior (SsRL Nº 161/97), que entonces habían criticado. Yo me pregunto, ¿dónde quedó la promesa electoral de respeto a la plena vigencia de los convenios colectivos, al derecho constitucional de huelga, a la autonomía colectiva y a la libertad sindical?
Una buena señal de la nueva conducción de la cartera laboral constituiría la revisión del decreto represor. La solución de la crisis moral, política, institucional, económica y social no pasa por amordazar a los obreros. Reprimir el conflicto social no sólo es ilegal e injusto, tampoco será eficaz.
* Jefe de abogados de la CGT - Hugo Moyano Secretario General. |
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