Por Irina Hauser
El juez Juan José Galeano pidió la captura internacional y la extradición del dictador chileno Augusto Pinochet por considerarlo uno de los jefes �de una asociación ilícita� que �habrían dado las directivas� para concretar el asesinato en Buenos Aires del general Carlos Prats �ex jefe del Ejército y ministro de Salvador Allende� y de su esposa Sofía Cuthbert. En la resolución firmada ayer, el magistrado solicita también la detención de otras seis personas. La Cancillería argentina no trabará la medida solicitada y se dispone a comunicarla al país vecino. El gobierno de Chile se apresta a tomar distancia del tema, algo que quedó claro cuando el ministro del Interior dijo públicamente ayer que deberá ser resuelto por la Corte Suprema chilena.
La resolución de Galeano dice que existen pruebas de que �en la República Argentina operaron miembros de esta organización ilícita, los cuales, a su vez, formaban parte de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Chile�. Que �la autoridad máxima de esta organización era el director de esa institución, general Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, quien respondía en forma directa al general Augusto José Ramón Pinochet Ugarte�. Explica que había comenzado a operar en Argentina en el primer semestre de 1974, que actuaba de manera clandestina, con una cadena de mando vertical y que en sus actividades criminales utilizó a la compañía aérea Lan Chile para el tráfico de información mientras que a sus agentes se los colocaba en oficinas de su gobierno� .
A Pinochet, a Contreras y a Pedro Octavio Espinoza Bravo, el juez los consideró cabecillas de la asociación ilícita y autores de un doble homicidio agravado. Sobre Raúl Iturraga Neumann, Jorge Iturraga Neumann y José Zara Holger, señala que �llevaron adelante los planes� del asesinato y posibilitaron los medios para concretarlo. También pide la extradición de Mariana Inés Callejas Honores como autora material del atentado junto con su ex marido Michael Vernon Townley, quien ya había confesado su participación y vive en Estados Unidos como testigo protegido, acusado también por el crimen del canciller chileno Orlando Letelier.
En la Cancillería argentina evaluaron el pedido de Galeano como �un trámite más en el proceso judicial�. Voceros del ministerio dijeron que �en caso de extradición se tramitará el exhorto del juez, luego de comprobar que cumpla con los requisitos del tratado entre ambos países�. �En ese caso �añadieron� el trámite se realizará vía la embajada argentina en Santiago que les transmitirá el pedido a las autoridades locales�. En Chile, el único que habló en nombre del gobierno fue el ministro Insulza, quien aclaró que será el máximo tribunal de ese país el que resuelva si hacer lugar o no al pedido del juez.
En los contactos telefónicos que mantuvieron representantes de los gobiernos de ambos países �que incluyeron al propio presidente chileno, Ricardo Lagos, como protagonista�, surgió una conclusión poco alentadora: �Chile ya tiene repertorio para que sus tribunales rechacen el pedido de extradición�, dijo a este diario un allegado a la Casa Rosada. Se refería a la postura que asumió el gobierno chileno cuando el juez español Baltasar Garzón pidió la extradición de Pinochet a Inglaterra: el dictador, advirtieron, será juzgado en su país, donde tiene abiertos otros procesos judiciales por violación a los derechos humanos. A eso se suma que ya fue negada la extradición de Contreras y del general Iturraga Neumann cuando fue solicitada por Italia. Las autoridades argentinas nunca demostraron demasiado interés en el avance del caso. �No vamos a celebrar ni condenar�, resumió un alto funcionario.
La causa judicial fue iniciada por las hijas de Prats y por el Estado chileno y quedó a cargo de la jueza María Romilda Servini de Cubría, a quien Galeano subroga por estar de licencia. La investigación fue impulsada por los fiscales Jorge Di Lello y Jorge Alvarez Berlanda, quienes ya en 1998 habían pedido las declaraciones indagatorias y ladeclaración de imprescriptibilidad de la acción penal por tratarse de delitos de lesa humanidad, cuestiones ambas refrendadas por el juez.
El general Prats y su esposa murieron cuando agentes de la DINA hicieron explotar una bomba ubicada debajo de su auto, en Palermo, el 30 de setiembre de 1974. Townley, autor confeso del homicidio, relató �entre otras cuestiones� que a mediados de 1974, en una reunión con los jefes de la DINA dijo que Prats era �un hombre peligroso para Chile� y que por eso se dio la orden de asesinarlo en Buenos Aires, donde se había refugiado.
La decisión de Galeano de pedir la detención y extradición de los siete acusados está basada en medio centenar de testimonios. Asegura que Prats y su mujer fueron vigilados, �amenazados de muerte en forma anónima y que se retardó intencionalmente la entrega de los pasaportes que les hubieran permitido abandonar el país salvando sus vidas� en aquel momento. Hasta ahora el único procesado por el caso es el agente Enrique Lautaro Arancibia, que en este momento está siendo sometido a juicio oral.
POLEMICA EN ESPAÑA CON HEBE DE BONAFINI
�No apoyamos los asesinatos de la ETA�
La titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, atribuyó ayer a �una campaña del delarruismo� las versiones que surgieron en España que indican que ese organismo apoya a la organización terrorista vasca ETA. �Nunca apoyamos los asesinatos de ETA. Sí denunciamos las torturas y vejaciones a presos vascos en las cárceles de España�, dijo Bonafini. Todo empezó con una queja del ministro del Interior español, Jaime Mayor Oreja, quien consideró que las Madres difundieron su apoyo a la ETA a través de la página web de la asociación.
Bonafini aseguró que las acusaciones forman parte de �una campaña del delarruismo que nos quiere dar con un palo, pero no nos van a aplastar� y consideró que �nunca estuvimos peor que con los radicales respecto de la represión y la opresión�. En la página web de la Asociación hay una carta en la que las Madres dicen compartir �con las madres vascas el dolor por sus hijos presos, perseguidos y asesinados�. �Sabemos �continúa� que el Estado español intenta proseguir la guerra y provocar una ruptura de la tregua. Las detenciones y torturas demuestran que lo peor del franquismo sigue vigente en España. Descubrimos que las ejecuciones son parte de las herramientas del terrorismo de Estado ordenado primero por González y ahora por Aznar�. Sin embargo, Bonafini aclaró que no respalda a la ETA. �¿Cómo vamos a apoyar a una organización que mata? Nosotras apoyamos a aquellas madres que pierden a sus hijos, ya sea por la acción del Estado o de agrupaciones armadas. Respecto de los terroristas, ellos están pagando en la cárcel, pero no tienen que pagar la tortura con tortura y la violación con vejación�, dijo.
En Madrid, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) declaró �no grata� a la Asociación Madres de Plaza de Mayo por su �apoyo explícito al mundo etarra� y les exigió a sus integrantes que se disculpen. Consultado por el tema en el último día de su gira por España, el Presidente dijo no estar informado.
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