�La defensa de Gustavo Prellezo (el principal acusado por el asesinato de José Luis Cabezas) la pagó un senador. Uno de los que ahora aparece involucrado en el caso de las coimas. 
�¿Qué senador pagó la defensa de Prellezo? �preguntó este diario.
�No se lo puedo decir, porque estaría violando el secreto profesional. Si el Senado me cita y de alguna manera me libera del secreto profesional, lo diría.
Este asombroso diálogo �y la revelación que contiene� surgió inesperadamente durante una entrevista que le estaba realizando Página/12 a Hernán Mestre, quien fuera principal abogado defensor del policía Prellezo, organizador del crimen de Cabezas y �según la Justicia� uno de los autores materiales del asesinato. La entrevista fue pactada para hablar de una causa paralela al caso AMIA, en la que Mestre es ahora defensor del otrora poderoso comisario Juan José Ribelli, pero ante el asombro de este periodista, Mestre reconoció que la defensa del asesino se pagó con dinero proveniente de un dirigente político, más precisamente un senador. Se confirma otra vez el oscuro origen de los fondos que hubo detrás de los abogados de varios de los protagonistas del caso Cabezas.
�¿Cómo es que usted llegó a ser defensor de Ribelli? �preguntó Página/12 promediando el diálogo con Mestre.
�Es que me vio actuar con mesura y bajo perfil en el caso Cabezas y le pareció que yo podía ser la persona indicada para manejar la causa penal y la demanda civil relacionada con Movicom, en el caso AMIA. 
�A propósito, ¿por qué usted dejó abruptamente el caso Cabezas?
�Porque dejaron de pagarme.
�¿Quién dejó de pagarle?
�Bueno, casi toda la defensa de Prellezo fue pagada por un senador. 
Ante el asombro y la posterior insistencia de este diario, el diálogo se tornó tenso.
�¿Qué pruebas tiene de que el dinero venía de un senador?
�Es la verdad. Yo me entrevisté dos veces con él, después numerosas veces con sus secretarios y ellos me entregaban el dinero. Es un senador cuyo nombre ahora apareció en el caso de las coimas del Senado. Lo cierto es que hacia el final de la causa Cabezas dejó de pagarme, obviamente por razones políticas y por eso abandoné la causa poco tiempo antes del juicio oral.
�Es fundamental que usted revele quién le pagaba para que quede claro de qué sector político salió el dinero.
�Yo no puedo hacerlo. Me lo impide el secreto profesional, el compromiso que tengo con mi defendido y, hasta cierto punto, con quien me pagaba. A menos que alguien me releve del secreto profesional...
�¿Qué pasa si lo cita el Senado? Porque otra vez aparece alguien del Senado en lo que es un verdadero escándalo: el pago de la defensa del asesino.
�Bueno, no sé. Si me cita el Senado y hay alguna forma en la que me releven del secreto profesional, seguramente diría quién es.
�¿Qué significó el pago de la defensa? ¿Implicó un acuerdo con Prellezo para que dijera tal cosa o negara tal otra?
�No, le aseguro que no. Pero no le voy a responder más nada.
�¿Y para qué le van a pagar un abogado a Prellezo si no querían meter mano en lo que iba a decir?
�Discúlpeme, pero no voy a contestar más nada sobre este tema. Mire, acá Prellezo corría el peligro de una condena terrible, como la que sufrió, por lo cual nadie en su sano juicio vende su defensa a cambio de algo que lo perjudique. La defensa se hizo en base a lo que más le convenía a Prellezo. 
�Sí, pero el senador que usted dice tal vez pagó para mantuviera en silencio alguna cosa, como por ejemplo quién pagó el crimen...
�Eso no fue así. No voy a hablar más de esto. Se terminó la entrevista.
La insólita derivación del diálogo muestra a las claras otra vez la oscuridad de los fondos que se movían detrás del caso Cabezas, especialmente para pagarles a algunos abogados. Reiteradamente, Página/12 señaló estos elementos:
u Este diario dialogó con familiares de los integrantes de la Banda de los Hornos, los cuatro delincuentes que fueron mano de obra del crimen. Su principal defensor, Fernando Burlando, es uno de los abogados más caros de la ciudad de La Plata. Los familiares, más que humildes, reconocieron que ellos no pagaban los servicios de Burlando y éste, con una sonrisa socarrona en la boca, dio distintas versiones: que lo hacía gratis por promoción, que le pagaban los familiares �desmentido por ellos mismos� y, finalmente, que era una cuestión que no iba a revelar. Siempre existió la sospecha de que los fondos para la defensa de los horneros salió de la gobernación bonaerense o de algún sector de la Policía Bonaerense, cuyos miembros aparecen nítidamente implicados en el crimen, al punto que el principal organizador fue Prellezo, policía, ayudado por Sergio Camaratta y Aníbal Luna, también policías, con los horneros �ladrones que trabajaban para los policías� como mano de obra y una zona liberada para cometer el crimen, establecida por los uniformados de la Costa.
u En el caso de Gregorio Ríos, jefe de la custodia de Yabrán, sus abogados nunca reconocieron públicamente que les pagaba el �papi-mafi�, pero es obvio que Yabrán y sus familiares se hicieron cargo �y aún lo hacen� de la factura de los abogados. El ex camarista Guillermo Ledesma y Jorge Sandro deben ser de los letrados más caros de la Argentina.
u Durante el caso Cabezas, también Página/12 manifestó sus dudas sobre el origen de los fondos con los que se pagaba la defensa del principal acusado, el ex policía Gustavo Prellezo. Siempre existió la sospecha de que el dinero salía también de la familia Yabrán y los pagos que según parece hizo un senador podrían confirmar incluso esa sospecha: hubo sectores políticos �y por supuesto senadores� ligados a Yabrán, al menemismo y al duhaldismo. En su momento, este diario le preguntó directamente a Mestre quién pagaba sus honorarios. �La familia de Prellezo�, fue la lacónica respuesta.
Con el dato que surge del diálogo con Mestre hay que revisar la lista de los once senadores implicados en el caso de los sobornos: Augusto Alasino, Angel Pardo, Ramón Ortega, Remo Costanzo, Emilio Cantarero, Ricardo Branda, Alberto Tell y Eduardo Bauzá, del justicialismo, y Raúl Galván, Alcides López y José Genoud, del radicalismo. Por el nivel de la operación que implica el pago de la defensa de Prellezo es factible que se trate de un senador con una envergadura más nacional que provincial. Lo cierto es que el Senado debería ahora preocuparse por saber quién pagó y por qué.

UNA INVESTIGACION COLATERAL DE LA CAUSA AMIA
Cómo es la causa Movicom

Por R. K.

La entrevista con Hernán Mestre apuntaba a una causa colateral del caso AMIA. En los primeros años de la investigación de los atentados, el juez Juan José Galeano le pidió un informe a la empresa Movicom sobre los diez celulares que estaban a nombre del entonces poderoso comisario Juan José Ribelli. El informe entregado por la empresa indicó que los teléfonos que utilizaba la gente de Ribelli �en operaciones de arreglo con los delincuentes, extorsiones y otros manejos ilegales que aparecen en la causa� estaban situados, el 10 de julio de 1994, en la zona de la casa del dueño de la Trafic que explotó en la AMIA, Carlos Telleldín. Ese día, fue el que supuestamente se le entregó la camioneta a los policías y éstos después se la habrían entregado a los terroristas.
El año pasado, Movicom entregó un nuevo informe señalando que procesó las llamadas de aquel 10 de julio con un software de última generación, mucho más sofisticado, y que la conclusión resultó opuesta a la anterior: los celulares de la gente de Ribelli no operaron ese día en la zona de la casa de Telleldín. A raíz de semejante contradicción, Galeano abrió una causa que recayó en otro juez, Claudio Bonadío, en la que se investiga si hubo o no una manipulación de la prueba. En ese expediente, Mestre es el abogado de Ribelli. Aunque no hay imputados, lo que se trata de determinar es si personal de Movicom alteró la evidencia e incluso si hubo una mano de Ribelli en el cambio de la prueba. Ambas alternativas parecen más que difíciles: Movicom es una empresa gigantesca que �como cualquier otra� no va a entrar en semejante juego ni poner en riesgo su negocio para maniobrar en acuerdo con un imputado en la AMIA.
De todas maneras, la causa está en proceso e incluso el juez Galeano allanó la empresa para llevarse los registros técnicos. Lo curioso es que Ribelli �también representado por Mestre� le inició una causa civil a Movicom por cinco millones de pesos, considerando que fue perjudicado por el primer informe.
Desde el punto de vista de la causa AMIA, el affaire de los celulares no jugó un papel decisivo. Galeano no tuvo en cuenta la ubicación de los celulares para imputar a Ribelli como cómplice de los atentados, sino que usó los testimonios de Telleldín, su esposa, otros componentes de su banda, dichos de algunos vecinos y pruebas muy categóricas de que Ribelli extorsionaba a Telleldín. Con esos elementos, que consideró suficientes, sostuvo en la elevación a juicio que el ex policía tuvo la camioneta en su poder y, por lo tanto, colaboró con el atentado.

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