Con el telón de fondo de la búsqueda del voto latino para Al Gore y George Bush, Bill Clinton y la mayoría republicana del Congreso se enzarzaron esta semana en una batalla sobre una amnistía para cientos de miles de inmigrantes ilegales. Para probar que Gore, los demócratas y él mismo son más generosos, Clinton quiere ampliar la amnistía a más de 800.000 indocumentados procedentes en su mayoría de América latina. Los republicanos reducen esa cifra a la mitad. 
La propuesta de amnistía, contemplada en la ley de Presupuestos que negocian ahora la Casa Blanca y el Capitolio, es una trampa peligrosa para George Bush y su nueva visión de un Partido Republicano abierto a los inmigrantes hispanos. En el momento en que Bush aspira a conquistar un 40 por ciento del voto latino en las elecciones presidenciales del 7 de noviembre, los demócratas del Congreso, apoyados por Clinton, han presentado la llamada Ley de Justicia para los Latinos y los Inmigrantes. Se trata de legalizar la situación de más de 800.000 personas que viven y trabajan en EE.UU. de modo más o menos clandestino. 
La ley contempla tres medidas generosas. La primera permitiría que soliciten residencia permanente entre 400.000 y 500.000 ilegales que llegaron a EE.UU. antes de 1986. La segunda concedería a más de 300.000 refugiados de las guerras y conflictos de Haití, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala y Liberia el estatuto privilegiado del que disfrutan cubanos y nicaragüenses. La tercera permitiría que, mediante el pago de una multa de 1000 dólares, todos aquellos que están intentando regularizar su situación puedan permanecer en EE.UU., en vez de tener que regresar a sus países de origen. 
Clinton confirmó el martes que vetará las propuestas presupuestarias de la mayoría republicana del Congreso si no incluyen todas y cada una de esas medidas. Esta actitud recibió el aplauso de los líderes hispanos. �Si el Partido Republicano es serio en su intento de cambiar su imagen entre la comunidad latina, no debería oponer una resistencia tan dura a la amnistía�, señaló Cecilia Muñoz, vicepresidenta de La Raza, el principal grupo hispano de defensa de los derechos civiles. 
Los republicanos no se oponen por completo a la amnistía. Liderados por sus líderes más sensibles en esta materia, el senador John McCain y el congresista Henry Bonilla, hicieron el lunes una contraoferta, que contempla la amnistía tan solo para el primer grupo, los que están en EE.UU. antes de 1986. �Esta contrapropuesta es inaceptable�, respondió Jake Siewert, portavoz de la Casa Blanca. 
Mientras que Gore aprueba la actitud presidencial, el texano Tom DeLay, en nombre de los congresistas republicanos, denuncia que �la amnistía general� defendida por Clinton es �una maniobra politiquera, destinada a comprar votos�. Pero a los conservadores no se les escapa que Clinton ha vuelto a ponerlos en un lío.

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