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Por
Adriana Meyer
El
suicidado empresario telepostal Alfredo Yabrán ya no tiene quien
lo investigue. El juez Adolfo Bagnasco archivó la última
causa que quedaba abierta sobre sus negocios y los de su entorno. Hace
un año, el diputado cavallista Franco Caviglia presentó
ante la Justicia los datos de un conjunto de cuentas bancarias secretas
en el exterior que habría tenido el cartero, en las que fueron
depositados unos 200 millones de dólares. Y acusó a su viuda,
a su ex custodio y a quienes fueron sus socios de formar una asociación
ilícita “creada con fondos de origen desconocido que evadieron
el control fiscal para ser depositados en el extranjero y para ser utilizados
en la compra de voluntades políticas y administrativas, cohechos
y otras maniobras delictivas”. Consultada por Bagnasco, la DEA informó
que investigó a Yabrán durante dos años pero no encontró
nada que lo vincule con actividades ilícitas o relacionadas al
narcotráfico.
Caviglia sostuvo en su denuncia que a principios de los ‘90 Yabrán
creó un intrincado entramado de cuentas secretas en Suiza y de
sociedades anónimas instituidas en paraísos fiscales del
Caribe. Su viuda María Cristina Pérez de Yabrán,
su jefe de custodia Gregorio Ríos, su secretaria privada Ester
Rinaldi, su íntimo colaborador Gustavo Aste y su contador Oscar
Javurek, entre otros personas, habrían conformado una “organización
mafiosa” que manejó fondos del “tráfico de armas
o del lavado de dinero proveniente del narcotráfico”, además
de haberse dedicado a la “compra de voluntades políticas en
el Congreso, en la administración pública y en el Poder
Judicial para obtener beneficios en licitaciones y contrataciones, favorecerse
en el trámite de asuntos legislativos como asimismo conseguir cobertura
judicial”.
Bagnasco aseguró a Página/12 que no halló “elementos
que sostuvieran la acusación”, pero destacó que la
investigación no está cerrada. Por escrito dejó asentado
que “no sólo no se ha advertido la existencia de indicios
acerca de planes delictivos sino que tampoco se han puesto de manifiesto
hechos de esa naturaleza, supuestamente ya concretados”. Uno de sus
colaboradores resumió ante este diario que “no se puede investigar
algo tan impreciso y con tan pocos elementos, por lo cual no quedaba otra
vía que el archivo”. Esa decisión fue uno de los argumentos
que tomaron los diputados aliancistas Nilda Garré, Graciela Ocaña,
Margarita Stolbizer y Atilio Tazioli para impulsar su juicio político
en el Consejo de la Magistratura. La causa sólo podría reactivarse
si se comprueba que el archivamiento fue incorrecto o prematuro, o si
el denunciante aporta nuevos elementos.
El magistrado había pedido a la Drug Enforcement Administration
(DEA) la investigación que realizó sobre Alfredo Yabrán.
El 22 de diciembre llegaron al juzgado las conclusiones por vía
diplomática. “Si bien la Administración de Control
de Estupefacientes (DEA) investigó actividades delictivas de Yabrán
bajo sospecha así como su denunciada conexión con el narcotráfico,
la DEA informa a esta embajada (de los Estados Unidos) que no halló
pruebas confirmatorias como para justificar las denuncias sobre dicho
tipo de actividades”, afirmaron los funcionarios norteamericanos.
También fue consultado el grupo Exxel, dueño de las empresas
que eran de Yabrán. Su representante legal, Sergio Quattrini, describió
todos los recaudos que tomaron antes de proceder a esas compras. Además,
un perito contador analizó los balances de las firmas Oca, Ocasa,
Inversiones y Servicios Villalonga Furlong, Interbaires y Edcadassa de
1997, 1998 y 1999, y determinó que “no surgen diferencias
sustanciales que puedan dar motivo a presunciones sobre actividades ilícitas
desarrolladas por las compañías bajo estudio”.
El fiscal del caso, Miguel Angel Osorio, se opuso a la finalización
de la pesquisa. Pero su apelación no prosperó porque el
fiscal de Cámara, Germán Moldes, se negó a impulsarla.
“La entidad delictiva de los vagos hechos denunciados no se ha comprobado”,
aseguró Moldes. Osorio considera que el caso se interrumpió
cuando aún no se habían concretado la mayoría de
las medidas que había sugerido. “Faltaban las respuestas de
varias entidades financieras, no se concluyó el relevamiento exhaustivo
de los fondos y tampoco se requirió a la Policía Federal
el legajo de los imputados”, enumeró una fuente de la fiscalía.
El fiscal y el denunciante coincidieron en destacar que el archivo del
expediente se produjo cuando pidieron al juez que solicite el listado
de las llamadas de quince teléfonos satelitales utilizados por
los acusados, entre los cuales puede haber estado el misterioso aparato
con el que el empresario habría dado las últimas instrucciones.
Bagnasco argumentó que esto no aportaría datos de mayor
interés. “Empezaron a aparecer algunos nombres de los imputados
en bancos locales y el juez clausuró la instrucción en forma
intempestiva”, se quejó Caviglia. El legislador recordó
que el archivo se produjo a pocos días de la visita que hizo el
empresario Héctor Colella a la Casa Rosada. Colella iba a ser el
supuesto sucesor de Yabrán pero el traspaso de mando quedó
en el intento.
Otro motivo de disenso fue el origen del diagrama de las cuentas bancarias
aportado a la causa por Caviglia y también por el abogado de la
familia del reportero gráfico asesinado José Luis Cabezas,
Alejandro Vecchi. Bagnasco afirmó que “no hay elemento alguno
que acredite la verosimilitud de las transferencias (de dinero) indicadas
en el esquema”. Vecchi declaró que el diagrama se lo dio Eduardo
Duhalde, quien a su vez lo obtuvo a través de un “informante”.
El juez convocó a Duhalde para establecer su procedencia pero el
ex gobernador nunca respondió. Aunque el fiscal Osorio reconoce
esta situación, no tiene dudas respecto de la legitimidad del origen
de la denuncia. Según el esquema, el ex custodio de Yabrán,
Gregorio Ríos, tiene 17 millones de pesos depositados en un banco
suizo, su viuda Cristina Pérez posee 14 en una entidad belga y
sus hijos suman 28. En dos cuentas del Deutsche Bank que aparecen a nombre
del empresario figura como apoderado Andrés De Cabo, uno de sus
primeros socios y fundador de Ocasa.
Claves
- La DEA norteamericana investigó a Yabrán
sin encontrar “nada”.
- Grupo Exxel: “Cuando compramos las empresas, no encontramos
nada irregular.”
- El fiscal pidió el listado de las llamadas entrantes y salientes
de 15 teléfonos satelitales de los imputados, pero el juez
no hizo lugar a la medida.
- Osorio sospechaba que alguno de esos teléfonos podía
ser el que supuestamente tenía el cartero en su quinta antes
de morir .
- El juez le envió a Duhalde un oficio para que informara todo
lo referente al esquema de las cuentas que le había aportado
un “informante”. El ex gobernador nunca respondió. |
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