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Por
Eduardo Videla
Después
de un año de reclamos judiciales, la Justicia porteña les
dio la razón a los vecinos de Agronomía, que reclamaban
contra la construcción de aulas de la Universidad de Buenos Aires
en el espacio verde ubicado en Avenida San Martín y Zamudio, realizada
sin la aprobación del Gobierno de la ciudad. Pero, una vez más,
el fallo llegó tarde: la construcción está prácticamente
terminada y a punto de habilitarse. El conflicto se trasladó ahora
a la Legislatura, donde los diputados analizan la posibilidad de restringir
el uso de esas aulas para morigerar el impacto ambiental que la construcción
ocasionará al barrio. La decisión de la Legislatura podría
afectar la edificación de un tercer módulo, que la UBA tiene
previsto levantar en el mismo predio.
La UBA ya había construido un módulo de aulas en el predio
de Agronomía y a mediados de 1999 comenzó a levantar el
segundo. Ante esto, los vecinos presentaron un recurso de amparo en el
que pedían la paralización inmediata de las obras. Argumentaban
que la construcción de un complejo universitario, además
de la pérdida de espacios verdes, generaría un gran impacto
en la zona por la presencia de automóviles.
Por decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, el
Gobierno porteño fue condenado a “cumplir y hacer cumplir
la ley 123”, por la cual se exige un estudio de impacto ambiental
previo a la realización de una obra de envergadura. En ese sentido,
el juez en lo Contravencional, Marcelo Vásquez, ordenó a
los secretarios de Medio Ambiente, Norberto La Porta, y de Planeamiento
Urbano, Enrique García Espil, “informar en forma semanal a
este tribunal sobre el desarrollo de las gestiones ordenadas”, bajo
apercibimiento de iniciar contra los funcionarios una causa por el delito
de desobediencia.
El conflicto por la construcción en Agronomía se inició
a mediados de 1999, cuando los vecinos descubrieron que la UBA comenzaba
a construir un nuevo edificio en ese espacio verde, el cuarto en importancia
en la ciudad. Si bien el predio es de propiedad de la Universidad, el
39 por ciento de su superficie está abierta para el uso público.
Según los vecinos, con las obras, ese espacio se reducirá
al 12 por ciento, además de los efectos negativos de la tala de
árboles y la desaparición de especies de aves.
Por ese motivo presentaron un recurso de amparo contra la construcción
del denominado Módulo Docente II, de unos 5300 metros cuadrados,
que se comenzaba a construir justo frente al Módulo I, sobre la
entrada de la calle Zamudio. La presentación estaba firmada por
la abogada María del Carmen Martínez, quien además
es vecina del barrio. “No nos oponemos a la construcción de
aulas. Pedimos que se hagan en otro lugar de la ciudad”, dijo Martínez
a Página/12.
El último día hábil de 1999, el juez Vázquez
hizo lugar al amparo y ordenó la paralización de la obra,
algo que la Universidad nunca cumplió. El juez consideró
en esa ocasión que existió una “grave” omisión
por parte del Gobierno de la ciudad, al no exigir los estudios de impacto
ambiental que demanda la ley 123. En rigor, la UBA siempre se resistió
a someter la aprobación de la obra a las autoridades porteñas,
argumentando que los terrenos son de propiedad de la Nación.
Dos meses después, la Cámara Contravencional confirmó
que había existido omisión del Gobierno, pero revocó
la decisión de paralizar la obra: a diferencia del juez de primera
instancia, consideró que la construcción se había
iniciado antes de la sanción de la mencionada ley.
Los vecinos recurrieron al Tribunal Superior, que el 9 de agosto último
ratificó la última decisión. Extrañamente,
el alto tribunal no se pronunció sobre la fecha en que se iniciaron
las obras, uno de los puntos de la controversia. A esa altura, la obra
estaba casi terminada.
Ahora, la Legislatura se propone revisar todo lo actuado por el Ejecutivo.
El interés surgió cuando la Comisión de Planeamiento
Urbano comenzó a analizar un pedido de informes sobre el tema.
Entonces, sedescubrió que existían otras quince iniciativas,
que ahora se unificaron en un solo expediente. “El predio de Agronomía
está zonificado como Urbanización Parque, y para hacer estas
construcciones debería aprobarse una excepción”, dijo
a Página/12 una fuente de la comisión.
En la Legislatura se ve con preocupación el poco vigor con que
las autoridades reclamaron a la UBA el cumplimiento de las normas. También
llamó la atención el convenio que el 4 de agosto último,
en su último día de gestión, el ex jefe de Gobierno,
Enrique Olivera, firmó con el rector Oscar Shuberoff, para “desarrollar
acciones y emprendimientos conjuntos” en el controvertido predio
de Agronomía.
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