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Por
Cledis Candelaresi
Después
de haber conseguido el aval político de Acción por la República
y los partidos provinciales al proyecto de Presupuesto del 2001, el Gobierno
libró ayer el primer round con los diputados justicialistas, a
quienes aspira sumar al acuerdo. Pero en este caso, el cometido parece
mucho más difícil. Los hombres comandados por Humberto Roggero
plantearon al jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, una serie de propuestas
para modificar la iniciativa oficial, que tienen por fin prioritario preservar
los intereses de las provincias. Con la misma preocupación, los
senadores del PJ advierten que no están dispuestos a permitir que
José Luis Machinea rebane los ingresos del interior en un monto
que estiman superior a los 700 millones de pesos.
Al término del encuentro en Jefatura, hubo una declaración
conjunta de los bloques justicialista y aliancista manifestando el compromiso
a tratar el presupuesto en noviembre, respetando los límites de
la ley de Convertibilidad Fiscal. Los parlamentarios también prometieron
dar un pronto tratamiento al proyecto de rebajas impositivas, no promover
ninguna suba de tributos y anunciaron que, dentro de los límites
previstos por la iniciativa que les giró Economía, debatirán
una reasignación de partidas. En otros términos, que no
promoverán ningún aumento del gasto.
En rigor, nadie prevé votar el presupuesto a libro cerrado, ni
siquiera los diputados de la propia Alianza. El compromiso público
de dar un pronto despacho, que expresaron junto a los provinciales y al
cavallismo la semana pasada, tuvo por objeto respaldar al ministro de
Economía, cuando éste estaba jaqueado por versiones sobre
una posible devaluación o un default. Pero ni siquiera en el bloque
oficialista hay intención de dar un apoyo ciego a la propuesta
del Palacio de Hacienda.
Un cuestionamiento que hermana a todos los diputados, aparentemente sin
excepción, es el rechazo a la intención de Economía
de rebanar los subsidios al combustible patagónico y al tabaco,
recortes con los que Machinea prevé ahorrar alrededor de 200 millones
de pesos.
Los diputados justicialistas ayer sintetizaron una propuesta para compensar
no sólo el mayor costo fiscal de mantener aquellos subsidios, sino
el de aumentar las transferencias de la Nación a las provincias
por diversos conceptos. El Tesoro, por ejemplo, adeuda a las provincias
115 millones de pesos del Fonavi de 1999, deuda que Machinea propuso pagar
en dos cuotas a partir del 2002. Los diputados justicialistas también
aseguran que el Poder Ejecutivo está subejecutando el presupuesto
para infraestructura educativa, y reclaman que desembolse lo comprometido.
Según sugieren los hombres del PJ, ese mayor esfuerzo fiscal podría
compensarse con un canon a cobrar a la ciudad de Buenos Aires por el costo
de mantener a la Justicia ordinaria y a la policía de la Capital.
Pero también suspendiendo la rebaja del arancel extrazona y utilizando
ATN que Nación usó sólo parcialmente: según
estiman en la bancada opositora, el Tesoro estaría reteniendo alrededor
de 150 millones por este concepto.
Los diputados justicialistas también tiraron sobre la mesa de negociación
su afán de que se prorrogue por un ejercicio más la potestad
provincial de disponer libremente de algunos recursos con afectación
específica, como el Fonavi. De los 900 millones de pesos anuales
que se prorratean entre las provincias, éstas pueden utilizar la
mitad como les plazca: tanto para viviendas como para sueldos o cualquier
gasto corriente. Se trata de una prerrogativa concedida por Fernando de
la Rúa el año pasado, cuando se debatía el presupuesto
del año en curso.
Aquel acuerdo global de ayer, que Colombo anunció escoltado por
los justicialistas Humberto Roggero y Oscar Lamberto, y por los aliancistas
Raúl Baglini y José Vitar, es apenas el resultado de una
primera batalla, que el Gobierno considera ganada. Pero la guerra se definirá
en el Senado, donde los gobernadores tienen más predicamento y
sin cuyo aval el proyecto de Machinea puede transformarse en letra muerta.
El
Senado saca cuentas
Aunque formalmente aún no comenzaron las negociaciones
con el Senado para lograr la aprobación del Presupuesto, los
justicialistas ya hicieron un minucioso detalle del costo fiscal que
la norma redactada por Economía impondría al interior.
Según los cálculos que el jefe de la bancada del PJ,
José Luis Gioja, volcó al papel, las provincias dejarían
de percibir 733 millones de pesos en el año próximo.
Esa cifra incluye los pretendidos recortes a los subsidios al combustible
y al tabaco, pero suman otros varios como una quita de 100 millones
sobre un aporte especial a La Rioja, así como la intención
de limitar el costo fiscal de la promoción agrícola
y turística, régimen de desgravación con el que
varias provincias alientan proyectos de inversión. Los propios
senadores descuentan que Economía avanzará irremediablemente
sobre varios de los puntos señalados. Pero su objetivo es,
al menos, plantear la discusión sobre temas sensibles al interior,
abriendo el juego a los gobernadores, en particular, a sus presidenciables. |
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