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Por
Carlos Rodríguez
Un
oficial de la Policía Bonaerense que está preso acusado
de extorsión denunció ante la Justicia que durante un año,
sin autorización legal, pudo salir de la cárcel de Campana
para trabajar, luego de pagarle 1000 pesos a un subprefecto al que identificó
con nombre y apellido. Al declarar ante dos camaristas de San Isidro,
el policía Juan Eduardo Palma aseguró también que
pudo haber accedido a la tobillera electrónica que permite el seguimiento
de presos con arresto domiciliario, pero tuvo que desistir porque le fue
imposible pagar las dos cuotas de 1500 pesos que le exigía otro
jefe del penal. Palma dijo, además, que se pueden conseguir visitas
íntimas por 50 pesos y que hay que pagar para acceder a los pabellones
especiales. Los dos camaristas recibieron otra denuncia, en este caso
por malos tratos, formulada por un grupo de presos de la cárcel
de Sierra Chica que tenían “en el rostro y en el cuerpo los
rastros del castigo referido”, anticipó a Página/12
uno de los magistrados (ver aparte).
En su presentación ante los jueces Juan Carlos Fugaretta y Fernando
Maroto, miembros de la Sala I de la Cámara de San Isidro, el policía
Palma dijo que está detenido en el penal de Campana desde 1998.
El año pasado, comenzó a gozar de salidas laborales sin
intervención del juez a cargo de la causa en la que está
involucrado, “previo pago de aproximadamente mil pesos”. El
denunciante precisó que la suma “se la entregó al subprefecto
Hugo Ramírez”, tal como consta en la denuncia, según
pudo establecer este diario. Palma dijo que obtuvo el dinero porque se
lo facilitó su esposa.
Luego de salir durante seis meses, recién tuvo su primera entrevista
con un psicólogo, con vistas a “legalizar” su situación,
pero eso era de hecho imposible porque no estaban dadas las condiciones,
de manera que “en ningún momento la Junta de Admisión
y seguimiento o la Junta de Clasificación autorizaron la salida”
laboral del detenido. El propio Palma reconoció que “las juntas
no hubiesen autorizado” el beneficio.
Al cumplirse un año de las salidas, las mismas fueron interrumpidas
por decisión del jefe del penal, cuyo nombre no figura en las actas,
donde tampoco es especifica si las autoridades solicitaron algún
tipo de investigación sobre el irregular beneficio del que gozaba
Palma. Pasado un tiempo, el policía preso trató de reanudar
su trabajo extramuros, pero en esa oportunidad “el jefe del penal
le ofreció la ‘pulserita’ (se alude al sistema de la
tobillera electrónica)”, pero el beneficio tenía “un
costo de 1500 pesos al solicitarla y 1500 al obtenerla” y Palma tuvo
que desistir porque le era imposible juntar el dinero.
Palma dejó constancia de que tiene conocimiento de que los presos
pueden obtener “visitas íntimas” fuera de los trámites
normales “pagando un valor de 50 pesos” y que esa posibilidad
está al alcance de “cualquiera que tenga la plata, no importa
si tiene buena conducta o no”. Los que carecen de dinero en efectivo
pueden pagar regalándoles a los guardias “desde un par de
zapatillas hasta comida”.
Su última experiencia personal fue la exigencia que recibió
de parte de los carceleros para que les entregara “un pack de yerba”
mate que su esposa le había llevado a la prisión. Como eran
“nada más que dos kilos” del producto, “el subprefecto
Hugo Ramírez empezó a los gritos” y resolvió
que Palma fuera a una celda de castigo donde permaneció tres días
“sin poder salir a bañarse”. Palma, pese a su condición
de policía, sigue en un pabellón común porque “no
puede pagar” para acceder a los lugares destinados a las fuerzas
de seguridad.
El policía citó incluso el caso de otro preso, de apellido
Aballay, quien “ahora está en el pabellón de las fuerzas
de seguridad porque tiene la posibilidad de pagar, aunque no es policía”.
Palma les pidió a los jueces que investigaran “hasta las últimas
consecuencias” y que evitaran su regreso a una unidad dependiente
del Servicio Penitenciario Bonaerense. Por pedido de los camaristas, Palma
permanece en la comisaría del barrio Las Lomas de San Isidro, en
un sector destinado a personal policial. El denunciante, antes de caer
detenido, trabajaba en una comisaría de Tigre. Por razones de jurisdicción,
Fugaretta y Maroto giraron la denuncia a la Fiscalía de Cámara
de Zárate-Campana a cargo de Liliana Maero.
Sierra
Chica a los golpes
Once presos que están alojados en el penal de
Sierra Chica se presentaron ante dos jueces para denunciar “golpes,
malos tratos y condiciones inhumanas de detención”, confirmó
a Página/12 el juez Fernando Maroto, miembro de la Sala I de
la Cámara de San Isidro. “Estuvimos reunidos con cinco
de ellos y comprobamos que tienen golpes en el rostro y en el cuerpo”,
precisó el camarista, quien durante la reunión con los
detenidos fue acompañado por su colega Juan Carlos Fugaretta.
Durante la entrevista personal, realizada en una comisaría
del partido de San Isidro, los presos les dijeron a los jueces que
“en el penal está todo tarifado, desde el pabellón
hasta las visitas de contacto”. Los detenidos, cuyos nombres
fueron mantenidos en reserva, aseguraron que habían pensado
realizar la denuncia ante un juez de Olavarría, pero desistieron
porque, según afirmaron, ese magistrado se reunía con
oficiales del Servicio Penitenciario Bonaerense “para comer asado”.
Maroto dijo que “cada vez hay más presos que denuncian
malos tratos y esto es muy grave porque indica que no se están
cumpliendo las normas tendientes a resocializar al preso”. Consideró
que la denuncia de los presos de Sierra Chica “tiene elementos
que hacen necesaria una investigación a fin de evitar posibles
motines” como los que ocurren habitualmente hacia fines de año.
Hoy los dos camaristas recibirán el testimonio de otros seis
detenidos. |
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