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Dos por uno, buen negocio
Por Martín Granovsky
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En las grandes ciudades del mundo, la criminalidad desciende cuando baja la desocupación, cuando el Estado promueve la ocupación de los espacios públicos, cuando despliega políticas sociales concretas y cuando limpia la policía hasta diferenciarla de una banda. También cuando la Justicia es creíble y eficaz, o cuando el servicio penitenciario o la policía no miran hacia un costado cuando los presos salen a robar y vuelven.
Encorsetado por la crisis y a la vez estimulado por el impacto positivo de los discursos de mano dura, el gobernador de Buenos Aires ha elegido, en cambio, un atajo. Agotada la etapa del �meta bala�, el demonio es el dos por uno, que computa como doble cada día de prisión preventiva.
Ruckauf eligió ayer un método fuerte para conseguir repercusión pública. Se rodeó de familiares de víctimas, por ejemplo la madre de José Luis Cabezas, como un modo de oponerle una barrera de sentimientos legítimos a cualquier crítica.
Y efectivamente pocos se animaron a polemizar con Ruckauf. Uno de los pocos fue el escudero de Fernando de la Rúa, el senador José María García Arecha. Antes, García Arecha había propuesto desoír las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA sobre la Tablada, pero ayer, más riguroso, aportó un dato interesante: reveló que el Poder Ejecutivo promulgó el dos por uno cuando Ruckauf era ministro del Interior de Carlos Menem.
En realidad, la historia es aún más jugosa.
La Argentina había ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos durante el gobierno de Raúl Alfonsín.
El artículo 7, inciso 5, de la Convención, dice: �Toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio�.
La ley 24.390 reglamentó ese criterio y estableció el dos por uno.
Una vez que el Congreso sancionó la ley, envió el texto al Poder Ejecutivo, que podía vetarla siempre que no pasara del 18 de noviembre de 1994. Unos días antes, Norma Soutullo, subdirectora general de Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior, escribió que �no existen causales que den lugar al ejercicio de la facultad de veto�. Y Ricardo Rapetti, secretario general del Ministerio del Interior, envió al entonces secretario legal y técnico, Carlos Corach, esta comunicación: �No teniendo reparos que formular al presente el señor ministro del Interior, se devuelven los presentes actuados para la prosecución de su respectivo trámite�, o sea de la promulgación por parte del Ejecutivo.
Por suerte, siempre queda el recurso de la autocrítica, y también se puede decir que un gobernante cambia para acompañar a la gente. Pero la verdad es otra: gritar contra el dos por uno es buen negocio. |
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