MUCHO TRABAJO EN EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Desde Liporaci hasta Moneta

Por Susana Viau

En su habitual reunión de los martes, el Consejo de la Magistratura recibió ayer al juez federal Gabriel Cavallo y al fiscal Pablo Recchini, abocados ambos a la investigación de la causa que por enriquecimiento ilícito se le sigue a otro juez federal: Carlos Liporaci. Si bien los magistrados explicaron que se encontraban inhibidos de dar vista del expediente pues se había impuesto nuevamente el secreto del sumario, mantuvieron una prolongada conversación con los consejeros.
De acuerdo con trascendidos, Cavallo tiene previsto citar a Liporaci antes de fin de año, de aquí a cuarenta y cinco o sesenta días. Por otra parte, a instancias del radical Melchor Cruchaga, el Consejo resolvió citar en audiencia para el 13 de noviembre a la diputada Elisa Carrió, en el marco de las actuaciones que se siguen por el pedido de juicio político al juez federal del �caso Moneta�, el mendocino Luis Leiva.
Cavallo y Recchini mantuvieron una larga conversación con los consejeros Pablo Fernández, Melchor Cruchaga, Juan Gersenobitz, María Leyla Chaya, Eduardo Orio, Juan Carlos Geminiani y Javier Fernández Moores. Página/12 pudo saber que Cavallo y Recchini hicieron un pormenorizado relato acerca del estado de la causa en la que muchos datos complican a Liporaci. El fundamental corresponde a tres de las cinco tasaciones solicitadas para valuar la mansión de Vicente López (los propuestos por Liporaci aún no se expidieron): dos inmobiliarias de la zona elegidas por sorteo valuaron la propiedad en un millón trescientos mil dólares y la otra en un millón cien mil; el tasador de la Corte Suprema la justipreció en una banda que va de 950 mil a un millón cien mil. Los otros elementos están dados por el origen del dinero con que se pagó la propiedad. Surgen dudas respecto del crédito de 160 mil dólares otorgado por la cooperativa Cofiarsa �que tiene un importante expediente en el Inacym� a cambio no de una garantía hipotecaria sino de cinco pagarés y también de la capacidad de ahorro del juez Liporaci, dado que durante un año alquiló una casa en el exclusivo country Golfer�s a un precio de 1800 pesos mensuales. Para justificar el gasto y también sus posibilidades de ahorro, el juez sospechado había declarado que los ingresos familiares eran del orden de los 10 mil pesos. No obstante parece demostrado que una de sus hijas, empleada de la Auditoría General de la Nación, recién empezó a percibir salarios este año. 
Respecto del rosario de juicios políticos presentados contra Leiva por personas ligadas de un modo u otro a Moneta, el Consejo, a propuesta de Cruchaga, resolvió convocar a la diputada radical Elisa Carrió, quien aseguró tener elementos valiosos para aportar. La presencia de Carrió postergó el intento de citar a Leiva por el artículo 9 (en camino a la destitución) promovido por el representante del colegio de abogados bonaerense Juan Gersenobitz y el menemista Miguel Angel Pichetto.

PRESENTACION POR UNA DENUNCIA DE SANTIBAÑES
Bielsa dice que no hubo secreto

Por Irina Hauser
El titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), Rafael Bielsa, se presentó ayer ante el juez Rodolfo Canicoba Corral para defender el informe que señala que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) declaró gastos que no realizó y cuyos montos millonarios, en realidad, derivó a cuentas ocultas. Bielsa rechazó las acusaciones del ex jefe de los espías, Fernando de Santibañes, al decir que �no hubo violación de secreto porque las cuentas no son secretas�. 
La denuncia que presentó el titular de la Sigen ante la Oficina Anticorrupción (OA) hace dos semanas fue la que terminó de definir la renuncia de De Santibañes a la jefatura de la Side. Bielsa reveló, entre otras cosas, que en una de las cuentas de la Side había 22,3 millones acumulados en el primer semestre del año bajo el rubro �gastos de personal�. La cuenta en cuestión, apuntaba el informe, no había sido puesta en conocimiento ni del juez Carlos Liporaci, que está a cargo de la causa por los supuestos sobornos pagados a senadores para que votaran la reforma laboral. 
De Santibañes denunció a Bielsa ante la Justicia federal por presunta violación de secreto el 20 de octubre, el mismo día que renunció a su cargo al frente del organismo de inteligencia. En la demanda también incluyó a los colaboradores del síndico Jaime Farji, Juan Sevilla, Alberto del Pino y Gustavo Silva Tamayo. Después aseguró que los controvertidos datos habían sido suministrados por agentes de inteligencia que este año fueron despedidos. El fiscal Miguel Osorio requirió que se investigue si el síndico general violó alguna norma después de que De Santibañes ratificó su denuncia. 
Bielsa, asistido por el abogado Ricardo Pérez Vélez, se presentó espontáneamente ante el juez que conduce el expediente. Llevó un descargo escrito, 17 anexos de prueba documental para que el magistrado pueda despejar todas las dudas y sigue sosteniendo que no hubo violación de secreto de ninguna índole y que la reserva rige solamente sobre el destino que la secretaría da al dinero que maneja. 
El informe de la Sigen fue entregado por la OA, que encabeza José Massoni, al juez Liporaci. Una de las hipótesis que manejó el magistrado desde un principio en la pesquisa atribuye a la Side el posible aporte de dinero de sus cuentas para las coimas que se habrían pagado a senadores. La semana pasada Liporaci ordenó una pericia contable que determine si existe respaldo del informe de la Sigen y si los datos se corresponden con el movimiento de fondos de la Side, que actualmente está bajo la conducción de Carlos Becerra.