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Por Adriana Meyer ![]() La causa se inició a principios de 1998 por la denuncia de tres médicos que ocuparon cargos jerárquicos en el ISSB: los doctores César Bernasconi, Angel Prina y Rodolfo Elster. Por presión de las entidades bancarias y argumentando la necesidad de disminuir los costos de los créditos, el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, impulsó en 1996 la disolución y liquidación del ISSB y el cese del aporte del 2 por ciento que hacían los bancos. El gobierno de Carlos Menem tuvo que emitir un decreto porque no logró el apoyo necesario en el Parlamento. La Justicia anuló el decreto porque consideró que el ISSB había sido creado por una ley y sólo podía ser modificado o extinguido por vía legislativa, pero el proceso de liquidación siguió adelante. Alderete fue designado al frente de la intervención y prosiguió con la enajenación de los activos del ISSB, buena parte de los cuales fueron a la Obra Social Bancarios Argentinos (OSBA), y dejó de perseguir el cobro del impuesto del 2 por ciento sobre los activos bancarios, lo que redundó en beneficio de las instituciones bancarias y en detrimento del erario, que había dotado al ISSB. Durante la investigación, en el juzgado recogieron pruebas que muestran que, a partir de la anulación del decreto, Alderete no hizo nada para volver a recaudar el impuesto a los activos bancarios. Cuando fue indagado, el ex funcionario aseguró que sí lo hizo, pero la pericia contable ordenada por Bagnasco concluyó que �no persiguió el cobro porque no hay documentación de así lo acredite�. Por esto el magistrado entendió que Alderete incumplió sus deberes de funcionario público y describió que la maniobra consistió en que el patrimonio neto del ISSB fue �licuado�. El abogado que representa a los querellantes, Eduardo Barcesat, sostiene que �la OSBA ha venido intentando configurarse como sucesora legal del ISSB para apropiarse de los cuantiosos fondos provenientes al 2 por ciento que adeudaban los bancos desde 1996, que superan los 300 millones de pesos�. Los querellantes detectaron que la OSBA inició 135 juicios para cobrar ese dinero por vía de la ejecución fiscal, con la intención de percibir un aporte que sólo podía ser tributado en beneficio del ISSB o del Estado nacional. Del mismo modo, Zanola y Alderete firmaron un �acta institucional� por la cual la OSBA recibió la transferencia de la propiedad de los inmuebles del Instituto y se iniciaron las ejecuciones fiscales, aunque ninguno de los decretos validaba esto. Bagnasco consideró que esto constituyó �malversación de caudales públicos�. Cuando fue indagado, el ex funcionario menemista adujo que cedió esos bienes a la OSBA �por el significado histórico que tiene el Policlínico para los bancarios�. El ISSB posee, además, otros 48 edificios.
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