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| Por Eduardo Tagliaferro y Felipe Yapur 
Los detenidos por el asalto al cuartel de La Tablada ratificaron su decisión de continuar con la huelga de hambre que vienen realizando desde hace 57 días, �hasta tanto el gobierno cumpla a-ra-ja-ta-bla (sic) con la Constitución y los pactos internacionales incorporados a ella�. En ese mismo momento, en la Comisión de Asuntos Penales de la Cámara de Diputados se dio acuerdo al dictamen impulsado por el presidente Fernando de la Rúa y su hermano el ministro de Justicia, Jorge de la Rúa. El proyecto presidencial no contó con el voto de los socialistas democráticos, ni del frepasista, Ramón Torres Molina. La oposición anunció que impulsará un despacho de minoría y su decisión de no tratar el tema en la sesión de mañana. Por la mañana todos los detenidos habían sido reunidos en la cárcel de Villa Devoto para analizar el contexto en el que se desarrolla la protesta. Aunque ayer cinco organismos de derechos humanos les habían pedido a los presos que suspendieran la huelga de hambre �en nombre de la vida�, la totalidad de los huelguistas ratificó la continuidad de la medida. �Ellos no se suicidan, en última instancia los están asesinando�, dijo ayer a Página/12 Marta Fernández, abogada defensora de los detenidos. �No hay vuelta atrás, quien está en falta es el Gobierno�, dijo frente a la prensa Adrián Witemberg, vocero de los prisioneros. �No hay grises en esto, continuó el vocero, aunque esta posibilidad estaba clara cuando comenzó la huelga, los compañeros ratificaron que van a avanzar hasta las últimas consecuencias siendo conscientes de la decisión que toman�. Los familiares afirmaron a este diario que luego de tantos días de huelga de hambre y ante el límite humanamente tolerable para una medida de esta naturaleza, �no se percibe de parte del Gobierno la voluntad política para encontrar una solución�. Los presos habían reclamado que se les permitiera reunirse para evaluar la protesta antes de que algunos organismos defensores de los derechos humanos solicitaran la suspensión de la huelga de hambre. Tal vez por la prédica de los organismos, quizás porque la huelga se acerca a una situación que puede derivar en un desenlace fatal para alguno de los huelguistas, se esperaba el posible levantamiento de la medida de fuerza. Sin embargo luego de tres horas de debate, ratificaron su voluntad de continuar adelante con la protesta. Por la tarde, y sin estar al tanto de la decisión de los presos, la Comisión de Asuntos Penales de Diputados se reunió para debatir el proyecto enviado por el Ejecutivo. Con una marcada ausencia de representantes del radicalismo, el presidente de la comisión, el justicialista Dámaso Larraburu, abrió el debate adelantando la negativa de su bloque a aprobar el proyecto presidencial y, con una indisimulada sonrisa, dijo que personalmente prefería el que había presentado en su momento el frepasista Torres Molina. �Más allá de no compartir filosóficamente su proyecto, creo que era el que nos recomendaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)�, dijo antes de dar la palabra a sus colegas. Sin duda, para el oficialismo el panorama es bastante complicado a la hora de pensar que se aprobará el proyecto del Presidente. Sobre todo luego de que los bloques de Acción por la República, el Interbloque Federal y el PJ anunciaron su decisión de rechazar la iniciativa del Ejecutivo. En este marco para el oficialismo prácticamente han desaparecido las posibilidades de debatir el proyecto mañana sobre tablas. El único defensor de la norma fue el radical Melchor Cruchaga, quien antes de hablar aclaró que lo hacía a título personal. �Se cumplió con el reclamo del PJ y otras fuerzas para que el Ejecutivo tomara la iniciativa y enviara un proyecto. Lo hizo y hasta está prácticamente inspirado en elque realizó un sector del PJ�, dijo el radical en un intento por desestabilizar la posición de los justicialistas. Pero no tuvo suerte. Otro que anunció su voto contrario fue Torres Molina. �No soluciona el pedido de la CIDH que exige la doble instancia. Y el recurso extraordinario que plantea el proyecto no garantiza la revisión de la condena�, indicó. Los socialistas democráticos no hablaron, pero transcendió que acompañan la posición del frepasista. Cuando Larraburu propuso a los representantes de la oposición firmar un despacho en minoría se puso de pie Dora Molina. La esposa de Roberto Felicetti, uno de los detenidos, dijo con voz firme y apretando con fuerza una carpeta que �el pedido que realizamos es respaldado no sólo por organismos de derechos humanos, sino también por personalidades de todo el mundo y hasta por parlamentos extranjeros�. Criticó con dureza la actitud del radicalismo al demorar la solución y la contrapuso con la rapidez que tuvieron al aprobar las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Y les advirtió mirando fijo al justicialista Larraburu que �si se muere alguno todos serán responsables. No sólo el Gobierno, ustedes los diputados también�. Luego habló Fernando Tocco quien recordó que la situación de los presos no da para más: �Tengo un padre desaparecido y mi madre es refugiada del Acnur por esta causa. Durante la represión al cuartel los militares cometieron los mismos delitos de la dictadura. Y ustedes no dicen nada. ¿Acaso esperan que se muera alguno para actuar?�. Mientras muchos resaltan lo equivocado que es reclamarle al Presidente que tome una decisión �bajo presión�, lo cierto es que sin presión ni protesta, tampoco se tomaron decisiones para cumplir con la legislación internacional que el país se comprometió a cumplir.
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