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Una renuncia cara
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Por David Cufré El director de la DGI, Rodolfo Sericano, tiene decidido y dictaría en estos días una resolución altamente polémica por la cual el Estado accede a una propuesta no menos polémica de la empresa Sol Petróleo. Se trata de una larga historia, que resurge una y otra vez y que involucra un negocio de 350 millones de pesos en favor de aquella compañía. El tema acerca del cual está por fallar Sericano es la aceptación de la DGI a suspender un juicio que va ganando y que le inició la compañía para reclamar el pago de aquel monto. Sol Petróleo exige la liquidación de un viejo subsidio que rigió entre 1991 y 1995 en favor de las empresas productoras de solvente y aguarrás. La intención del subsidio era favorecer el desarrollo de empresas nacionales de comercialización de combustibles. A cambio, las compañías beneficiadas �Sol y Dapsa� debían invertir fuertes sumas de dinero para dedicarse a la refinación de petróleo. Pero el Estado canceló el subsidio porque las compañías incumplieron las inversiones previstas. Ante esa decisión, las empresas apelaron a diferentes vías para reclamar que se les pagara lo que falta del subsidio original. Uno de los intentos se canalizó a través del Congreso, donde las petroleras consiguieron que se filtrara en un proyecto de ley sobre hidrocarburos un artículo que les reponía el subsidio. Sin embargo, Roque Fernández logró que se vetara el artículo. Meses más tarde �a fines de 1999�, en otro proyecto de ley volvió a aparecer el artículo. �Es un negociado en favor de Sol y Dapsa�, denunció entonces el diputado frepasista Rafael Flores. Ante esa denuncia, la Cámara baja decidió no votar el artículo. La segunda vía a la que apelaron Sol y Dapsa para cobrar los 350 millones es la judicial. Lograron un fallo favorable en primera instancia, pero no fue aceptado por la Cámara revisora y ordenó que el caso se reiniciara. Desde entonces, la DGI �organismo que es acusado por Sol y Dapsa� va ganando la querella. �Si fuera una pelea de box, estarían por dar ganador por puntos al Estado�, graficó una fuente judicial a Página/12. Frente a ello, Sol propuso a la DGI suspender la querella y que el conflicto se resuelva en el organismo. Pero se reserva el derecho a reiniciar las acciones legales si tiene un fallo desfavorable. �El Estado no gana nada, y menos cuando la situación está por resolverse en su favor�, añadió el informante. Sin embargo, Sericano está por aceptar la propuesta de Sol y cancelar el juicio.
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