Por Alejandra Dandan

Para Tiago Vega la explicación es clara: �Son muy reducidas nuestras formas de protesta: hasta que no tomamos la escuela no nos dieron bola�. Fue uno de los 300 chicos que ayer impidieron en el colegio Mariano Acosta la entrada de directivos y docentes de la escuela. Esa toma de la que habla Tiago fue la más crítica de las cuatro ocurridas ayer y que cerraron la sucesión de protestas repetidas esta semana en una decena de escuelas porteñas. El eje de las tomas fue la oposición a la Ley Federal de Educación que, se especulaba, iba a promulgarse en la ciudad antes de fin de año. La presión terminó apresurando ayer un acuerdo entre el secretario de Educación porteño, Daniel Filmus, y la Ctera, para empujar un consenso en la Legislatura y trasladar el debate al año próximo. 
En el patio del Mariano Acosta algo parecía cambiado. Ayer a la madrugada, los más despabilados lograron mantenerse despiertos para preparar una toma que, suponían, conflictiva. Por eso Nahuel Teglia, del Centro de Estudiantes, revisó cientos de veces los tabiques artesanales en puertas y accesos a la escuela. La decisión estaba tomada: la asamblea había decidido impedir la entrada de Raúl Basso, director de la escuela, y del resto de las autoridades. �Tuvimos que falsear la puerta �cuenta� porque no teníamos las llaves�. Esa noche armaron barricadas que finalmente detuvieron no sólo al director, sino a padres y estudiantes poco entusiastas con la medida: a la mañana, en Urquiza y Moreno hubo guerra de huevos y gritos enojados de padres de los chicos del primario.
El Acosta se convirtió así en la escuela donde �se vivió la situación más crítica entre las protestas secundarias�. Esa definición fue de Roxana Perazza, la subsecretaria de Educación, que, en la puerta de la escuela, se ocupó de fragmentar los casos de tomas para no hablar de �un conflicto generalizado en los colegios porteños�. Pero el conflicto, de todos modos, existió. Hubo madrugadas de trasnoche en el Nicolás Avellaneda, el Mariano Acosta y el Nacional Buenos Aires. Ahí �tuvimos una aceptación de todos los chicos y la solidaridad de algunos profesores�, explicó Andrés, uno de los cien estudiantes que durmieron en esa escuela. Durante el día, sobre Bolívar, hubo corte de calles. Nayla Siancha aclaró el origen de la toma: �La empezamos por el derrumbe en el Moreno -dijo� pero la mayoría de las escuelas están iguales�. Por eso, a la oposición a la ley, las protestas sumaron reclamos de presupuesto y obras edilicias. 
Esos pedidos se repitieron durante la semana en las Técnica 17, de Lacarra al 500; en la Fernando Fader, de Pasaje La Porteña 54, y en la Escuela de Cerámica 1, de Bulnes 45. Hubo destellos de toma también en el Normal 8 y el Avellaneda consiguió a cinco osados que lograron por una noche dormir en la escuela.
�Es difícil tratar de desactivar el problema �explicó Perazza� porque cuando les decimos que no se va a sancionar la ley sin consultarlos, dicen que en realidad siguen protestando por solidaridad con las provincias donde la ley fue sancionada.� Mientras las tomas podrían prolongarse y generar la semana próxima una marcha de secundarios hacia la Legislatura, el Ejecutivo ayer apresuró una discusión para descomprimir el enojo secundario originado por una moción en la Legislatura para tratar la ley en las sesiones extraordinarias. Filmus se comprometió a elevar el proyecto de ley del Ejecutivo �cuando alcance el consenso con todos los sectores involucrados�. Eso no será, aseguró, durante el receso de verano.

 

A investigar refacciones Una comisión de legisladores porteños investigará presuntos fraudes por más de nueve millones de pesos en obras realizadas en edificios escolares, tras aprobar la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires el proyecto respectivo, por 29 votos a 27, ayer a la madrugada. El proyecto comprende también solicitar informes al Poder Ejecutivo porteño acerca de los trabajos efectuado en el colegio Mariano Moreno, antes y después del hundimiento del patio donde cayeron tres alumnas. Las refacciones que se investigarán fueron las contratadas por la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento en más de 74 escuelas durante 1998 y 1999, es decir, cuando el actual Presidente, Fernando de la Rúa, era jefe de Gobierno de la Ciudad. Las trabajos cuestionados fueron supervisados recientemente por la Auditoría de la Ciudad y culminaron con dos denuncias penales: una iniciada por el titular de los auditores, Vicente Brusca, y otra emprendida por el jefe de gobierno, Aníbal Ibarra. La comisión cuya formación se aprobó será integrada por 12 diputados y está facultada también para investigar la gestión en esta área del actual Ejecutivo que encabeza Ibarra.

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