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De diputado polifuncional
a representante ejecutivo

Melchor Cruchaga asumirá el segundo puesto en el Ministerio de Justicia con una tarea clara: ser el nexo �natural� con el Congreso. Y hacer que se aprueben sus proyectos.
Cruchaga era miembro de tres comisiones del Congreso y del Consejo de la Magistratura.
Admite abiertamente que parte de su papel será usar sus contactos para �activar� proyectos del Ejecutivo.

Por Irina Hauser

t.gif (862 bytes) "Debo ser el legislador que más pedidos de juicio político ha hecho contra esta Corte", relata el radical Melchor Cruchaga. A punto de asumir como viceministro de Justicia, asegura que no cambiará de parecer. Cruchaga dejó su papel de diputado polifuncional (miembro de varias comisiones e integrante del Consejo de la Magistratura) para pasarse al Ejecutivo, pero no renunciará a su banca sino que pedirá licencia, lo que por el momento evitará que lo reemplace el socialista Oscar González. "La mesa de la Alianza así me lo pidió", argumenta. Dice que su función será la de operar como nexo entre Justicia y el Congreso. Que hará lo imposible para que esta semana se trate el proyecto de ley de revisión de las condenas a los presos por el ataque al cuartel de La Tablada. Sostiene que la Oficina Anticorrupción (OA) debería tener "mayores facultades".

   --¿Estaba entre sus objetivos llegar al Ministerio de Justicia?

   --No, me resultó totalmente sorpresivo. El ofrecimiento de Jorge de la Rúa surgió después de una conversación en la que me pidió opinión sobre cómo debía armarse el ministerio, tomando como base mi experiencia en el Consejo de la Magistratura. En un principio esto generó resistencias en el bloque por las múltiples funciones que vengo cumpliendo en el Congreso.

   --¿Por qué pidió licencia y no renunció a su banca? Otros legisladores que pasaron al Ejecutivo se le pidieron que renunciara.

   --Hablé con todas las autoridades del partido y accedieron a que yo acepte el cargo en el Ejecutivo. La mesa de la Alianza -�los presidentes de bloque Darío Alessandro y Horacio Pernasetti-- fue la que me pidió por razones políticas que tomara una licencia hasta que termine el año parlamentario. Si mañana me piden la renuncia, yo renuncio.

   --¿A qué razones políticas se refiere?

   --A que hay que resolver qué diputados van a cubrir los lugares que yo dejo, en un momento en que hay otros temas prioritarios como el presupuesto. Me refiero a mi lugar como secretario de la Comisión Bicameral de seguimiento de los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel, la Comisión de Asuntos Constitucionales y la de Legislación Penal. Además de mi lugar en el Consejo de la Magistratura.

   --Lo cierto es que, con su licencia, se "evita" la asunción del socialista Oscar González, a quien le tocaría su banca.

   --Pero la licencia es sólo por lo que acabo de explicar. El Frepaso, en todo caso, tiene problemas internos que no conozco en detalle.

   --¿Cuál será su rol como secretario de Justicia?

   --Uno de mis roles será activar los proyectos del Ejecutivo en el Congreso. Conozco a todos los bloques y especialmente a los diputados de las comisiones de las que vengo. Jorge de la Rúa quiere que sea un representante natural del ministerio en el Congreso para activar iniciativas difíciles como el proyecto de La Tablada para habilitar una segunda instancia. El otro rol será activar y mantener los procesos de modernización y reforma en el Poder Judicial.

   --¿Diría que la cuestión Tablada está en sus manos? 

   --Y sí. Yo ya dije que hay que dar cumplimiento a lo recomendado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Que no podemos eludir o chicanear las recomendaciones internacionales. El Pacto de San José de Costa Rica es ley y no hay lugar para dudas. Técnicamente es complejo para un proceso terminado con una sentencia firme y mediante una ley de procedimientos anterior a nuestra adhesión a ese pacto, incorporar la segunda instancia o apelación. De ahí las diversas iniciativas. El Ejecutivo tomó como modelo la del senador Rodríguez Saá. La discusión sobre si los presos pueden recuperar la libertad o la aplicación del dos por uno generó un rechazo extendido por varios bloques. Lo que es inadmisible es que el Congreso guarde silencio en este tema.

   --En concreto, ¿qué va a hacer para impulsar la aprobación del proyecto?    

  --Mi prédica va a ser para que haya una sesión con los distintos dictámenes que ya están firmados, que bajen al recinto, y que resuelva la Cámara por sí o por no. Esto va a ser esta semana.

  --Al margen de la lucha anticorrupción que pregona el Gobierno, y que es ejecutada en buena medida desde el Ministerio de Justicia, ¿en qué se diferencia desde esta cartera el gobierno actual del de Carlos Menem?

  --No puedo hacer un balance del ministerio porque todavía no llegué. Pero me da la impresión de que se ha avanzado en cuestiones como que rige en el país la Ley de Etica Pública. Una ley que define un corazón básico de derechos y obligaciones de los funcionarios que antes estaban dispersos y eran de muy difícil control y aplicación. La aprobación de la OA es  positiva, hay que mantenerla y si es posible darle mayores facultades.

  --Un sector importante de la OA cree que debería ser independiente de Justicia para garantizar su autonomía de acción. ¿Usted está de acuerdo?

  --No tengo una opinión definitiva. A título general digo: hay que reforzar los organismos de control interno en la administración pública y darles el mayor poder posible.

  --¿Cree en la autodepuración de la Justicia?

  --El Consejo de la Magistratura fue creado para encarar la crisis del Poder Judicial, entre cuyas causas está que la selección fue politizada, lo que generó jueces no preparados. Por primera vez en la historia el rol de selección y remoción de jueces los tiene el mismo organismo. En el Consejo hemos acusado a los que no tienen idoneidad. En la mayor parte de los casos lo hicimos a partir de denuncias que hacen jueces contra jueces.

  --Este gobierno avaló la Corte Suprema del gobierno anterior, que funcionaba con una mayoría adicta al poder político. ¿Cómo evalúa esto?

  --Fernando de la Rúa volvió a algo muy elemental como concepto, pero revolucionario en su aplicación: respeto recíproco de los poderes. Para el caso, a la independencia de todo el Poder Judicial. El Ejecutivo no se inmiscuye en la Corte ni para pedir ni para otorgar favores.

  --¿Qué le parece la reciente reelección del riojano Julio Nazareno en la presidencia del alto tribunal?

  --Fue un tema exclusivo y excluyente de la propia Corte. Tampoco es la primera vez que se produce. Políticamente, lo han votado y no lo han votado jueces de distinto origen político. Ya expresé mi impresión de esta Corte en decenas de declaraciones y debo ser el legislador que más pedidos de juicio político le ha hecho. Los pedidos forman parte de mi historia política, de la que no me arrepiento. Pero no se pueden replantear temas ya resueltos institucionalmente.

  --Hace poco oí decir a un miembro de la Corte que en este país "la Corte es la que reina".

  --También se cuenta en los mentideros que la Corte siempre es oficialista. Fernando de la Rúa optó por terminar con la contaminación política en el Poder Judicial. Si yo observara que esta Corte adoptara posiciones políticas partidarias enrolándose en alguna de las facciones políticas vigentes en Argentina, seguramente alguna reacción voy a tener.

  --A usted lo tienta mucho la actividad legislativa, ¿cree que va a durar poco en el ministerio?

  --La verdad no puedo especular. Uno está expuesto a todos los riesgos.

 

 
Del sindicato al Ministerio

A los 23 años, Melchor Cruchaga tuvo su primer trabajo importante como abogado: a través del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales defendió empleados cesanteados y sumariados con el golpe de 1966. Militaba desde los 17 años en la UCR de Almirante Brown, en la provincia de Buenos Aires. En 1973 fue candidato a intendente de su distrito y tuvo una derrota previsible. Después del golpe del �76 defendió a gente de su partido y de otras fuerzas políticas. En 1983 fue candidato a diputado provincial, ganó y no asumió al ser nombrado fiscal de Estado provincial. En 1987 inauguró su era de diputado nacional, siempre trabajando en temas vinculados con la Justicia. �En esa etapa como diputado, hasta el �91, tuvimos debates muy fuertes: las primeras leyes del gobierno de Menem, la reforma del Estado, la económica, la de ampliación de la Corte Suprema.� En 1990 participó en la fallida reforma constitucional. En 1994 fue convencional para la reforma de la constitución bonaerense como presidente del bloque radical. De 1995 a 1999 volvió a ser diputado nacional y le tocó transitar la adecuación de la legislación prevista en la reforma constitucional de 1994. Entre otras cosas, fue partícipe de la sanción de la ley de creación del Consejo de la Magistratura, en el que representó al Poder Legislativo. El año pasado volvió a ser elegido diputado y esta semana asumirá en el Ministerio de Justicia para secundar al hermano del presidente Fernando de la Rúa.

 

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