Por
Irina Hauser "Debo ser el legislador que más pedidos de juicio político ha
hecho contra esta Corte", relata el radical Melchor Cruchaga. A punto
de asumir como viceministro de Justicia, asegura que no cambiará de
parecer. Cruchaga dejó su papel de diputado polifuncional (miembro de
varias comisiones e integrante del Consejo de la Magistratura) para
pasarse al Ejecutivo, pero no renunciará a su banca sino que pedirá
licencia, lo que por el momento evitará que lo reemplace el socialista
Oscar González. "La mesa de la Alianza así me lo pidió",
argumenta. Dice que su función será la de operar como nexo entre
Justicia y el Congreso. Que hará lo imposible para que esta semana se
trate el proyecto de ley de revisión de las condenas a los presos por el
ataque al cuartel de La Tablada. Sostiene que la Oficina Anticorrupción
(OA) debería tener "mayores facultades". --¿Estaba entre
sus objetivos llegar al Ministerio de Justicia?
--No, me resultó totalmente sorpresivo. El ofrecimiento de Jorge
de la Rúa surgió después de una conversación en la que me pidió opinión
sobre cómo debía armarse el ministerio, tomando como base mi experiencia
en el Consejo de la Magistratura. En un principio esto generó
resistencias en el bloque por las múltiples funciones que vengo
cumpliendo en el Congreso. --¿Por qué pidió
licencia y no renunció a su banca? Otros legisladores que pasaron al
Ejecutivo se le pidieron que renunciara.
--Hablé con todas las autoridades del partido y accedieron a que
yo acepte el cargo en el Ejecutivo. La mesa de la Alianza -�los
presidentes de bloque Darío Alessandro y Horacio Pernasetti-- fue la que
me pidió por razones políticas que tomara una licencia hasta que termine
el año parlamentario. Si mañana me piden la renuncia, yo renuncio.
--¿A qué razones políticas se refiere?
--A que hay que resolver qué diputados van a cubrir los lugares
que yo dejo, en un momento en que hay otros temas prioritarios como el
presupuesto. Me refiero a mi lugar como secretario de la Comisión
Bicameral de seguimiento de los atentados a la AMIA y a la Embajada de
Israel, la Comisión de Asuntos Constitucionales y la de Legislación
Penal. Además de mi lugar en el Consejo de la Magistratura. --Lo cierto es que,
con su licencia, se "evita" la asunción del socialista Oscar
González, a quien le tocaría su banca.
--Pero la licencia es sólo por lo que acabo de explicar. El
Frepaso, en todo caso, tiene problemas internos que no conozco en detalle.
--¿Cuál será su
rol como secretario de Justicia?
--Uno de mis roles será activar los proyectos del Ejecutivo en el
Congreso. Conozco a todos los bloques y especialmente a los diputados de
las comisiones de las que vengo. Jorge de la Rúa quiere que sea un
representante natural del ministerio en el Congreso para activar
iniciativas difíciles como el proyecto de La Tablada para habilitar una
segunda instancia. El otro rol será activar y mantener los procesos de
modernización y reforma en el Poder Judicial.
--¿Diría que la cuestión Tablada está en sus manos?
--Y sí. Yo ya dije que hay que dar cumplimiento a lo recomendado
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Que no podemos eludir
o chicanear las recomendaciones internacionales. El Pacto de San José de
Costa Rica es ley y no hay lugar para dudas. Técnicamente es complejo
para un proceso terminado con una sentencia firme y mediante una ley de
procedimientos anterior a nuestra adhesión a ese pacto, incorporar la
segunda instancia o apelación. De ahí las diversas iniciativas. El
Ejecutivo tomó como modelo la del senador Rodríguez Saá. La discusión
sobre si los presos pueden recuperar la libertad o la aplicación del dos
por uno generó un rechazo extendido por varios bloques. Lo que es
inadmisible es que el Congreso guarde silencio en este tema. --En concreto, ¿qué
va a hacer para impulsar la aprobación del proyecto? --Mi
prédica va a ser para que haya una sesión con los distintos dictámenes
que ya están firmados, que bajen al recinto, y que resuelva la Cámara
por sí o por no. Esto va a ser esta semana. --Al margen de la lucha
anticorrupción que pregona el Gobierno, y que es ejecutada en buena
medida desde el Ministerio de Justicia, ¿en qué se diferencia desde esta
cartera el gobierno actual del de Carlos Menem?
--No puedo hacer un balance del ministerio porque todavía no llegué.
Pero me da la impresión de que se ha avanzado en cuestiones como que rige
en el país la Ley de Etica Pública. Una ley que define un corazón básico
de derechos y obligaciones de los funcionarios que antes estaban dispersos
y eran de muy difícil control y aplicación. La aprobación de la OA es
positiva, hay que mantenerla y si es posible darle mayores
facultades. --Un sector importante de
la OA cree que debería ser independiente de Justicia para garantizar su
autonomía de acción. ¿Usted está de acuerdo?
--No tengo una opinión definitiva. A título general digo: hay que
reforzar los organismos de control interno en la administración pública
y darles el mayor poder posible. --¿Cree en la
autodepuración de la Justicia?
--El Consejo de la Magistratura fue creado para encarar la crisis
del Poder Judicial, entre cuyas causas está que la selección fue
politizada, lo que generó jueces no preparados. Por primera vez en la
historia el rol de selección y remoción de jueces los tiene el mismo
organismo. En el Consejo hemos acusado a los que no tienen idoneidad. En
la mayor parte de los casos lo hicimos a partir de denuncias que hacen
jueces contra jueces.
--Este gobierno avaló la Corte Suprema del gobierno anterior,
que funcionaba con una mayoría adicta al poder político. ¿Cómo evalúa
esto?
--Fernando de la Rúa volvió a algo muy elemental como concepto,
pero revolucionario en su aplicación: respeto recíproco de los poderes.
Para el caso, a la independencia de todo el Poder Judicial. El Ejecutivo
no se inmiscuye en la Corte ni para pedir ni para otorgar favores. --¿Qué le parece la
reciente reelección del riojano Julio Nazareno en la presidencia del alto
tribunal?
--Fue un tema exclusivo y excluyente de la propia Corte. Tampoco es
la primera vez que se produce. Políticamente, lo han votado y no lo han
votado jueces de distinto origen político. Ya expresé mi impresión de
esta Corte en decenas de declaraciones y debo ser el legislador que más
pedidos de juicio político le ha hecho. Los pedidos forman parte de mi
historia política, de la que no me arrepiento. Pero no se pueden
replantear temas ya resueltos institucionalmente.
--Hace poco oí decir a un miembro de la Corte que en este país
"la Corte es la que reina".
--También se cuenta en los mentideros que la Corte siempre es
oficialista. Fernando de la Rúa optó por terminar con la contaminación
política en el Poder Judicial. Si yo observara que esta Corte adoptara
posiciones políticas partidarias enrolándose en alguna de las facciones
políticas vigentes en Argentina, seguramente alguna reacción voy a
tener.
--A usted lo tienta mucho la actividad legislativa, ¿cree que
va a durar poco en el ministerio?
--La verdad no puedo especular. Uno está expuesto a todos los
riesgos.
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