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Por
Susana Viau
y Eduardo Tagliaferro
El 19 de este mes la jueza correccional Emilia Marta García dio
el visto bueno para que el mayor de Ejército Jorge Olivera, acusado
de intervenir en el asesinato de la joven Marie Anne Erize y recientemente
liberado en Italia merced a un ardid documental, pudiera acceder a los
archivos que la Conadep reserva sólo para aquellos que funden su
consulta en un “interés legítimo” o tengan “derechos
subjetivos” que defender. La historia de Olivera, abogado y defensor
de Carlos Guillermo Suárez Mason, responsable del mayor número
de desapariciones y del mayor número de niños apropiados,
es interesante pero no más que la de la jueza. Emilia Marta García
fue empleada del escribano Ariel Sosa Moliné y junto a él
colaboró en el desapoderamiento de los bienes del empresario mendocino
Victorio Cerutti, del contador Horacio Palma y del abogado Conrado Gómez,
secuestrados y desaparecidos en la ESMA junto a Omar Masera Pincolini,
yerno de Cerutti. Esas propiedades, tras sucesivos y falsos cambios de
titularidad en los que también tuvo participación Emilia
Marta García, fueron a parar a manos del ex almirante Emilio Eduardo
Massera, o mejor dicho, a las de su hijo Eduardo, su hermano Carlos y
Pedro Añón, representante del masserista Partido para la
Democracia Social.
Secuestros S.A.
El 10 de enero de 1977, el abogado Conrado Gómez fue secuestrado
de un edificio de la avenida Santa Fe al 1700 donde tenía su vivienda
y su despacho. Conrado Gómez formaba parte del aparato de finanzas
de Montoneros y según el testimonio de la sobreviviente Rosario
“Lula” Quiroga, el 7 de ese mes había sido detenido el
responsable del sector, Juan Gasparini. Al día siguiente, en la
localidad bonaerense de Hurlingham, fue allanado el domicilio del contador
Horacio Palma, también ligado a las finanzas montoneras. El 12,
en un amplio operativo, fue violentada en Mendoza la casa del empresario
Victorio Cerutti, un anciano de 75 años, ex bodeguero, propietario
de terrenos en Chacras de Coria valuados en unos 20 millones de dólares
y padre de un dirigente de la organización. Esa madrugada fue capturado
también Omar Masera Pincolini, yerno de Cerutti. Gómez,
Palma y Cerutti habían formado la sociedad Cerro Largo luego de
que las dificultades financieras de Cerutti lo llevaran a aceptar un aporte
de capital hecho por los dos primeros. Los tres (junto a Masera Pincolini)
fueron trasladados a la Escuela de Mecánica de la Armada. Allí,
en los sótanos de la ESMA, en la zona reservada a “los Jorges”,
donde actuaban los contadores navales Jorge Radice, Mario Cédola,
Hugo Berrone (conocido como “el Alemán”), al mando del
brutal capitán de la Armada Jorge “Tigre” Acosta, comenzó
a urdirse la maniobra de despojo de los secuestrados. Al abogado Gómez
se le “recuperaron” caballos de carrera, un campo en San Juan,
una fuerte suma de dinero depositada más tarde en la cuenta bancaria
del Tigre Acosta, y también un automóvil Ford Fairlane que
usó siempre el teniente Berrone, un individuo “alto, rubio,
de cara redonda, que se jactaba de haber ido a Mendoza con documentos
falsos a nombre de Pascual Gómez”. Pocos días después,
la “patota” de la Armada regresó a las oficinas de Conrado
Gómez para robar los títulos de propiedad de Cerro Largo.
La fe pública
 Aunque
parezca mentira, ya secuestrado, el anciano empresario Victorio Cerutti
firmó una carta de pago a favor de Cerro Largo S.A. por el precio
de los terrenos. La firma había sido registrada por Oscar Jorge
Maglie, notario de la Prefectura Naval. De acuerdo al testimonio de varios
sobrevivientes, no fue Cerutti quien acudió a la escribanía
de Maglie sino Maglie, quien se trasladó a los sótanos de
la Escuela de Mecánica. Allí Cerutti fue conminado a rubricar
el registro de firmas y el recibo. Entre otras falsificaciones ideadas
por los contadores navales, se fraguaron dosasambleas, se incluyeron accionistas
inexistentes (Federico Williams, Juan Héctor Ríos y Marcos
Hers) y se dio un poder general a nombre de un tal Pascual Gómez.
Tras ese nombre se escudó “el Alemán” Berrone
para viajar a Mendoza y comenzar los “trámites” que transferirían
los terrenos de Chacras de Coria al patrimonio de Massera.
El poder
El poder que exhibió Berrone en la provincia fue otorgado por la
escribanía de Ariel Washington Sosa Moliné, titular del
Registro Notarial 306 de la capital, miembro del Consejo Directivo del
Colegio de Escribanos porteños y profesor del colegio del Salvador.
El respetable escribano es el mismo que intervino en el hurto de los bienes
del desaparecido Fernando Branca, testaferro de Massera y marido de su
amante, Martha Rodríguez Mc Cormack, amante posteriormente del
castigado polista Huberto Roviralta. En los términos de la dictadura,
Branca se “ausentó para siempre” durante un paseo en
barco al que fue invitado por Massera. La noche anterior, Branca y el
ex almirante habían comido en el Hostal del Lago mientras en una
mesa vecina los hombres del grupo de tareas encargados de la faena prevista
para el día siguiente identificaban a su blanco.
Los terrenos de Chacras de Coria fueron puestos a nombre de una nueva
sociedad: Wil-Ri S.A. La escritura constitutiva fue firmada otra vez por
Sosa Moliné. Como síndico titular figuraba el teniente de
fragata contador Mario Cédola. Como su suplente había sido
designada la actual jueza Emilia Marta García, por entonces adscripta
a la escribanía de Sosa Moliné. En Wil-Ri, la jueza García
ascendió paulatinamente de categoría y siempre de acuerdo
a las necesidades del ex almirante. De suplente saltó a síndico
titular y de ahí a accionista de la firma con el 5 por ciento del
paquete, “en forma figurada”, según declaró en
sede judicial tiempo más tarde. Para justificar la compra y las
inversiones que permitirían la construcción de un lujoso
barrio privado en los terrenos robados, Cédola y Emilia Marta García
dijeron haber solicitado y obtenido un crédito por 160 mil dólares
de la filial panameña de la Banque Nationale de Paris. El crédito
era en verdad tan inexistente como buena parte de los personajes de la
historia: se trataba de un dibujo que posibilitaba el reingreso del dinero
que el almirante tenía depositado en sus cuentas del exterior.
Emilia Marta García explicó su gestión en la sociedad
y lo hizo en la causa penal que, a raíz de estos hechos, instruyó
al finalizar la dictadura el juez de instrucción Rodolfo Ricotta
Denby: “El escribano (Sosa Moliné) anunciaba que se iban a
hacer las reuniones. Las comunicaciones a Williams, Hers y Ríos
(los inexistentes accionistas) las hacía el escribano o el personal
de la escribanía. Al señor Cédola sí recuerdo
haberlo llamado yo... Williams, Hers y Ríos eran personas de la
city, empresarios que hablaban de dólares, ejecutivos, no sé
sus domicilios, pero puede suponerse que eran de la Capital. Tenían
trato respetuoso...”. La actual jueza hacía gala de una frondosa
imaginación, al menos toda la necesaria para corporizar a tres
individuos desconocidos para todos los registros oficiales.
Emilia Marta García, como el resto de los declarantes y ante la
llamativa apatía del juzgado, abundó en detalles inespecíficos.
“Sosa Moliné había hecho un curso superior sobre defensa
y me recomendaba la posibilidad de hacerlo porque comentaba que daba muchas
vinculaciones. Recuerdo que él era el encargado de unas reuniones
de camaradería que se hacían mensualmente (...). Ahora trabajo
en la Justicia”, concluyó sin más precisiones. Wil-Ri
fue el eslabón imprescindible de la cadena que condujo a Misa Chico,
la sociedad con la que Massera blanqueó en su favor los terrenos
de Chacras de Coria arrebatados a los secuestrados, torturados y desaparecidos
Cerutti, Gómez y Palma.
Una historia masserista
Este diario trató de comunicarse en vano con la jueza correccional
Emilia Marta García. Pese a ello, Página/12 pudo reconstruir
otro costado de la historia que liga a la magistrada con los sótanos
de la ESMA. Así constató que la doctora García es
la hermana mayor de Graciela García Romero, secuestrada por la
Marina a poco del golpe militar de 1976. La Negrita García muy
pronto pasó a integrar el “ministaff”, el grupo de sobrevivientes
que se plegó a la organización ilegal del ex almirante.
García fue en esa integración una de las pioneras. Su actitud
respondía a dos razones: el deseo de salvar su vida y la relación
sentimental entablada con su verdugo, el capitán Jorge “Tigre”
Acosta. La detención rigurosa de Graciela García en la ESMA
duró, por eso mismo, menos que para el resto. En poco tiempo se
hizo acreedora a una especie de libertad vigilada y se la autorizó
a regresar a su domicilio.
La Negrita –relataron otros ex prisioneros– participó
además del tejido económico-financiero que se elaboró
en los subsuelos del edificio de avenida del Libertador. Como parte de
su “recuperación”, los marinos le asignaron destino en
la Cancillería, donde ocupó un cargo de importancia en esa
estructura de sombras, un contingente al que los empleados de planta del
Palacio San Martín veían llegar por la cuesta de la calle
Esmeralda, el trayecto que recorrían diariamente los transportes
de la ESMA que trasladaban a los secuestrados para realizar tareas administrativas
en un cuarto del subsuelo del Palacio, muy próximo a las oficinas
del jefe de prensa, capitán de navío Pérez Froio.
En esos años -’76-’78–, la Cancillería había
quedado bajo jurisdicción naval en el reparto de las áreas
del poder.
Cuentan que La Negrita García Romero se presentaba en los distinguidos
círculos de Cancillería con el más tranquilizador
y sonoro doble apellido de García Bonpland. Su conchabo terminó
abruptamente cuando la diplomática Elena Holmberg fuera secuestrada
a plena luz del día después de haberse entrevistado con
el entonces canciller, contraalmirante Oscar Montes, a quien la diplomática
le había confiado algunas de las andanzas del Centro Piloto de
París.
Al margen de su labor extraoficial en la Cancillería, La Negrita
García participaba en distintos emprendimientos “comerciales”
compartidos con los marinos. Entre ellos, recuerdan algunos sobrevivientes,
se destacaban la venta de archivos, documentación gráfica
y fílmica cuyo origen se desconocía. Quienes transitaron
el infierno de la ESMA dan cuenta de que en el centro ilegal de detención
estaba depositado, por ejemplo, el archivo completo del diario Noticias.
El acopio de documentos devino en medio de vida. La Negrita García
Romero fue con el tiempo una de las proveedoras de material histórico
que proyectaba el programa televisivo “Siglo XX Cambalache”,
conducido por la ex modelo Teté Coustarot y el presentador Fernando
Bravo. Su aporte constaba en los propios títulos de la emisión.
Por una extraña coincidencia, Teté Coustarot había
sido la propietaria del departamento de la calle Darregueira, comprado
por Massera y utilizado en sus aparatosos encuentros amatorios con Marta
Mc Cormack.
Resulta obvio que la situación de Graciela García no fue
ajena al rol que, por chantaje o por convicción, jugó su
hermana, la actual jueza Emilia Marta García, en los negocios inmobiliarios
del Almirante Cero. Lo sorprendente es que, después de ellos, la
ex socia de Wil-Ri ocupe un lugar en la magistratura.
Un
ejemplo de ingeniería financiera y jurídica
Por
S. V.
En el verano de 1977, cuando fueron secuestrados sus titulares, el directorio
de Cerro Largo, la sociedad propietaria de los valiosos terrenos de Chacras
de Coria, tenía como presidente a Horacio Palma, como vicepresidente
a Victorio Cerutti y como gerente general a Raúl Masera Pincolini,
yerno de Cerutti. Pocos días después del secuestro, los
contadores y escribanos de la ESMA fraguaron una carta de pago firmada
por Cerutti a favor de Cerro Largo S. A. El recibo fue urdido ante el
escribano Oscar Jorge Maglie, quien se desempeñaba como notario
de la Prefectura Naval Argentina en el Registro Nacional de Buques. En
otra fraguada reunión de directorio hicieron figurar como presidente
de la asamblea a Cerutti, quien sin embargo no firmó las actas
de la misma. Comparecían como nuevos accionistas Felipe Pagés
y Mario Rodríguez, ambos inexistentes, según informarían
con los años el Registro Nacional de las Personas y la Cámara
Nacional Electoral.
Los ficticios directores resolvieron encomendar la gestión de los
negocios sociales a Pascual Gómez, otorgándole para tal
fin un poder general amplio confeccionado ante el escribano capitalino
Ariel Washington Sosa Moliné. Dos días después, el
13 de abril de 1977, el inexistente Gómez nombró a su vez
como apoderado de Cerro Largo S. A. al abogado mendocino Manuel Campoy,
otorgándole facultades para administrar y/o vender los terrenos
de Chacras de Coria sustraídos a los prisioneros de la ESMA. El
fantasmagórico Gómez (en realidad, el capitán de
navío Hugo Berrone) “vendió” las tierras de Chacras
de Coria a Federico Williams, otro nombre sin correspondencia alguna con
una persona real. El supuesto Williams dijo efectuar la operación
“con dinero y para la sociedad Wil-Ri S.A., en formación”.
Wil-Ri S.A. fue constituida el 1º de julio de 1977 y quedó
asentada en la escritura 1142, fojas 1970, del protocolo del escribano
Sosa Moliné. Además de Williams, esa sociedad de sombras
estaba integrada por Juan Héctor Ríos y Marcos Adolfo Hers.
Los únicos personajes de carne y hueso eran en Wil Ri los síndicos
Mario Alberto Cedola y la actual jueza Emilia
Marta García. Cédola era teniente de fragata retirado de
la marina y compañero del ex almirante Emilio Massera en el Colegio
Nacional de La Plata. También mantenía vinculaciones con
el vicealmirante Rubén Chamorro, jefe de la ESMA en los días
del secuestro de Cerutti, Palma, Gómez y Masera Pincolini. El contador
Cedola era, asimismo, profesor de la Escuela Naval. En la declaración
testimonial que realizó a mediados de los ‘80 ante el distraído
juez instructor Rodolfo Ricotta Denby, Cedola dijo que al saber que existían
restricciones al dominio de las tierras “recurrí al escribano
Sosa Moliné, manifestándole mis temores en el sentido de
que pudieran ser tierras no habidas correctamente o malhabidas y el escribano
desestimó mi inquietud”. Para entonces el teniente de fragata
y contador Cedola podía cargarle todo el peso de la responsabilidad
a Sosa Moliné: el escribano había muerto el 15 de marzo
de 1981. No obstante, simulando una defensa caballeresca, echó
otra palada de tierra al cadáver: “...si el escribano actuó
maliciosamente y no fue sorprendido en su buena fe, me defraudaría
profundamente. Lamento que haya fallecido”, se condolió.
Recién en 1981 salieron al campo de juego los ocultos beneficiarios
del negocio de Chacras de Coria. Wil-Ri vende los terrenos ya urbanizados
a Misa Chico, la sociedad que, según se blanquearía un año
más tarde, conformaban Eduardo Enrique Massera y Carlos Alberto
Massera, respectivamente hijo y hermano del ex almirante. El domicilio
social de Misa Chico era Cerrito 1136, es decir, el lujoso piso propiedad
de Massera donde funcionó la sede del Partido de la Democracia
Social. En los primeros meses de 1983, los descendientes de Victorio Cerutti
regresaron al país e iniciaron las acciones legales tendientes
a la recuperación de sus propiedades.
En paralelo, Massera comenzó a urdir la ingeniería comercial
que lo impidiera. Lo hizo mediante sucesivas ventas de los terrenos a
sociedadesintegradas por hombres del grupo peronista de derecha Guardia
de Hierro, socios políticos del ex almirante. Recién el
año pasado la Justicia de Mendoza comenzó a dar los pasos
dirigidos a la restitución de los bienes de los desaparecidos.
La historia que involucra a la jueza García es paradigmática
del despojo que enriqueció a Massera a expensas de sus víctimas
y al amparo del aparato del Estado.
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La Marina secuestró
en enero de 1977 a los empresarios mendocinos Victorio Cerutti,
Horacio Palma y Conrado Gómez. Todos fueron asesinados en
la ESMA.