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Por
Laura Vales
Fue
una licitación muy cara. Cuando Aldo Rico presentó su proyecto
para iluminar las calles de su municipio, la oposición denunció
que se estaba a punto de pagar más del doble que los valores de
mercado y dio números concretos: en San Miguel, un poste de luz
que valía 350 pesos se compraría a mil. La adjudicación
fue aprobada igual por la mayoría riquista del Concejo Deliberante.
Ahora el resultado de las obras es investigado por la Justicia. Una denuncia
del Consejo Anticorrupción de San Miguel señala que la intendencia
compró, como si fueran nuevos, los viejos postes de alumbrado del
municipio, que el concesionario sacaba de un lado, reciclaba y ponía
en otro. Un perito constató que el tendido eléctrico es
inseguro. Y se sospecha que un entramado de testaferros vincula la firma
a cargo de los trabajos con otras que se beneficiaron de licitaciones
anteriores.
El alumbrado público es uno de los caballitos de batalla de la
gestión de Rico en San Miguel. La licitación se hizo en
febrero del año pasado, con un presupuesto original de 9 millones
de pesos, que trepó a trece millones y medio sin ninguna explicación
oficial cuando se adjudicó la obra a la empresa Norval S.A.
Además del precio, los concejales de la Alianza sospecharon desde
el principio que la empresa ganadora de la compulsa tenía vinculaciones
con otras firmas que también habían ganado licitaciones
en San Miguel. Entre ellas, con Torsby S.A., encargada de la recolección
de los residuos domiciliarios. Al menos las dos firmas guardaban sus camiones
en el mismo lugar, en el cruce de la Ruta 8 y el Camino del Buen Ayre.
Nadie conocía, por otra parte, a las empresas que compitieron con
Norval en la licitación.
Los pedidos de informes al respecto no obtuvieron respuesta. Pero el mes
pasado el Concejo Anticorrupción de San Miguel, que preside la
diputada provincial Graciela Podestá, recibió datos concretos
sobre la existencia de columnas de alumbrado que el municipio habría
pagado como nuevas cuando en realidad no lo eran. Y se decidió
comprobarlo en el lugar.
Acompañados de un perito y ante escribano público, se hizo
un relevamiento de las obras. Raspando la superficie de los postes aparecieron
antiguas capas de pintura que señalaban que no eran tan flamantes
como se creía. En otros casos el procedimiento ni siquiera hizo
falta, porque las columnas tenían a la vista gruesas marcas de
soldaduras y abolladuras.
En su recorrida, un especialista contratado al efecto señaló
además “irregularidades en los dispositivos de descarga a
tierra, cables que cuelgan un metro y medio más abajo que la altura
mínima exigida” y la utilización de materiales “de
marca distinta a la que se contrató, es decir, mucho más
baratos que los que se pagaron”.
La denuncia fue elevada a la Procuración bonaerense. En ella se
apunta a la responsabilidad de la municipalidad, que debió haber
controlado el avance y la calidad de los trabajos. Y se apunta a las vinculaciones
entre un grupo de empresas proveedoras del municipio.
Los denunciantes señalan que Norvar S.A. quebró poco tiempo
después de ganar la licitación del alumbrado público.
Lo mismo sucedió con la encargada de la recolección de los
residuos, Torsby S.A. Los dos paquetes pasaron a manos de una misma empresa:
Covelia S.A.
A poco de andar, por esas cosas del destino, Covelia S.A. fue contratada
por el Ejército para instalar columnas de alumbrado en el perímetro
de Campo de Mayo.
La sospecha es que también allí fueron a parar los postes
municipales reciclados. “Por la información que recibimos
y el relevamiento, creemos que se pueden haber vendido de esta manera
cerca de cinco mil columnas de luz”, puntualizó ayer Podestá.
La diputada también señaló que, cuando se llamó
a licitación, el municipio ni se tomó el trabajo de dejar
asentadas la cantidad de columnas que ya existían en sus calles.
Los delitos investigados son defraudación contra el fisco, hurto,
estafa en perjuicio del Ejército e incumplimiento de los deberes
de funcionario público.
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